el instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado (issste) asignó un contrato por un monto total de 600 mil pesos para la prestación de los servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos biológico-infecciosos (rpbi) en sus instalaciones del estado de puebla. la contratación fue formalizada mediante la adjudicación directa notificada a través del oficio drmo/o.o./024/2026 emitido a finales de marzo.

la empresa beneficiada con esta adjudicación es medams s. de r.l. de c.v., la cual fijó una tarifa de 160 pesos por cada kilogramo de desechos infectocontagiosos recolectados. el periodo de ejecución pactado para estas labores comprende desde el primero de abril hasta el 31 de diciembre de 2026, estableciendo un horario de atención operativo de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas.

pese a la relevancia sanitaria del procedimiento, los documentos del expediente técnico y de adjudicación omiten detallar cuáles son las unidades médicas o centros de trabajo específicos del instituto en la entidad que recibirán la cobertura del servicio. esta falta de precisión en las bases contractuales deja abierto el catálogo de inmuebles a los que la compañía proveedora deberá trasladarse para retirar el material hospitalario.

entre las obligaciones estipuladas para el proveedor, se encuentra la entrega de una calendarización formal de rutas por cada centro de trabajo, así como asumir la responsabilidad integral de la cadena de custodia y manejo del material peligroso desde su punto de origen hasta los sitios finales de tratamiento autorizado, garantizando el cumplimiento de la normativa ambiental y de salud pública.

diversos pueblos indígenas, colectivos y organizaciones comunitarias se reunirán este fin de semana en la junta auxiliar de santa maría coapan, perteneciente al municipio de tehuacán, para llevar a cabo el foro nacional de las resistencias en defensa del territorio, el agua, la vida y contra la minería. la convocatoria busca articular las diferentes luchas regionales y consolidar una agenda conjunta frente a megaproyectos hidroeléctricos, mineros y de infraestructura que los pobladores consideran como una amenaza directa para los recursos naturales y los derechos colectivos de la región.

durante el encuentro, coordinado en parte por el movimiento agrario indígena zapatista (maiz), se abordará de manera prioritaria la preocupación por la actividad extractiva en la mixteca. omar esparza, integrante de maiz, señaló que se tienen identificadas al menos 17 concesiones ligadas a la explotación de litio en el estado de puebla, marco en el que subrayó que aproximadamente una tercera parte del territorio nacional se encuentra comprometida bajo esquemas de concesión minera, lo que genera tensiones socioambientales constantes.

asimismo, la jornada servirá para hacer un pronunciamiento público a ocho años de la desaparición del activista y defensor comunitario sergio rivera hernández. las organizaciones participantes recriminaron la falta de avances concluyentes por parte de las autoridades en las investigaciones para dar con su paradero. como acto de protesta y memoria, maiz colocará una placa conmemorativa en la fachada de la casa de justicia de tehuacán, denunciando la impunidad que prevalece en el caso.

el foro contará con el acompañamiento de la comisión de derechos humanos del valle de tehuacán y abordará el rechazo explícito a proyectos como la hidroeléctrica coyolapa-atzala. los asistentes buscan cerrar la jornada estableciendo acuerdos de coordinación permanente entre las comunidades afectadas para emprender acciones legales, políticas y sociales articuladas en la entidad poblana.

organizaciones civiles, grupos de ambientalistas y vecinos de distintas colonias de la capital poblana convocaron a una marcha pacífica para el próximo 6 de septiembre en contra del proyecto del cablebús impulsado por el gobierno estatal, al considerar que la obra provocará severos impactos ecológicos en zonas verdes urbanas.

la movilización partirá a las 10:00 horas desde el parque juárez con dirección al zócalo de la ciudad de puebla, donde los manifestantes emitirán un posicionamiento público para exigir la suspensión del proyecto y demandar la transparencia de los estudios de impacto ambiental y viabilidad técnica.

colectivos como raíces poblanas defensoras del territorio señalaron que al menos 21 colonias registraran afectaciones directas e indirectas por el trazado del sistema de transporte, entre las que destacan zonas aledañas al cerro de amalucan, la unidad deportiva, maravillas, xonaca, azcárate, huexotitla y áreas pertenecientes al municipio de san andrés cholula.

por su parte, el gobernador alejandro armenta mier ha respaldado la viabilidad financiera y social de la obra —cuya inversión se estima en más de 6 mil 700 millones de pesos— asegurando que la infraestructura representará un beneficio integral de movilidad para los usuarios pese a las posturas encontradas.