Dice el artículo central del número más reciente de The Economist que hay pocos temas capaces de generar consenso en tiempos de polarización, pero uno de ellos es la idea de prohibir las redes sociales a menores de 16 años.
La premisa de quienes impulsan la medida no es solo que estas plataformas digitales causen daño, sino que los menores carecen de la madurez necesaria para gestionar los riesgos que entrañan.
Australia aprobó ya una ley que prohíbe el acceso a menores de 16 años y obliga a las plataformas a impedirlo, bajo pena de multas de hasta 50 millones de dólares australianos. En Europa y en varios estados de Estados Unidos se discuten medidas similares.
En México, donde según la ENDUTIH del Inegi más del 80 por ciento de los adolescentes de entre 12 y 17 años usa redes sociales de manera cotidiana, la discusión tarde o temprano llegará con fuerza.
Me identifico con la postura que sostiene que una prohibición generalizada puede terminar siendo más dañina que benéfica. Pero sería un error desestimar la posición contraria.
Primero, están los casos dramáticos: acoso, la llamada ‘sextorsión’, inducción a trastornos alimentarios o a conductas autolesivas amplificadas por algoritmos.
Padres y madres observan con angustia cómo plataformas diseñadas para maximizar tiempo de permanencia exponen a menores a contenidos que no tolerarían en ningún otro entorno. En México, donde la violencia digital y el ciberacoso han crecido —particularmente contra niñas y adolescentes—, la preocupación dista de ser abstracta.
Segundo, existe evidencia de que para ciertos grupos vulnerables el uso intensivo de redes está asociado con ansiedad, depresión o aislamiento. El propio Cirujano General de Estados Unidos emitió en 2023 una advertencia al respecto. Sin embargo, los análisis más rigurosos —como los realizados en la Universidad de Oxford— muestran que la correlación entre tiempo en pantalla y malestar psicológico es débil y no establece causalidad clara. El problema es real, pero su magnitud sigue en disputa.
Reconocer lo anterior, sin embargo, no determina la solución. México prohíbe la venta de cigarros y bebidas alcohólicas a menores desde hace años. Nadie cuestiona la lógica sanitaria, pero también sabemos que la prohibición no elimina el consumo: lo desplaza o lo vuelve clandestino.
Y hay una diferencia fundamental: el alcohol y el tabaco son productos físicos distribuidos en puntos de venta controlables; las redes sociales son servicios digitales ubicuos, accesibles desde cualquier dispositivo conectado, cuya verificación de edad resulta técnicamente frágil.
La ley australiana prevé mecanismos biométricos, pero sus críticos advierten que ningún sistema ha demostrado funcionar a escala sin comprometer la privacidad.
Una prohibición amplia podría empujar a los menores hacia plataformas menos reguladas o espacios digitales más opacos, donde los riesgos serían mayores. Generaría, además, una ilusión de seguridad mientras los problemas persisten bajo la superficie.
Las redes, por otra parte, no son únicamente espacios de riesgo; también son espacios de socialización y pertenencia. Para jóvenes que viven en comunidades pequeñas, que enfrentan discriminación o que no encuentran afinidad en su entorno inmediato, el mundo digital puede ser una vía de escape vital. En un país con brechas territoriales y sociales profundas, cerrar esa ventana no es trivial.
Aterrizado a México, el debate exige matices adicionales. Nuestro Estado enfrenta limitaciones para hacer cumplir normas básicas en el comercio físico; pensar que podrá verificar la edad digital de millones de usuarios suena poco realista.
Conviene, además, no ignorar la dimensión económica: el modelo de negocio de estas plataformas se sostiene en la captura de atención y la monetización de datos, lo que genera incentivos estructurales para retener a los usuarios más jóvenes. Prohibir el acceso sin alterar esos incentivos equivale a atacar el síntoma y dejar intacta la causa.
Regular no es prohibir. La comparación con alcohol y tabaco también enseña que, junto a las restricciones, se desarrollaron campañas de información, etiquetados claros e impuestos correctivos.
En el ámbito digital, la regulación podría articularse en tres ejes: el primero son obligaciones para las plataformas como la transparencia de sus algoritmos, cuentas con salvaguardas por defecto para menores, límites al diseño adictivo.
El segundo tiene que ver con la capacidad estatal para supervisar y dotar a la autoridad de herramientas efectivas para sancionar omisiones.
El tercero es crucial y tiene que ver con la educación digital, es decir, enseñar a los jóvenes a reconocer riesgos, gestionar su privacidad y desarrollar pensamiento crítico.
La tentación de la prohibición total es comprensible: es una señal clara y políticamente rentable. Pero los problemas complejos rara vez se resuelven con atajos. Si algo hemos aprendido es que vetar sin capacidad de supervisión ni alternativas realistas suele producir efectos indeseados.
El reto no es expulsar a los menores de 16 años del mundo digital, sino hacerlo habitable. La pregunta relevante no es si nuestros hijos estarán en las redes, sino en qué condiciones.
Entre la inacción y el veto absoluto hay espacio amplio para diseñar reglas inteligentes. Ahí debería centrarse la discusión mexicana.
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