La Red Mexicana de Franquicias (RMF) emitió una alerta sobre las implicaciones económicas que generará el recorte de personal en la planta de Volkswagen instalada en el municipio de Cuautlancingo. De acuerdo con proyecciones del organismo empresarial, el reajuste en la armadora alemana desencadenará un «efecto dominó» que podría provocar la pérdida de entre 3 mil 930 y 4 mil puestos de trabajo adicionales en el estado de Puebla antes de que concluya el año 2026.

El vicepresidente de Seguridad de la RMF, Roberto Esquivel Ruiseco, explicó que la reducción de plazas operativas impacta de manera directa a la cadena de proveedores y servicios logísticos. Por cada trabajador que pierda su empleo dentro de la planta automotriz, se calcula una afectación proporcional de cinco a uno en las pequeñas y medianas empresas satélite que dependen del suministro de autopartes, comedores industriales, transporte y mantenimiento.

A la compleja coyuntura local se suma la desaceleración de la industria automotriz a nivel global, provocada por los costos de producción, la transición hacia esquemas eléctricos y las incertidumbres en materia de aranceles comerciales con el mercado de Estados Unidos. Los analistas prevén que el ajuste afecte a más de 13 mil dependientes económicos, colocando a un número significativo de familias en situación de vulnerabilidad financiera.

Ante este panorama, representantes del sector empresarial hicieron un llamado urgente a las autoridades estatales de economía e infraestructura para implementar mesas de trabajo extraordinarias. Se solicitó el diseño de planes de contingencia laboral que permitan la reubicación de personal técnico calificado y el fortalecimiento de otros sectores productivos dentro del estado para amortiguar la contracción del empleo formal.

Leonardo Lomelí Vanegas afirmó que la evaluación presencial brindó a la máxima casa de estudios «plena certeza» sobre los conocimientos reales de los aspirantes que obtuvieron un lugar.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, reconoció que los resultados del examen de control aplicado a los aspirantes confirman la existencia de irregularidades en la prueba previa realizada en línea. Sin embargo, sostuvo firmemente que aquellos alumnos que acreditaron la evaluación presencial posterior demostraron contar con los méritos necesarios para ingresar a la institución.

“Sí creo que evidentemente el contraste es muy amplio. Entonces, sí, yo creo que se confirma que sí hubo una anomalía, que en gran medida se pudo corregir”, señaló el rector al ser cuestionado sobre las marcadas diferencias entre las calificaciones del examen en línea y las registradas en la evaluación de control.

Loméllí precisó que el análisis de los resultados aún no ha concluido, ya que restan por realizar cruces de información detallados por carrera, considerando tanto a los aspirantes que se presentaron al examen presencial como a quienes optaron por no asistir.

Ante los señalamientos de especialistas sobre alumnos que habrían ingresado a la UNAM con puntajes inferiores a los registrados inicialmente —lo que reabrió el debate sobre si estudiantes que cometieron irregularidades terminaron asegurando una bancada—, el rector fue contundente:

“Yo diría que si en el pasado hicieron trampa, pero que si hicieron su mejor esfuerzo en el examen de control, pues sí merecían entrar”.

Al reitera la interrogante sobre si se puede garantizar la ausencia total de aspirantes que hayan cometido fraude entre los finalmente admitidos, Lomelí enfatizó que el examen de control sirvió como un filtro definitivo para corroborar quiénes poseían el conocimiento por cuenta propia.

“Lo importante es que el examen de control permitió que tengamos la plena certeza de que están ingresando quienes tuvieron el número de aciertos que de acuerdo con los resultados del examen era el que les permitía acceder a ese lugar”, afirmó.

El titular de la UNAM agregó que, con la realización de la prueba presencial, la Universidad despejó cualquier duda sobre la preparación y capacidad académica de los alumnos seleccionados.

Respecto a la disminución generalizada en los puntajes, Lomelí descartó que esto se deba a un mayor nivel de dificultad en el examen presencial. Explicó que, según los parámetros técnicos de la institución, el grado de exigencia de ambas evaluaciones fue equivalente.

En su lugar, sugirió que la variación en el desempeño responde a factores externos: el lapso de dos meses y medio transcurrido entre una prueba y otra, el reducido tiempo que tuvieron los estudiantes para repasar los contenidos, y el estrés natural asociado al retorno de las evaluaciones presenciales.

Finalmente, el rector reiteró que la UNAM continuará cruzando los datos del proceso antes de emitir un diagnóstico definitivo sobre los resultados globales de admisión.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados alista una propuesta para aplicar un gravamen extrafiscal a productos ultraprocesados con alto contenido de sodio, entre los que destacan las sopas instantáneas, fideos japoneses, salchichas, embutidos y salsas como la de soya. La medida busca desincentivar el consumo de alimentos perjudiciales para la salud pública y, en el caso de las bebidas alcohólicas, ajustar el costo de la cerveza para equilibrar la competencia frente a destilados tradicionales.

Salud pública y recaudación: el argumento detrás del gravamen al sodio

El diputado Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda, explicó que el gravamen afectaría prioritariamente a aquellos productos que superan los límites normativos de sodio y que ya exhiben el sello de advertencia sanitaria. Según estimaciones preliminares, la recaudación asociada a esta medida alcanzaría cerca de 12 mil millones de pesos anuales.

La iniciativa cobra relevancia en un país donde diariamente se consumen 4.5 millones de unidades de sopas instantáneas, lo que ubica a México como el segundo consumidor de este alimento en América Latina —solo detrás de Brasil— y en el lugar 15 a nivel mundial, según datos de The World Instant Noodles Association.

Altamirano subrayó la correlación entre la ingesta excesiva de sodio y padecimientos como la hipertensión arterial y diversas enfermedades cardiovasculares. Por ello, argumentó la necesidad de integrar esta externalidad dentro del marco fiscal, garantizando al mismo tiempo que la canasta básica quede exenta y que las decisiones definitivas se adopten tras revisar cada producto en lo particular. El legislador también puntualizó que la comisión mantiene un equipo de trabajo dedicado a evaluar la efectividad real del IEPS previamente aplicado a las bebidas azucaradas.

Ajuste al precio de la cerveza para fomentar la equidad fiscal

En el rubro de las bebidas alcohólicas, la propuesta plantea un incremento gradual de entre 60 centavos y un peso por cerveza, en función del precio y la presentación comercial. De concretarse, la recaudación por este concepto pasaría de 140 mil 140 millones de pesos a 147 mil 037 millones anuales, representando un ajuste del 4.6%.

Durante la sesión ordinaria de la comisión, la diputada Vanesa López Carrillo destacó la conveniencia de centrar este ajuste en la cerveza, dado que este sector acapara más del 94% del mercado nacional de bebidas alcohólicas. López Carrillo precisó que, si bien la cerveza industrial representa el 93.1% del volumen total comercializado en el país, únicamente aporta el 63.3% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). En contraste, categorías como los destilados y el vino abarcan menos del 7% del mercado conjunto pero contribuyen con casi el 37% de la recaudación del IEPS.

Asimismo, la legisladora señaló que la estructura de mercado actual beneficia a consorcios cerveceros globales en detrimento de los productores artesanales y a pequeña escala. El ajuste propuesto busca generar mejores condiciones para la producción nacional con denominación de origen, como el mezcal y el tequila.

Las propuestas formuladas derivan de diversos foros de consulta y se prevé incorporar sus conclusiones técnicas hacia las discusiones del Paquete Económico 2027, cuyo trámite formal corresponderá oportunamente al Ejecutivo Federal.