La posibilidad de una huelga en Aeroméxico quedó descartada luego de que la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) alcanzara un acuerdo con la aerolínea, en el marco de la Revisión Contractual y Salarial 2026. El emplazamiento a paro estaba programado para el primer segundo del 1 de junio de 2026, pero fue cancelado tras varias semanas de negociaciones entre ambas partes.

De acuerdo con información del propio sindicato, la decisión se tomó luego de que la Asamblea General aprobara por mayoría la propuesta final presentada en la mesa de diálogo. Con ello, se evitó un escenario que habría afectado la totalidad de las operaciones de la aerolínea, tanto en rutas nacionales como internacionales.
El conflicto se había mantenido en tensión debido a que, durante el proceso de revisión contractual, los trabajadores consideraban insuficientes las propuestas económicas y laborales planteadas inicialmente por la empresa. La falta de consenso llevó a que la asamblea sindical se mantuviera en sesión permanente mientras avanzaban las conversaciones.

En caso de no haberse alcanzado un acuerdo, más de 3 mil 200 sobrecargos habrían detenido actividades, lo que implicaba un paro total de operaciones en Aeroméxico, una de las principales aerolíneas del país.

El convenio alcanzado contempla diversos ajustes en materia salarial y contractual. Entre los puntos más relevantes se encuentra un incremento general del 4.16% al salario de los sobrecargos, así como un aumento del 4% en viáticos aplicables en ciertos destinos. Estos ajustes buscan atender parte de las demandas económicas del gremio dentro del contexto de la revisión anual.

Además del tema salarial, el acuerdo incluye modificaciones en condiciones laborales de largo plazo. Se aprobó la extensión por dos años de la cláusula de retiro y jubilación correspondiente al Contrato A, así como la creación de un nuevo esquema de quinquenio para el Contrato B. También se establecieron ajustes orientados a reducir diferencias entre ambos esquemas contractuales.

Otro punto incluido en el acuerdo es la implementación de una revisión bianual que permitirá que en 2027 se contemple un incremento salarial equivalente a la inflación más 0.5%, lo que establece un mecanismo de ajuste automático en función del comportamiento económico del país.

Previo a este desenlace, la negociación se extendió durante varias semanas, en un contexto en el que el sindicato insistía en que no existían condiciones suficientes para someter una propuesta a votación. El secretario general de ASSA, Rafael Munguía, había señalado que el proceso avanzaba de manera lenta debido a la complejidad de los temas económicos y contractuales en discusión.

A pesar de la aprobación del acuerdo por parte de la Asamblea General, el proceso no se considera completamente cerrado. La organización sindical informó que la asamblea permanecerá en sesión permanente mientras se realizan los procedimientos internos correspondientes y se lleva a cabo la consulta formal entre los trabajadores mediante voto directo.

Este mecanismo de validación forma parte de los requisitos internos del sindicato, que busca que la base trabajadora respalde de manera definitiva el convenio alcanzado antes de su aplicación plena.

El precio máximo de la canasta básica en México permanecerá en 910 pesos durante los próximos seis meses, luego de que autoridades federales y representantes de empresas productoras y cadenas comerciales acordaran extender el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC).

El acuerdo contempla mantener sin incrementos el costo de 24 productos considerados esenciales para el consumo diario de las familias mexicanas. Entre los artículos incluidos se encuentran huevo, leche, tortilla, pan, arroz, frijol, aceite, azúcar, pollo, carne de res, cerdo y pescado, así como frutas, verduras y productos de higiene personal.
La renovación del programa ocurre en un contexto en el que los precios de alimentos y energéticos continúan mostrando variaciones tanto en México como en mercados internacionales. De acuerdo con autoridades hacendarias, la intención es evitar que estos aumentos impacten de forma más severa el gasto familiar.

En el convenio participan 32 empresas del sector comercial y alimentario, además de cadenas de autoservicio que se comprometieron a respetar el precio límite establecido para la canasta básica. El esquema funciona mediante acuerdos voluntarios entre gobierno y empresas, sin imponer controles obligatorios sobre los precios.

Durante la presentación del acuerdo, funcionarios señalaron que las presiones inflacionarias derivadas del aumento en combustibles, transporte y materias primas han complicado el comportamiento de los precios a nivel global. En México, la inflación en productos alimenticios ha tenido un impacto directo en el consumo cotidiano, especialmente en hogares de ingresos bajos y medios.

Especialistas en economía han advertido que, aunque este tipo de medidas ayudan a contener incrementos temporales, no representan una solución definitiva al problema inflacionario. También señalan que factores externos, como conflictos internacionales, variaciones en el precio del petróleo y cambios en las cadenas de suministro, continúan influyendo en el costo de productos básicos.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante los últimos años el precio de alimentos y bebidas ha registrado aumentos constantes, afectando principalmente a consumidores que destinan gran parte de sus ingresos a productos de primera necesidad.

La Secretaría de Hacienda informó además que ya se revisan propuestas para incorporar más productos al PACIC. El objetivo sería ampliar la cobertura de artículos con precios estabilizados y reducir el impacto de futuros incrementos en bienes de consumo básico.

Organismos empresariales señalaron que la continuidad del acuerdo busca mantener el acceso a alimentos y productos esenciales, principalmente para sectores vulnerables. No obstante, indicaron que el comportamiento de la inflación en los próximos meses será clave para determinar si el programa requiere ajustes adicionales.

La nueva etapa del PACIC estará vigente hasta finales de año, periodo en el que autoridades y empresas evaluarán si las medidas implementadas logran mantener estabilidad en los precios de la canasta básica.

Hiram Sánchez Pavón, Secretario General de la Unión General de México (UGM) en compañía de voceros y trabajadores de la empresa Volkswagen de México, anunciaron la creación de un nuevo sindicato, con el que buscan un contrato colectivo.

Es así que trabajadores administrativos de la empresa automotriz alemana buscan conformar un sindicato con el respaldo de la Unión General de México.
Este miércoles en rueda de prensa, detallaron que el objetivo es que los empleados agremiados aseguren lo que tienen en su contrato y crear así un contrato colectivo que beneficie a todas y todos.

Dejaron en claro que no buscarán cambiar las decisiones de la empresa, sino sumarse y generar un diálogo social con la participación de los empleados.

Hiram Sánchez señaló en entrevista con los medios de comunicación ya cuenta con 250 trabajadores administrativos que ya están afiliados en Volkswagen de México y sus diferentes sucursales.

“Buscamos convertirnos en el sindicato que represente a unos seis mil empleados mediante un contrato colectivo de trabajo, por lo que la idea es incluir a personal de la planta armadora de Cuautlancingo, de Volkswagen Group Services (VWGS), de Volkswagen Group Academy México (VGAM) y alrededor de mil empleados de la fábrica de motores de Silao, Guanajuato”, comentó Sánchez Pavón.

Dejo en claro que la ausencia de un contrato colectivo deja vulnerables los beneficios que hoy se otorgan a los administrativos.