El Gobierno de Puebla inició una investigación contra al menos 10 notarías ligadas al “Cártel del Despojo”, ubicadas tanto en la zona metropolitana como en el interior del estado, tras detectar una red de apropiación ilegal de predios en colusión con jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado. El coordinador de gabinete, José Luis García Parra, reveló que estas irregularidades consistían en el cambio ilegal de propietarios sin el consentimiento de los dueños legítimos. Este esquema operaba bajo una estructura de corrupción institucionalizada que ya está siendo rastreada.

Las indagatorias preliminares arrojan que los casos más críticos se concentran en San Pedro Cholula, aunque la problemática se extiende a diversas regiones de la entidad. Lo más alarmante del hallazgo es la presunta colusión de integrantes del Poder Judicial, quienes habrían facilitado los trámites para validar estos despojos. Según el reporte oficial, el área jurídica del gobierno está integrando los expedientes para proceder legalmente contra todos los involucrados en estas maniobras ilícitas.

El funcionario estatal explicó que el proceso de auditoría ha permitido identificar nexos operativos que vulneran el patrimonio de los poblanos.

“Se ha iniciado una investigación este año. Tenemos ya detectadas algunas notarías con irregularidades. Desde luego que ha habido participación de jueces, incluso participación de magistrados en algunos casos.”

Este escenario refuerza la necesidad de la próxima reforma al Poder Judicial en el estado, que para 2027 permitirá la renovación de cerca de 180 cargos entre jueces y magistrados. Como parte de este proceso de depuración, el Coordinador de Gabinete fue contundente al informar que no habrá marcha atrás en las patentes que fueron retiradas o canceladas en administraciones pasadas.

García Parra descartó cualquier posibilidad de restitución para aquellos notarios que perdieron su registro por irregularidades previas. La postura del Ejecutivo es clara: no se regresará a modelos que permitieron vicios y abusos contra la ciudadanía bajo el amparo de la fe pública.

En lugar de reactivar antiguas notarías, la administración estatal se encuentra diseñando una nueva Ley del Notariado para Puebla, la cual será presentada próximamente.

El objetivo de esta legislación es modernizar el sistema y cerrar las puertas a cualquier intento de corrupción mediante la digitalización y la transparencia de los procesos. Se busca que los trámites no solo sean seguros, sino también accesibles para el ciudadano común que busca dar certeza jurídica a sus bienes. Asimismo, subrayó que la prioridad es establecer un sistema renovado que no herede las malas prácticas del pasado.

“No, no se tiene considerado regresar notarías de las que estuvieron operando en el pasado. Sí estamos trabajando una nueva ley del notariado en Puebla, ya la vamos a hacer de conocimiento de todas y de todos. Se tendrá una nueva etapa del sistema notarial en Puebla.”

La nueva ley también contempla mecanismos de fiscalización constante para evitar que se repitan los casos de despojo detectados este año. La modernización incluirá una revisión profunda de los manuales de procedimientos para que cualquier movimiento patrimonial sea debidamente validado y blindado contra la falsificación o el dolo.

García Parra insistió en que el perfeccionamiento de estos procesos es la única vía para garantizar que el servicio notarial cumpla con su función social de otorgar seguridad.

“Lo que se busca es perfeccionar el modelo de trámites, de procesos, de procedimientos de todas las notarías para que sean más accesibles y sean claros y transparentes en toda la ejecución de todos los distintos trámites que tienen las notarías.”

Finalmente, García Parra anunció que será en la segunda quincena de enero cuando se presente el informe detallado sobre las irregularidades halladas en las notarías bajo investigación. Con la información consolidada, se procederá a interponer las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía General del Estado.