El diputado local del Partido Verde, Miguel Márquez Ríos, se deslindó de la granja de criptomonedas localizada en el municipio de Juan Galindo y aseguró que las investigaciones no lo involucran en esta situación, por ello amenazó con pedir una disculpa pública a los medios de comunicación que lo señalaron por este delito.
Sin embargo, al momento la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaria de Seguridad Pública y el gobierno federal no han dado a conocer los pormenores de las investigaciones después de hallar esta granja en Nueva Necaxa.
Ante ello, Márquez Ríos indicó que seguirá colaborando con las autoridades para así deslindarse completamente del caso y afirmó que no está relacionado con dicho ilícito.
Asimismo, mencionó que la Fiscalía General del Estado (FGE) realiza investigaciones pero no han encontrado ninguna actividad delictiva que lo inculpe en el caso de la granja de criptomonedas.
“Hasta el día de hoy, la Fiscalía está llevando todas las investigaciones que tengan que hacerse y, si somos responsables, adelante”, dijo.
Miguel Márquez Ríos, quien está al frente del Sindicato Mexicano de Electricistas, afirmó que hay disidentes que lo han inculpado sin pruebas y sin tener certeza.
Por ello, hizo un llamado a que se le deje de acusar de un crimen que asegura él y sus allegados no cometieron, pues no existen pruebas.
“Hay un grupo disidente que está haciendo grilla, que sacan y hacen notas, llevamos 30 años de darle seguimiento y no tenemos ningún problema”, comentó.
El operativo en la granja de criptomonedas
El 31 de enero de este año, elementos del Ejército, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional llegaron a Juan Galindo, a la localidad de Nueva Necaxa, para acompañar al personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en un operativo destinado a cortar el suministro de energía de las computadoras.
La Fiscalía General del Estado no participó en el procedimiento y la intervención se limitó a que el personal de la CFE desconectara cables y retirara transformadores utilizados para el huachicoleo eléctrico.
Un día antes del operativo, el diputado Miguel Márquez Ríos alertó a su equipo de confianza sobre la intervención. Según el testimonio de un trabajador de la Cooperativa Luz y Fuerza, Márquez Ríos ordenó desconectar los equipos y asegurar los inmuebles para evitar sospechas.
El 21 de marzo, Proceso intentó obtener la versión del diputado respecto a la operación ilegal de criptominería en Juan Galindo, pero su asistente personal canceló la entrevista, alegando que el legislador no tenía información sobre el tema.