PUEBLA, Pue. — Un clima de profunda consternación e incertidumbre embarga a la capital poblana tras confirmarse la desaparición de dos personas en hechos recientes: María Luisa, una ciudadana buscada por sus allegados, y un joven estudiante perteneciente a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). La coincidencia de ambos casos ha encendido las alertas de colectivos civiles y activistas, quienes han volcado sus esfuerzos a las plataformas digitales para exigir la pronta localización de ambas víctimas.

Ante la alerta generada, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, procedió a la emisión y difusión oficial de las fichas de búsqueda correspondientes. De manera paralela, agentes ministeriales iniciaron las primeras diligencias de campo y la recopilación de testimonios que permitan reconstruir las últimas horas y los trayectos recorridos por ambas personas antes de perderse todo contacto con ellas.

La comunidad universitaria de la BUAP reaccionó con rapidez organizando brigadas digitales para replicar masivamente las fotografías y señas particulares del estudiante desaparecido. Compañeros de aula y docentes han hecho un llamado respetuoso pero firme a las autoridades estatales para que no se escatimen recursos humanos ni tecnológicos en las labores de rastreo, al tiempo que han solicitado el apoyo del monitoreo de cámaras de videovigilancia urbanas.

Los familiares de María Luisa y del alumno universitario han apelado a la solidaridad de la ciudadanía en general, solicitando que cualquier dato, por mínimo que parezca, sea reportado de inmediato a los números de emergencia oficiales. Mientras los operativos de búsqueda continúan desplegándose en distintos puntos de la zona metropolitana, las familias se mantienen a la espera de avances significativos en las investigaciones iniciadas por la representación social.

TLAOLA, Pue. — Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Policía Estatal de Puebla, la Policía Municipal de Huauchinango y la Fiscalía General de la República (FGR), aseguraron un total de mil 32 equipos de cómputo presuntamente dedicados a la minería de criptomonedas durante la ejecución de una orden de cateo en un inmueble del municipio de Tlaola, ubicado en la Sierra Norte del estado.

La intervención federal aclaró las cifras iniciales emitidas días antes, puntualizando que el hallazgo preliminar de aproximadamente 300 unidades correspondió a las primeras inspecciones del sitio el pasado 3 de septiembre. La contabilización formal durante el cateo del viernes 11 de septiembre confirmó que el predio albergaba más de un millar de procesadores tipo ASIC Miners, especializados en el procesamiento continuo de activos digitales como Bitcoin, desmintiendo la existencia de un segundo inmueble en la demarcación.

Durante el operativo en la instalación, rodeada de densa vegetación para dificultar su localización, se aseguraron además 95 switches de red, tres antenas satelitales, una antena de microondas, cinco transformadores eléctricos de alta capacidad, cableado de potencia y un compresor de aire de 80 litros utilizado para disipar el calor generado por los equipos. En el sitio también fue localizada una escopeta con doce cartuchos calibre .410.

El hallazgo derivó en acusaciones públicas por parte de la corriente disidente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), cuyo dirigente Rosendo Flores señaló directamente al diputado local y líder sindical en la entidad, Miguel Márquez Ríos, de estar presuntamente vinculado al uso irregular de infraestructura eléctrica para estas granjas informáticas. En respuesta, Márquez Ríos negó categóricamente cualquier relación con el inmueble asegurado en Tlaola y afirmó no haber recibido requerimiento alguno por parte de las autoridades judiciales. Las investigaciones federales continúan para determinar la procedencia de los recursos, la fuente de suministro eléctrico y la posible presencia de grupos delictivos en la zona.

PUEBLA, Pue. — Ricardo “N”, señalado como el presunto responsable del feminicidio de Andrea Maylin Chino Ramos, fue capturado este viernes en el estado de Puebla tras permanecer prófugo durante más de un año. El operativo conjunto contó con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio del Estado de Morelos.

Andrea Maylin, una joven de 22 años y madre de una menor, desapareció el 20 de junio de 2025 en el municipio de Yautepec, Morelos. Previamente, la víctima había presentado denuncias desde 2023 por violencia familiar, agresiones físicas y amenazas de muerte vertidas por su expareja, a quien sus familiares señalaron desde el primer momento como el principal sospechoso de su desaparición.

La investigación avanzó hacia un predio propiedad de la familia del imputado en Tlayacapan, tras recibir reportes sobre la supuesta sepultura de un animal dos días después de la desaparición de la joven. Aunque un primer cateo el 27 de junio de 2025 no arrojó resultados positivos, una segunda intervención el 31 de julio permitió la localización de los restos de Andrea Maylin sepultados a pocos metros del lugar indicado. La confirmación de su identidad se dio mediante peritajes de genética, antropología y medicina legal, entregando sus restos a la familia a finales de agosto de ese mismo año.

Durante los casi 15 meses de búsqueda del sospechoso, los padres de Andrea Maylin encabezaron constantes jornadas de protesta y movilizaciones en distintas partes del país para exigir justicia, llevando incluso el caso ante la presidenta Claudia Sheinbaum durante una visita oficial a Morelos. La Fiscalía destacó que la información brindada por el padre de la víctima fue determinante para dar con el paradero del prófugo.

Tras ejecutarse la orden de aprehensión en suelo poblano, Ricardo “N” fue trasladado de inmediato al estado de Morelos, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente para determinar su situación jurídica por el delito de feminicidio.