El ⁠Departamento de ⁠Justicia (DOJ, ⁠por sus siglas en inglés) de Estados Unidos presentó cargos este miércoles contra el gobernador ⁠del estado ​mexicano Sinaloa, Rubén ⁠Rocha, y otros funcionarios y ex funcionarios, ‌por su ‌presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa.

El ​DOJ afirmó que ​Rocha ​y los demás ‌señalados presuntamente conspiraron con líderes de la organización criminal para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de ‌apoyo político y sobornos.

“Los acusados ​​son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”, señala el comunicado.

Según la acusación, los Chapitos —hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán— contribuyeron a la elección de Rocha Moya mediante el secuestro e intimidación de sus rivales políticos. Una vez en el cargo, el 1 de noviembre de 2021, Rocha Moya habría asistido a reuniones con ellos y prometido protección para sus operaciones de narcotráfico hacia EU.

El anuncio fue realizado por el Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el Administrador de la DEA, Terrance C. Cole. El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.

Los otros nueve acusados

Junto a Rocha Moya fueron imputados el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, de 41 años; el senador y ex Secretario General de Sinaloa, Enrique Inzunza Cazárez, de 53; y el ex Secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, de 50.

Dámaso Castro Zaávedra, actual Subprocurador de la Fiscalía Estatal de Sinaloa, recibía presuntamente alrededor de 11 mil dólares mensuales del cártel a cambio de proteger a sus miembros de arrestos y filtrar información sobre operativos respaldados por EU.

Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, enfrenta cargos adicionales por el secuestro y muerte de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de esta, ocurridos en octubre de 2023. Según la acusación, ambas víctimas fueron torturadas y asesinadas por ser sospechosas de colaborar con esta investigación. Millán es el único acusado con pena mínima obligatoria de cadena perpetua.

Completan la lista Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez Cholo, ambos ex jefes de la Policía Investigadora de la Fiscalía estatal; Gerardo Mérida Sánchez, ex Secretario de Seguridad Pública; y José Antonio Dionisio Hipólito Tornado, ex Subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa.

Todos los acusados, salvo Millán, enfrentan penas de entre 40 años y cadena perpetua. Se cree que los diez residen actualmente en México.

Esta acusación se suma a una serie presentada desde 2023 en el mismo distrito, que suman en total más de 30 imputados vinculados al Cártel de Sinaloa.

El uso del teléfono celular en México ya no será completamente anónimo. Desde inicios de 2026, entró en vigor una disposición que obliga a los usuarios a relacionar su número móvil con datos oficiales de identidad, una medida que ha generado dudas entre la población sobre su funcionamiento y posibles implicaciones.

La nueva regla, impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, establece que todas las líneas —ya sean de prepago o pospago— deben estar vinculadas a una persona física o moral. El registro se realiza mediante información como nombre completo, identificación oficial y la Clave Única de Registro de Población (CURP), un documento básico en trámites gubernamentales.
De acuerdo con lo señalado por las autoridades, el objetivo es reducir delitos como extorsión y fraudes telefónicos, los cuales suelen aprovechar el anonimato de las líneas no registradas. Al asociar cada número con una identidad verificable, se busca facilitar el rastreo de llamadas y reforzar las investigaciones en caso de denuncias.

Para que los usuarios puedan tener control sobre esta información, la propia comisión habilitó un sistema de consulta. A través de su portal, cualquier persona puede revisar cuántas líneas están registradas con su CURP. El proceso incluye ingresar a la plataforma oficial, seleccionar la compañía telefónica correspondiente y proporcionar la clave personal. Una vez completados los pasos, el sistema muestra un listado con los números asociados.

Este mecanismo también permite detectar posibles irregularidades. En caso de encontrar líneas desconocidas, los usuarios tienen la opción de reportarlas o solicitar su cancelación directamente con su operador, lo que añade una capa de protección frente a usos indebidos de identidad.

El cumplimiento de este trámite tiene una fecha límite: 30 de junio de 2026. Quienes no realicen el registro dentro del plazo establecido enfrentarán la suspensión de su línea, quedando habilitadas únicamente las llamadas de emergencia. Para recuperar el servicio completo, será necesario completar el proceso de vinculación.

El precio del diésel en México disminuirá a 27 pesos el litro a partir de la próxima semana, luego que dueños de dueños de gasolineras de todo el país lo acordaron con el gobierno de México.

Esto lo dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a través de sus redes sociales con un video: “a partir de la próxima semana que, poco a poco, se va a ir ajustando para llegar a 27 pesos”.

La medida ocurrió el mimo día en que se firmó un acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM) y la Asociación de Sociedades de Vales (ASEVAL) para reducir las comisiones en el pago de gasolinas y diésel con tarjetas y vales.

Topes a precios de combustibles en México
Dese el 1 de abril de este año el gobierno federal y empresarios gasolineros pusieron un tope a los precios de combustibles en el país, principalmente a la gasolina magna y al diésel, que quedaron en 24 pesos litro y 28.5 pesos litro, respectivamente.

Ahora el diésel en todo México pasará a costar solamente 27 pesos por litro y será a partir de la siguiente semana cuando se comiencen a ajustar las gasolineras de todo el país a esta nueva medida.

La decisión de topar los precios de los combustibles en México se dio por la subida global e el precio del petróleo, derivado del cierre del estrecho de Ormuz, primero por el gobierno de Irán, como respuesta a los ataques infundados de la administración de Donald Trump, por presiones del Estado ilegítimo de Israel.

“En la medida en que escasea algo, su precio sube”, advirtió Manuel José Molano Ruiz, académico del Departamento de Economía de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), quien señaló las presiones sobre el estrecho de Ormuz provocaron que las fuentes de petróleo más barato salgan del mercado, obligando a compradores a recurrir a opciones más costosas.