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Investigan pensiones infladas en el ISSSTE

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Luego de que en junio de este año se detectó un mecanismo para elevar ilegalmente las pensiones, el director general del ISSSTE, Martí Batres, publicó este 8 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo por el que se emite el procedimiento para verificar que dichas pensiones no rebasen el monto máximo establecido por ley, de 32 mil 571 pesos mensuales, equivalentes a 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Batres explicó que el objetivo del acuerdo es corregir excesos e injusticias, por lo que se podrá ordenar en cualquier momento la verificación y autenticidad de los documentos y la justificación de los hechos que hayan servido de base para conceder una pensión.

El acuerdo establece que en caso de que se detecte que los documentos presentados para la cuantificación y otorgamiento de una pensión son presuntamente falsos, o que existan presuntas responsabilidades de servidores públicos por la comisión de faltas administrativas, el instituto denunciará los hechos al Órgano Interno de Control en el ISSSTE, así como al Ministerio Público federal, además de revocar dichas pensiones.

El pasado 19 de junio, el instituto informó que identificó “un modelo criminal, en complicidad de trabajadores en activo, exservidores públicos del ISSSTE, abogados particulares y la Junta Laboral Federal que, careciendo de competencia, incrementaba ilegalmente las pensiones a través de laudos, lo que implica responsabilidades penales”.

Ante ello, se implementaron líneas de acción con las que se recuperaron 887 millones mediante actos de fiscalización y procedimientos administrativos.

Además, se realizaron 207 investigaciones que derivaron en 731 sanciones a servidores públicos y 114 sanciones a licitantes, contratistas y proveedores, además de 714 acciones penales contra empresas, 57 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), 3 mil 233 personas denunciadas, 17 carpetas de investigación y cinco personas vinculadas a proceso penal.

El ISSSTE informó en ese entonces que se frenó el pago ilegal de pensiones equivalentes a 7 mil 153 millones de pesos, mientras que se contabilizó un daño al erario por más de 15 mil millones de pesos.

El acuerdo publicado en el DOF establece que la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE analizará varios factores para determinar la validez de las pensiones, entre ellos, la dependencia o entidad donde trabajó el pensionado, años de servicio cotizados, sueldo base percibido durante su periodo laboral, elementos de cuantificación inicial de la pensión e incrementos anuales y factor de actualización aplicados.

Si el análisis revela inconsistencias o errores en el cálculo del monto, se procederá a la modificación o revocación de la pensión, según corresponda, detalló.

La senadora del PRI Claudia Anaya dijo que apoya la revisión de las condiciones en que se han otorgado pensiones elevadas, pero advirtió que las sanciones deben ser para los servidores públicos y no para los pensionados.

“Muchas de esas pensiones corresponden a un acto consumado por la autoridad del sexenio anterior. En ese sentido, claro que estamos a favor de que se revise todo lo que haya sido dentro del marco del derecho y me imagino que las contra partes también ejercerán su derecho de defensa.

“No sé cuántos casos se encuentran en esta naturaleza, pero al ser un acto consumado autorizado por las autoridades que estuvieron antes que Martí, ellos son también los probables responsables, porque fueron los que firmaron”, indicó.

Dijo que es necesario que haya mecanismos de revisión y control para que los procedimientos administrativos se hagan de la manera adecuada.

“Nada más hay que revisar quiénes cometen los errores y sancionarlos, porque pareciera que la autoridad quiere irse contra el que recibe la pensión. Error. El que recibe la pensión no es autoridad”, enfatizó la legisladora priista.

Al respecto, la senadora Alejandra Barrales pidió a su vez a las autoridades que cuiden que no haya abusos contra los pensionados.

“En Movimiento Ciudadano —expresó— vemos positivo que se busque combatir los presuntos abusos cometidos en el tema de las pensiones otorgadas por el ISSSTE, pero es importante que se cuide que en el proceso de revisión no se vayan a cometer abusos contra los pensionados, debido a que, hasta el momento, no estamos hablando de hechos confirmados.

