La percepción ciudadana de inseguridad en la capital poblana registró un incremento notable durante el tercer trimestre de 2026, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El estudio reveló que el 84.5 por ciento de los habitantes de la ciudad de Puebla se sienten inseguros en su municipio, lo que representa un repunte del 3.2 por ciento respecto al 81.3 por ciento reportado en junio del mismo año y escalando de la octava a la cuarta posición a escala nacional entre las áreas urbanas evaluadas.

El informe detalla que este porcentaje se encuentra significativamente por encima del promedio nacional, ubicado en el 58.1 por ciento. Entre los espacios donde la población percibe mayor vulnerabilidad destacan el transporte público, que subió al 89.2 por ciento; los cajeros automáticos en la vía pública con el 88.5 por ciento; y las calles con el 79.2 por ciento. Asimismo, la encuesta arrojó que una gran parte de los ciudadanos considera inefectivo al gobierno local para resolver las problemáticas de seguridad que aquejan a la demarcación.

Alejandro Armenta y José Chedraui Sostienen Reunión Privada en Medio de Tensiones Políticas de Cara al 2027

El gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, y el presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, sostuvieron un encuentro privado en las instalaciones del Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis, con el objetivo de revisar los montos y proyectos de inversión estatal destinados a la capital. La reunión se llevó a cabo tras semanas de tensiones políticas y diversos diferendos públicos entre ambas administraciones gubernamentales.

Las fricciones institucionales se habían intensificado debido a reclamos relacionados con la falta de atención municipal en el bacheo de calles, la escasez de apoyo vial por parte de agentes de tránsito en zonas de obra estatal y los retrasos iniciales en los permisos para obras de infraestructura metropolitana. Asimismo, el encuentro sirvió para limar asperezas ante las diferencias surgidas por proyectos de inversión en los barrios fundacionales y la planeación de cara al próximo proceso electoral de 2027.

Colectivos estudiantiles y exalumnas de la Preparatoria Emiliano Zapata de la BUAP denunciaron públicamente a un docente de la institución por su presunta participación en actos recurrentes de acoso y hostigamiento sexual. Las acusaciones, difundidas masivamente a través de redes sociales, incluyen capturas de pantalla de conversaciones privadas que comprometen la conducta ética del maestro frente a alumnas menores de edad.

De acuerdo con los testimonios publicados por perfiles vinculados a colectivos universitarios, el profesor identificado como Saúl Sánchez Morales habría utilizado su posición académica para establecer contacto cercano con estudiantes en situaciones de vulnerabilidad emocional. Las denunciantes señalaron que el patrón de conducta se repitió durante varios años, utilizando mensajes de índole personal e invitaciones fuera del horario escolar que incomodaron a las afectadas.

Una de las denuncias originales, retomada por agrupaciones estudiantiles como el Centro Estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras, detalla encuentros donde el docente habría intentado rebasar los límites del respeto profesional. Las jóvenes afectadas exigieron a las autoridades universitarias una postura firme y transparente para investigar los hechos, señalando que los directivos de la preparatoria presuntamente tenían conocimiento previo de estas irregularidades sin haber tomado medidas disciplinarias contundentes.

Las publicaciones generaron una ola de indignación en la comunidad digital bajo la consigna de apoyo a las víctimas, cuestionando los mecanismos internos de prevención y sanción de la violencia de género en los planteles educativos. Las agrupaciones exigieron la separación inmediata del docente señalado mientras se realizan las indagatorias ministeriales e internas correspondientes para esclarecer su responsabilidad.

Hasta el momento, la institución educativa no ha emitido un posicionamiento oficial detallado sobre las sanciones específicas que se aplicarán tras las denuncias públicas. Sin embargo, el movimiento estudiantil adelantó que continuará realizando protestas pacíficas y exigiendo justicia para garantizar espacios escolares seguros y libres de acoso para todas las alumnas.

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) lograron el aseguramiento de un predio en el estado de Nuevo León tras descubrir una excavación clandestina acondicionada como túnel, la cual se encontraba peligrosamente cerca de las líneas de conducción de hidrocarburos de Petróleos Mexicanos. El operativo se derivó de investigaciones previas relacionadas con delitos contemplados en la ley federal en la materia.

La diligencia judicial fue ejecutada por agentes de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, con el respaldo operativo de elementos de la policía municipal de Apodaca. Las autoridades intervinieron en un terreno ubicado sobre una brecha en la colonia Cosmópolis, donde ubicaron la estructura subterránea que presuntamente sería utilizada para la extracción ilegal de combustible.

Durante la inspección técnica del sitio, los peritos forenses y ministeriales midieron las dimensiones exactas de la excavación clandestina, calculando aproximadamente 4.75 metros de largo, 1.60 metros de ancho y 1.47 metros de alto. Los informes preliminares de la fiscalía confirmaron que el túnel se encontraba a una escasa distancia de 20 metros del paso de los ductos principales de Pemex, representando un riesgo latente de tragedia por tomas clandestinas.

El inmueble intervenido quedó bajo estricto resguardo federal y fue puesto formalmente a disposición del Ministerio Público de la Federación. La representación social, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional en la entidad, continuará integrando la carpeta de investigación correspondiente para fincar responsabilidades en contra de quienes resulten involucrados en esta red de extracción ilícita.

Las acciones forman parte de la estrategia permanente implementada por las dependencias de seguridad nacional para inhibir el robo de combustible en puntos estratégicos del país. Con este aseguramiento, las autoridades federales frenan una potencial operación delictiva que amenazaba tanto la infraestructura energética como la seguridad de los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey.