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Investigan pensiones infladas en el ISSSTE

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Luego de que en junio de este año se detectó un mecanismo para elevar ilegalmente las pensiones, el director general del ISSSTE, Martí Batres, publicó este 8 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo por el que se emite el procedimiento para verificar que dichas pensiones no rebasen el monto máximo establecido por ley, de 32 mil 571 pesos mensuales, equivalentes a 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Batres explicó que el objetivo del acuerdo es corregir excesos e injusticias, por lo que se podrá ordenar en cualquier momento la verificación y autenticidad de los documentos y la justificación de los hechos que hayan servido de base para conceder una pensión.

El acuerdo establece que en caso de que se detecte que los documentos presentados para la cuantificación y otorgamiento de una pensión son presuntamente falsos, o que existan presuntas responsabilidades de servidores públicos por la comisión de faltas administrativas, el instituto denunciará los hechos al Órgano Interno de Control en el ISSSTE, así como al Ministerio Público federal, además de revocar dichas pensiones.

El pasado 19 de junio, el instituto informó que identificó “un modelo criminal, en complicidad de trabajadores en activo, exservidores públicos del ISSSTE, abogados particulares y la Junta Laboral Federal que, careciendo de competencia, incrementaba ilegalmente las pensiones a través de laudos, lo que implica responsabilidades penales”.

Ante ello, se implementaron líneas de acción con las que se recuperaron 887 millones mediante actos de fiscalización y procedimientos administrativos.

Además, se realizaron 207 investigaciones que derivaron en 731 sanciones a servidores públicos y 114 sanciones a licitantes, contratistas y proveedores, además de 714 acciones penales contra empresas, 57 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), 3 mil 233 personas denunciadas, 17 carpetas de investigación y cinco personas vinculadas a proceso penal.

El ISSSTE informó en ese entonces que se frenó el pago ilegal de pensiones equivalentes a 7 mil 153 millones de pesos, mientras que se contabilizó un daño al erario por más de 15 mil millones de pesos.

El acuerdo publicado en el DOF establece que la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE analizará varios factores para determinar la validez de las pensiones, entre ellos, la dependencia o entidad donde trabajó el pensionado, años de servicio cotizados, sueldo base percibido durante su periodo laboral, elementos de cuantificación inicial de la pensión e incrementos anuales y factor de actualización aplicados.

Si el análisis revela inconsistencias o errores en el cálculo del monto, se procederá a la modificación o revocación de la pensión, según corresponda, detalló.

La senadora del PRI Claudia Anaya dijo que apoya la revisión de las condiciones en que se han otorgado pensiones elevadas, pero advirtió que las sanciones deben ser para los servidores públicos y no para los pensionados.

“Muchas de esas pensiones corresponden a un acto consumado por la autoridad del sexenio anterior. En ese sentido, claro que estamos a favor de que se revise todo lo que haya sido dentro del marco del derecho y me imagino que las contra partes también ejercerán su derecho de defensa.

“No sé cuántos casos se encuentran en esta naturaleza, pero al ser un acto consumado autorizado por las autoridades que estuvieron antes que Martí, ellos son también los probables responsables, porque fueron los que firmaron”, indicó.

Dijo que es necesario que haya mecanismos de revisión y control para que los procedimientos administrativos se hagan de la manera adecuada.

“Nada más hay que revisar quiénes cometen los errores y sancionarlos, porque pareciera que la autoridad quiere irse contra el que recibe la pensión. Error. El que recibe la pensión no es autoridad”, enfatizó la legisladora priista.

Al respecto, la senadora Alejandra Barrales pidió a su vez a las autoridades que cuiden que no haya abusos contra los pensionados.

“En Movimiento Ciudadano —expresó— vemos positivo que se busque combatir los presuntos abusos cometidos en el tema de las pensiones otorgadas por el ISSSTE, pero es importante que se cuide que en el proceso de revisión no se vayan a cometer abusos contra los pensionados, debido a que, hasta el momento, no estamos hablando de hechos confirmados.

“Nos preocupa que se trata de una acción poco planeada y muy mal comunicada, por decir lo menos. Todo lo cual genera, como ya está ocurriendo, incertidumbre entre los miles de pensionados del ISSSTE sobre los ingresos de los que depende su vida cotidiana. Hacemos un llamado al ISSSTE a dar claridad y certidumbre al millón 234 mil pensionados, cuyos ingresos para su vida diaria están relacionados con la pensión a que tienen derecho”, indicó.

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Respuesta efectiva y saldo blanco en atención del Gobierno de Puebla a emergencias forestales e inundaciones

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El gobernador Alejandro Armenta informó que como parte de los avances en materia de Protección Civil en 220 días de gobierno, se logró un 68 por ciento menos de afectación forestal en lo que va del año con respecto al periodo anterior. “Esos son resultados, no un museo de 14 mil millones de pesos de saqueo para el pueblo. Dejamos de pagar 8 mil millones de pesos y por eso podemos hacer eso. No somos iguales. Ahí están: 68 por ciento menos de tragedia en el bosque”.

El mandatario refirió que su compromiso con las y los poblanos fue cuidar el medio ambiente con eficiencia, por ello se implementaron acciones para que no se salieran de control ninguno de los 300 incendios presentados, y tampoco se registraron víctimas.

Durante su informe, el coronel Bernabé López Santos, coordinador estatal de Protección Civil, subrayó que Puebla dejó atrás la improvisación en materia de gestión de desastres. Reconoció que, al asumir el cargo en diciembre de 2024, enfrentó un escenario limitado en recursos, pero que bajo el liderazgo firme del gobernador y con respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, la entidad dio un giro contundente en la protección civil.

“Hoy contamos con estructuras operativas activas, planes definidos y comunidades capacitadas para actuar ante amenazas naturales o humanas”, declaró el coronel López Santos. La instalación de comités comunitarios en zonas de alto riesgo, como las faldas del Popocatépetl, y la verificación de rutas de evacuación, son prueba de que la estrategia se basa en acciones concretas, no en discursos.

Alejandro Armenta no sólo impulsó la creación de la Guardia Forestal y el fortalecimiento de la Policía Forestal, sino que supervisó personalmente operativos de emergencia, rutas de evacuación y la atención a familias afectadas por fenómenos naturales. Esta cercanía no ha pasado desapercibida. “Cada comunidad atendida y cada vida protegida reflejan su compromiso real”, sostuvo López Santos.

Los resultados reflejan más que cifras: ninguna emergencia mayor se salió de control. Las tareas preventivas, las capacitaciones municipales y la armonización del marco legal han sido claves. Puebla opera hoy con un enfoque de protección civil vinculado directamente con la seguridad pública, alineado a una visión nacional de defensa civil integral.

El evento incluyó entrega de apoyos en lanchas, chalecos y remos a la comunidad de La Máquina del municipio de Francisco Z. Mena; además de reconocimientos al personal operativo de Protección Civil. Ahí quedó claro que en Puebla la seguridad comienza con la prevención, la organización y un gobierno que pone la vida en el centro de sus prioridades.

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Reordenamiento comercial del Centro Histórico será permanente: Chedraui

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El reordenamiento comercial no tiene vuelta de hoja para mantener el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO, advirtió el alcalde José Chedraui Budib al refrendar que su gobierno no permitirá la instalación de los informales en el sector norte de la 2 a la 12 Poniente-Oriente entre la 5 y la 2 Norte.

Precisó que este dispositivo lo mantendrá hasta un día previo a 2026 porque los informales ya estaban en todas partes.

Desde Palacio Municipal, indicó que el operativo observado desde el viernes previo, es para proteger a los comerciantes formales.

Pero aclaró que no excluye a nadie ni a los vendedores ambulantes por ser también parte de la vida económica del principal municipio de Puebla.

Bajo esa perspectiva subrayó que su gobierno esta a la tarea para que puedan desempeñar su actividad económica de manera ordenada, por eso, buscará ofrecerles espacios a donde puedan vender sus productos.

Refrendo que su gobierno trabaja en la mano de los tres órdenes de gobierno como lo confirma el operativo desarrollado con la policía estatal, la Sedena, Marina Guardia Nacional y los municipales.

Chedraui Budib priorizó que este reordenamiento comercial se notó la víspera positivamente, con la gran afluencia de turistas nacionales y globales, que caminaron por esas calles del sector norte del corazón del Angelópolis, sin problemas.

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Corrupción en la FGE: detectan redes internas y están bajo investigación

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La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) investiga una presunta red de corrupción al interior de la dependencia, reveló su titular, Idamis Pastor Betancourt, quien afirmó que ya fueron presentadas las denuncias correspondientes contra los presuntos responsables como parte de un proceso de depuración.

En conferencia de prensa, la fiscal general del estado señaló que desde que asumió el cargo a mediados de diciembre del año pasado detectó que algunos funcionarios de la dependencia presuntamente favorecían a diferentes grupos delictivos que entorpecían los avances de varias carpetas de investigación.
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Por lo anterior, se decidió realizar una depuración al interior del organismo que derivó en la salida de algunos de los presuntos involucrados quienes decidieron renunciar de manera voluntaria, no obstante, indicó que otro grupo de aparentes implicados se ha resistido a separarse de sus cargos pese a los señalamientos en su contra.

En ese sentido, expresó que ya se abrieron carpetas de investigación contra los trabajadores referidos por el presunto delito de corrupción, como parte de un proceso de depuración con la que se busca mejorar eficientizar el trabajo de la Fiscalía y recuperar la confianza de la sociedad poblana que dejó de creer en dicha institución.

Asimismo, Pastor Bentacourt sentenció que durante su gestión al frente de la Fiscalía General del Estado habrá vigilancia en todas las áreas adheridas a este organismo a fin de evitar que se vuelva a generar alguna posible red de corrupción al interior y prevenir que se entorpezcan las carpetas de investigación.

Hemos encontrado corrupción, como en todas las dependencias, ya hemos iniciado diversas carpetas de investigación y en algunos casos, se ha solicitado la renuncia de servidores públicos; otros se han retirado por cuenta propia (…), estamos depurando la Fiscalía, tendremos mayor vigilancia para que esto no se repita,
mencionó.
Por su parte, el gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier lamentó las presuntas red de corrupción y las supuestas filtraciones de diversos grupos criminales en la Fiscalía, por lo que celebró que la titular Idamis Pastor Bentacourt abrió las respectivas carpetas de investigación relacionados a estos hechos para depurar este organismo.
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El empresario acusó que un presunto operador político, vinculado con la anterior administración federal, le exigió un soborno para permitir el avance de un proyecto en Ciudad Modelo.
No obstante, el mandatario estatal afirmó que esta situación no es única, pues, también han sido detectados casos similares en algunas de las dependencias de su administración, por lo que lamentó que los presuntos responsables se oponen a separarse de sus cargos para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Por muchos años, los grupos delictivos se infiltraron en instituciones de justicia (…), lamentablemente, no podemos cambiar a todo el personal de un día para otro, pero se están tomando decisiones estratégicas, investigando y aplicando una depuración responsable,
declaró.

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