TLAOLA, Pue. — La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Puebla abrió una línea de investigación para determinar la posible omisión o complicidad de autoridades locales de la región de la Sierra Norte en la operación de la granja clandestina de criptomonedas desmantelada recientemente en el municipio de Tlaola.
Las indizaciones institucionales derivan de la complejidad en la infraestructura requerida para el funcionamiento del inmueble, el cual albergaba más de un millar de procesadores informáticos y requería un elevado consumo de energía eléctrica extraída presuntamente de forma irregular de las redes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además del uso continuo de transformadores de alta potencia y antenas de conectividad satelital.
Ante las dimensiones del complejo tecnológico detectado en una zona montañosa y de difícil acceso, la SSP ha señalado la imperativa necesidad de indagar si servidores públicos de los ayuntamientos o mandos policiales del perímetro conocían la existencia del predio o encubrieron su operación a cambio de protección o prebendas.
El seguimiento del caso quedó a cargo de las autoridades federales y del fuero común, quienes amplían los peritajes no solo para deslindar responsabilidades por la presunta sustracción ilegal de flujo eléctrico y la utilización de activos virtuales en operaciones de lavado de dinero, sino también para identificar la cadena de mando institucional que pudo haber permitido el asentamiento de dicha infraestructura en la demarcación.
