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La lista de pagos para proteger a Los Chapitos: EU detalla el esquema de sobornos en Sinaloa

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La acusación de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios más, detalla una red de sobornos a cambio de facilitar el tráfico de drogas además de brindar protección institucional al Los Chapitos.

A cambio de sobornos, los acusados han colaborado presuntamente con el cártel para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a los Estados Unidos, razón por la que se les acusa de asociación delictuosa.

Uno de los señalados en la acusación es el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, quien fue secretario general en el gobierno de Rubén Rocha y presuntamente se reunió con Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, líderes de Los Chapitos, para planear la protección, por parte del gobierno estatal, al cártel a cambio de favores.

Tanto Inzunza Cázarez, como Enrique Díaz Vega, secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa hasta 2024, ayudaron a los líderes de Los Chapitos a colocar a funcionarios en cargos específicos para traficar drogas.

Rubén Rocha Moya es señalado en una acusación de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico y protección a Los Chapitos
Supuestamente, Díaz Vega les proporcionó a los líderes del cártel una lista con nombres y direcciones de los oponentes de Rocha Moya para que fueran amenazados y se retiraran de la contienda electoral.

Además, la acusación del gran jurado indica que los implicados le han proporcionado al crimen organizado información sobre procesos judiciales, investigación en contra de sus miembros, así como información sensible sobre militares y autoridades.

“Ordenaron a miembros de organismos policiales estatales y locales, como la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán, que protegieran los cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia los Estados Unidos y permitieron que los miembros del cártel cometieran actos de violencia brutal relacionados con el tráfico de drogas sin que ello tuviera consecuencias”, dice la acusación.

En las pruebas que se presentan en la acusación hay una lista de los pagos del jefe de plaza de Culiacán a funcionarios del estado. El vicefiscal general de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra, se encuentra bajo el alias de “Culiacán Regio”, y recibía 200 mil pesos mensuales.

Marco Antonio Almanza Avilés, jefe de la Policía de Investigación (PDI) de la fiscalía estatal hasta 2022, recibía 300 mil pesos al mes, al igual que su reemplazo, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, quien estuvo a cargo de la PDI hasta febrero de 2026.

“Entre otros aspectos, Contreras Núñez ordenó la puesta en libertad de miembros de los Chapitos que habían sido detenidos por sus actividades de tráfico de drogas”, señala la acusación.
Gerardo Mérida Sánchez, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa de septiembre de 2023 a diciembre de 2024, recibió un millón 754 mil 300 pesos a cambio de notificar a los Chapitos sobre redadas en los laboratorios de drogas para que los miembros del cártel trasladaran sus equipos a otra ubicación.

José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, subdirector de la Policía de Sinaloa de 2017 a 2022, recibía 100 mil pesos mensuales y también es señalado por informar a los Chapitos sobre operativos que presuntamente se realizarían en su contra.

Las acusaciones señalan filtración de operativos, protección al crimen organizado y participación en delitos que incluyen narcotráfico, armas de alto poder y secuestro con resultado de muerte

“Tuvo involucramiento en la notificación previa a los Chapitos de las operaciones de las fuerzas del orden público contra ellos, de modo que los miembros de los Chapitos pudieran evadir la detención y la detección y tomar medidas para protegerse antes de dichas operaciones”, señala la acusación.

Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, policía municipal de Culiacán, recibía 30 mil pesos mensuales y es señalado ayudar a sicarios a secuestrar a Alexander Meza León, informante de la DEA, quien posteriormente fue asesinado.

En total, la acusación señala cinco cargos: asociación delictuosa para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; asociación delictuosa para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos; secuestro con resultado de muerte y asociación delictuosa para cometer secuestro con resultado de muerte.

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Sheinbaum pide «todo el peso de la ley» contra Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex

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La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a que se aplique todo el peso de la ley ante la denuncia de violencia por parte de María Felicia Jiménez Lavie, esposa de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, y afirmó que no se protegerá a nadie frente a un acto como este.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que como este acto de violencia ocurrió en Morelos será la Fiscalía General del Estado de Morelos quien investiga el caso y quien determinará la sanción penal al exdirector de Pemex.

Destacó que la Secretaría de las Mujeres ya tiene comunicación con María Felicia Jiménez

“Que se aplique la ley, todo el peso de la ley. Nosotros no vamos a proteger a nadie frente a un acto como esto. Tiene que entrar la Fiscalía de Morelos, porque fue en el estado de Morelos, entonces es un delito estatal y tiene que aplicarse la ley, porque no puede haber violencia contra las mujeres.

“Aquí no es que es conocido de uno y entonces se aplica algo distinto, no; que se aplique la ley y que la Fiscalía de Morelos determine cuál es la sanción penal que debe tener este caso”.

La Mandataria federal advirtió a los servidores públicos del gobierno federal que en su gobierno hay cero impunidad en cuanto a violencia hacía las mujeres.

