Las deportaciones masivas de trabajadores representan una amenaza para entidades de Estados Unidos, como California y Texas, que dependen de la mano de obra de inmigrantes mexicanos.

De acuerdo con el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla), la fuerza laboral de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos está concentrada en 12 estados de la Unión Americana que, en 2024, dieron empleo a 80% de los trabajadores mexicanos inmigrantes en EU, un promedio de seis millones de personas.

En conjunto, California y Texas concentran uno de cada dos trabajadores mexicanos inmigrantes en EU. California es el principal destino, albergando a dos millones 347 mil 698 trabajadores inmigrantes mexicanos, 31.1% del total nacional. Le sigue Texas con un millón 489 mil 526 trabajadores, equivalente a 19.7 por ciento.

Ante ello, analistas advierten que las deportaciones masivas podrían desestabilizar sectores económicos clave y generar un impacto económico significativo.

En California, por ejemplo, la agricultura y la construcción tienen una alta dependencia de esta mano de obra, pues uno de cada 1.8 trabajadores agrícolas masculinos y uno de cada 3.2 en la industria de la construcción son inmigrantes mexicanos.

2,347,698 trabajadores inmigrantes mexicanos había en California en 2024, 31% del total nacional.
1,489, 526 migrantes mexicanos trabajaban en Texas en 2024, lo que representa 19% del total en todo EU.
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California y Texas resentirán más las deportaciones; impacto en el empleo de EU

Otros estados serán Illinois y Arizona. El agro, la construcción y la minería serán los sectores más afectados.

Las deportaciones masivas de trabajadores inmigrantes mexicanos en Estados Unidos representan una amenaza para la economía de varias entidades, especialmente para estados como California y Texas, que dependen crucialmente de esta mano de obra.
Analistas advierten que esta medida podría desestabilizar sectores económicos clave y generar un impacto económico significativo.

De acuerdo con el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla), la fuerza laboral de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos está concentrada en 12 estados norteamericanos.

Estos estados, en 2024, dieron empleo a un promedio de 6,018,838 trabajadores mexicanos inmigrantes, equivalentes al 80 por ciento.

California se posiciona como el principal destino, albergando a dos millones 347 mil 698 trabajadores inmigrantes mexicanos, lo que representa 31.1% del total nacional. Le sigue Texas con un millón 489 mil 526 trabajadores, equivalente a 19.7 por ciento.

En conjunto, estos dos estados concentran uno de cada dos trabajadores mexicanos inmigrantes en EU.

Sectores clave

La preocupación radica en la profunda integración de los trabajadores inmigrantes mexicanos en sectores vitales.

El más reciente análisis de Cemla sobre remesas indica que en California, por ejemplo, la agricultura y la construcción muestran una alta dependencia de esta mano de obra dado que uno de cada 1.8 trabajadores agrícolas masculinos y uno de cada 3.2 en la industria de la construcción son inmigrantes mexicanos.

Además, una de cada 2.7 mujeres ocupadas en los servicios en hogares es mexicana inmigrante.

Situación similar se vive en Texas, donde uno de cada 3.3 trabajadores masculinos de la construcción es inmigrante mexicano, y una de cada 3.6 mujeres en servicios en hogares también lo es.

Otros estados como Illinois, Arizona, Washington, Georgia, Florida y Colorado también muestran una alta dependencia en sectores como la agricultura, la construcción, la manufactura, y los servicios de alimentación y hospedaje.

De tal manera que una reducción abrupta de esta fuerza laboral podría provocar escasez de mano de obra, incrementos en los costos de producción y, en consecuencia, un aumento en los precios al consumidor.

Sectores como el agrícola, que ya enfrentan desafíos climáticos y laborales, serían particularmente vulnerables a interrupciones en su cadena de suministro y operación.

Expertos económicos advierten que la implementación de políticas de deportación masiva no sólo tendría un costo humanitario y social, sino que también desataría una recesión en las economías estatales más dependientes de esta mano de obra, afectando la producción, el consumo y la inversión en la región.

La incertidumbre política en torno a estas medidas ya genera preocupación entre los empresarios y los mismos trabajadores, quienes son un pilar fundamental en la prosperidad de estas entidades.