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EU acusa a gobernador Rocha Moya de narcotráfico; lo señalan de proteger a «Los Chapitos»

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El ⁠Departamento de ⁠Justicia (DOJ, ⁠por sus siglas en inglés) de Estados Unidos presentó cargos este miércoles contra el gobernador ⁠del estado ​mexicano Sinaloa, Rubén ⁠Rocha, y otros funcionarios y ex funcionarios, ‌por su ‌presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa.

El ​DOJ afirmó que ​Rocha ​y los demás ‌señalados presuntamente conspiraron con líderes de la organización criminal para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de ‌apoyo político y sobornos.

“Los acusados ​​son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”, señala el comunicado.

Según la acusación, los Chapitos —hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán— contribuyeron a la elección de Rocha Moya mediante el secuestro e intimidación de sus rivales políticos. Una vez en el cargo, el 1 de noviembre de 2021, Rocha Moya habría asistido a reuniones con ellos y prometido protección para sus operaciones de narcotráfico hacia EU.

El anuncio fue realizado por el Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el Administrador de la DEA, Terrance C. Cole. El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.

Los otros nueve acusados

Junto a Rocha Moya fueron imputados el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, de 41 años; el senador y ex Secretario General de Sinaloa, Enrique Inzunza Cazárez, de 53; y el ex Secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, de 50.

Dámaso Castro Zaávedra, actual Subprocurador de la Fiscalía Estatal de Sinaloa, recibía presuntamente alrededor de 11 mil dólares mensuales del cártel a cambio de proteger a sus miembros de arrestos y filtrar información sobre operativos respaldados por EU.

Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, enfrenta cargos adicionales por el secuestro y muerte de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de esta, ocurridos en octubre de 2023. Según la acusación, ambas víctimas fueron torturadas y asesinadas por ser sospechosas de colaborar con esta investigación. Millán es el único acusado con pena mínima obligatoria de cadena perpetua.

Completan la lista Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez Cholo, ambos ex jefes de la Policía Investigadora de la Fiscalía estatal; Gerardo Mérida Sánchez, ex Secretario de Seguridad Pública; y José Antonio Dionisio Hipólito Tornado, ex Subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa.

Todos los acusados, salvo Millán, enfrentan penas de entre 40 años y cadena perpetua. Se cree que los diez residen actualmente en México.

Esta acusación se suma a una serie presentada desde 2023 en el mismo distrito, que suman en total más de 30 imputados vinculados al Cártel de Sinaloa.

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Gobierno Federal Crea Grupo de Trabajo para Prevenir Hechos de Violencia en Escuelas

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El Gobierno de México formalizó la creación de un grupo de trabajo interinstitucional enfocado en el diseño e implementación de estrategias para la prevención, detección temprana y atención de conductas violentas en planteles educativos del país. El anuncio fue realizado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, atendiendo las instrucciones emitidas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras los hechos registrados en un plantel de educación secundaria en el estado de Coahuila.

Durante la presentación del proyecto en Palacio Nacional, el funcionario se refirió a la agresión ocurrida en la Escuela Secundaria General número 13 de Torreón, donde dos hombres mayores de edad ingresaron con armas punzocortantes al inmueble, provocando el fallecimiento de una integrante del equipo directivo y lesiones a cuatro personas más. García Harfuch expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y reiteró que las autoridades emplearán las capacidades del Estado para resguardar la integridad de la comunidad escolar.

El equipo multidisciplinario estará integrado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Agencia de Transformación Digital, la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la propia SSPC e instituciones del sector académico. La mesa de trabajo coordinada articulará medidas legislativas, operativas y asistenciales para contener factores de riesgo en entornos reales y virtuales.

Entre las líneas de acción prioritarias destaca la elaboración de un decreto presidencial que fije obligaciones a las plataformas digitales para detectar, reportar y retirar de forma expedita contenidos que hagan apología de la violencia o inciten a la comisión de delitos. Adicionalmente, el plan contempla reformas legales relativas a la regulación de contenidos nocivos en redes sociales, el fortalecimiento del programa educativo «ABC de las emociones» y el incremento del acompañamiento entre madres, padres y estudiantes.

Como parte de los esquemas operacionales, la SSPC y el CNI reforzarán los labores de monitoreo en plataformas digitales, foros de discusión y servicios de mensajería instantánea. Estas acciones buscan identificar de manera oportuna perfiles, comunidades virtuales o patrones de conducta vinculados con expresiones de extremismo violento que puedan representar un riesgo directo para la seguridad de los alumnos y docentes en los centros escolares del país.