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Hasta 24 millones de líneas podrían quedar suspendidas; descartan nueva prórroga

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Con la prórroga escalonada y las primeras suspensiones de servicio, se lograrán registrar ante su empresa telefónica entre 120 millones y 130 millones de líneas celulares, cerca de 85% del total, calculó el director general de Política Regulatoria de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), Ricardo Castañeda Álvarez.

Significa que entre 14 millones y 24 millones (10% a 15% del total) no se vincularán y serán suspendidas, pues hay un total de 144.6 millones de líneas.

A partir del 15 de agosto se deshabilitarán las líneas a quienes no se registren con el número terminación 0 y así hasta llegar a 9 al cerrar este año.

“Las primeras suspensiones mandarán el mensaje a las personas de que realmente sí se están deshabilitando las líneas que no están vinculadas y eso será, de alguna manera, un incentivo para quienes no se han registrado, para que digan ‘antes de que me toque, vínculo mi línea’”,

“Después del 31 de diciembre tendremos el tamaño de mercado vinculado, que no es el universo, pues son líneas que estarán ligadas a una persona, pero en el mercado pueden existir líneas que aún no pertenecen a nadie y se consideran por los operadores como líneas vivas, pero no vinculadas”.

Los móviles que no se registrarán incluyen chips que serán desechados por los dueños, números que no están vinculados y otros que se usan para terminales de puntos de venta, rastreadores satelitales y líneas de internet.

Explicó que se decidió dar una prórroga escalonada porque existía el riesgo inminente de que llegado el plazo del 30 de junio, y dada la tendencia, iban a faltar millones de personas por vincularse, como 57%.

“Existía una problemática de carácter técnico en las redes, es decir, es casi imposible deshabilitar de un plumazo tantas líneas, quitarles el servicio a 80 millones en un día es técnicamente casi imposible, porque se saturarían las señales con el envío de los comandos, como cuando todos quieren hablar tras un terremoto”, detalló Castañeda.

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Sheinbaum tacha de «especulación» nota del NYT sobre presuntos informantes de Morena en EE.UU

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Ciudad de México.– La presidenta Claudia Sheinbaum criticó severamente un reportaje publicado por The New York Times (NYT), el cual afirma que diversos funcionarios del partido Morena estarían actuando como informantes del gobierno de Estados Unidos en casos de presunta corrupción y nexos con el narcotráfico.

Durante su conferencia matutina de este lunes 29 de junio, la mandataria cuestionó el rigor periodístico del diario estadounidense y desestimó las acusaciones al asegurar que carecen de sustento y fuentes verificables.

“Fíjense en la nota: ¿Cómo puede haber una nota así en un periódico que se dice de los mejores del mundo? Básicamente dice: ‘Me dijo una fuente, quién sabe quién, que hay personas de Morena que están informando a Estados Unidos’. Esa es la nota”, señaló Sheinbaum.

La titular del Ejecutivo enfatizó que su administración no tiene reportes de que algún miembro del partido esté cooperando con agencias de seguridad extranjeras. “Primero, no sabemos si es cierto. No tenemos ninguna información de que alguien esté cooperando con el gobierno de Estados Unidos. ¿Además, informando sobre qué? ¿Cómo vamos a opinar sobre algo de lo que no tenemos conocimiento?”, reclamó.

La respuesta de los gobernadores señalados

El reportaje del diario neoyorquino sostiene que, ante el temor de ser blanco de indagatorias judiciales, al menos una decena de gobernadores y legisladores de Morena evalúan la posibilidad de convertirse en informantes de Washington, incentivados por una iniciativa de la Administración de Control de Drogas (DEA).

Entre los señalados por el rotativo como presuntos objetivos de investigación se encuentran Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, y Alfonso Durazo, gobernador de Sonora (mencionado en el contexto de la tensión en el pacífico).

Ante esto, Durazo envió una carta formal dirigida a Joseph Kahn y A. G. Sulzberger, editor ejecutivo y presidente del NYT respectivamente, negando categóricamente cualquier indagatoria en su contra:

“No he recibido notificación alguna por parte de autoridad competente, en México o en el extranjero, sobre la existencia de investigación alguna en mi contra”, sentenció el mandatario sonorense en la misiva.

Tensiones bilaterales y el factor electoral

Esta nueva controversia se suma a la reciente revelación del Departamento de Justicia de EE.UU., que investiga a 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el crimen organizado, una lista que incluye al gobernador con licencia de esa entidad, Rubén Rocha.

Al respecto, la presidenta Sheinbaum reiteró su postura de exigir pruebas “claras y contundentes” al gobierno estadounidense, al tiempo que instó a la Fiscalía General de la República (FGR) a realizar sus propias indagatorias.

Finalmente, la mandataria acusó que estas filtraciones e investigaciones forman parte de una estrategia política de sectores conservadores en el extranjero para incidir en la política local, de cara a los comicios intermedios en México donde se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados.

“Quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones, ¿o acaso pretenden influir en la elección en nuestro país? No son preguntas retóricas. México no es piñata de nadie”, concluyó.

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