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Batallón Olimpia: El Grupo Paramilitar que Operó Encubierto el 2 de Octubre en Tlatelolco

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A 58 años de los acontecimientos registrados el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, la reconstrucción histórica sitúa la actuación del Batallón Olimpia como un elemento central en el desarrollo del operativo desplegado contra la comunidad estudiantil. Integrado por elementos pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a diversos cuerpos de seguridad pública, este grupo especial operó encubierto y vestido de civil entre la multitud concentrada durante el mitin convocado por el Consejo Nacional de Huelga (CNH).

El origen de este agrupamiento responde a tareas iniciales de resguardo e inspección de las sedes e instalaciones destinadas a la celebración de los Juegos Olímpicos de México 1968. Sin embargo, diez días antes de la ceremonia inaugural de las competencias deportivas, los efectivos fueron incorporados a la llamada Operación Galeana, dispositivo diseñado para rodear la Plaza de las Tres Culturas y efectuar la detención de los principales líderes del movimiento estudiantil.

Para coordinar las acciones tácticas y evitar agresiones entre los propios elementos de las fuerzas de seguridad en medio de la aglomeración, los integrantes del Batallón Olimpia portaron un distintivo visual unificado: un guante o un pañuelo blanco colocado en la mano izquierda. Esta prenda distintiva permitió a los miembros de la agrupación identificarse mutuamente, quedando documentada en múltiples registros fotográficos y testimonios documentales recabados con posterioridad a los hechos.

Durante el desarrollo de la incursión, integrantes de este batallón tomaron posiciones estratégicas en los accesos al lugar y en inmuebles aledaños, destacando la ocupación de departamentos e interiores del edificio Chihuahua, inmueble desde donde los dirigentes del CNH se dirigían a los asistentes y en el cual también se encontraban representantes de la prensa nacional e internacional.

Investigaciones y peritajes realizados en las décadas posteriores señalan que miembros del Batallón Olimpia portaban armas de fuego durante el inicio de las detonaciones en la plaza, factor que exacerbó el caos y la confusión entre los manifestantes. A pesar del acopio de documentación e investigaciones históricas, diversos aspectos vinculados con las cadenas de mando y el origen preciso de las órdenes de disparo continúan siendo materia de análisis y debate por parte de historiadores y especialistas.

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Senado de la República avala adiestramiento de 40 elementos de la Armada de México en Estados Unidos

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CIUDAD DE MÉXICO. — Por unanimidad de votos, la Comisión de Marina del Senado de la República aprobó el dictamen con el que se autoriza a la titular del Poder Ejecutivo Federal permitir la salida del país a un contingente de 40 efectivos de la Armada de México. Las tropas participarán en una serie de entrenamientos y capacitaciones especializadas que se llevarán a cabo en las instalaciones del Camp Shelby Joint Forces Training Center, localizado en el estado de Mississippi, Estados Unidos.

De acuerdo con lo estipulado en el proyecto de resolución parlamentaria, el grupo operativo enviado estará integrado por cinco instructores adscritos a la Unidad de Fuerzas Especiales, 17 elementos pertenecientes al Batallón de Fusileros Paracaidistas y 18 integrantes del Batallón de Comandos Anfibios. La estadía de las Fuerzas Armadas mexicanas en territorio estadounidense abarcará del 24 de octubre al 13 de diciembre del año en curso, en el marco del programa denominado Capacitación de las Fuerzas de Operaciones Especiales Mexicanas en los Estados Unidos Continentales.

El plan de trabajo acordado contempla perfeccionar las habilidades tácticas y estratégicas en áreas prioritarias de la defensa nacional, incluyendo la planificación de operaciones conjuntas, el manejo de medicina táctica en combate, el uso operativo de vehículos militares y el despliegue de drones para labores de reconocimiento, vigilancia y adquisición de objetivos. Adicionalmente, se busca elevar los niveles de compatibilidad operativa en conjunto con el Comando de Operaciones Especiales del Comando Norte (SOCNORTH).

Durante el desahogo de la sesión, legisladores de distintas bancadas respaldaron el intercambio institucional al considerar que la capacitación continua fortalece la profesionalización del personal de marina sin comprometer el principio de soberanía nacional. El presidente de la Comisión de Marina, el senador Carlos Lomelí Bolaños, procedió a turnar el expediente aprobado a la Mesa Directiva para darle el seguimiento correspondiente en el pleno legislativo.

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