“Nos preocupa que se trata de una acción poco planeada y muy mal comunicada, por decir lo menos. Todo lo cual genera, como ya está ocurriendo, incertidumbre entre los miles de pensionados del ISSSTE sobre los ingresos de los que depende su vida cotidiana. Hacemos un llamado al ISSSTE a dar claridad y certidumbre al millón 234 mil pensionados, cuyos ingresos para su vida diaria están relacionados con la pensión a que tienen derecho”, indicó.

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Marilyn Cote continuará recluida en Puebla pese a recibir el perdón de algunas víctimas

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Marilyn Cote, señalada por ejercer de forma ilegal la especialidad de psiquiatría en el estado de Puebla sin contar con la acreditación ni cédula profesional requerida, continuará privada de su libertad en el Centro Penitenciario Femenil de Ciudad Serdán. Pese a que un sector de los agraviados optó por llegar a convenios y otorgarle el perdón legal, las autoridades ministeriales confirmaron que las investigaciones de carácter local y federal impiden su liberación.

La titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, detalló que la figura del perdón otorgada por algunas de las víctimas únicamente modifica la situación jurídica en las carpetas relativas a esos casos particulares, pero de ninguna manera extingue la responsabilidad penal ni extingue el resto de los procedimientos vigentes iniciados contra la acusada.

En el ámbito del fuero común, la imputada aún mantiene abiertas al menos dos carpetas de investigación promovidas por afectadas que rechazaron cualquier acuerdo reparatorio. Dichos expedientes incluyen acusaciones por delitos graves como usurpación de profesión al haber consultado y recetado fármacos controlados a pacientes sin sustento académico, así como amenazas cometidas con armas de fuego en contra de vecinos y usuarios de sus servicios.

A nivel federal, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene vigente un proceso penal por el delito de suministro de narcóticos. Esta imputación deriva del suministro e indicación de medicamentos psicotrópicos sujetos a estricto control sanitario a personas que acudieron a su consultorio ubicado en las Torres Médicas de la capital poblana, inmueble que fue asegurado y clausurado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) tras detectarse múltiples falsificaciones de documentos oficiales.

La representación social enfatizó que, aunque las leyes otorgan a los afectados el derecho de recurrir a mecanismos alternativos de solución de controversias, la Fiscalía ha insistido en orientar a las víctimas para no otorgar acuerdos reparatorios en casos de alto impacto. Sin embargo, debido a los cargos pendientes en ambas jurisdicciones, las medidas cautelares de prisión preventiva justificada se mantendrán firmes mientras desahogan las etapas procesales correspondientes.

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SITIAVW prorroga emplazamiento a huelga en Volkswagen de México para el domingo 23 de agosto

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El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz, Similares y Conexos «Volkswagen de México» (SITIAVW) otorgó una nueva prórroga de cinco días al emplazamiento a huelga en la planta armadora de Puebla. Tras agotarse el plazo inicial sin alcanzar un acuerdo definitivo, la representación sindical determinó fijar como fecha límite para el posible paro de labores el próximo domingo 23 de agosto a las 11:00 horas, según lo reportó el portal informativo.

La resolución para prorrogar el estallamiento se tomó durante una audiencia celebrada ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, con sede en la Ciudad de México. De acuerdo con los pronunciamientos de la representación gremial, la medida busca priorizar el diálogo institucional y agotar hasta el último recurso legal con el propósito de destrabar la negociación salarial y contractual correspondiente al periodo 2026 sin perjudicar las actividades productivas de la planta de Cuautlancingo.

Las negociaciones entre el SITIAVW y la directiva de la automotriz alemana se han extendido por más de una veintena de sesiones de trabajo sin lograr consensos definitivos en las demandas económicas principales. El pliego petitorio presentado por la Comisión Revisora exige un incremento global del 17 por ciento, distribuido en un 13 por ciento directo al salario de la plantilla laboral y un 4 por ciento adicional destinado al rubro de prestaciones.

Adicionalmente, el clima laboral se encuentra marcado por tensiones internas relativas a la retención de pagos a aproximadamente 400 técnicos, derivados de ajustes operativos e interrupciones en las líneas de producción ocurridas semanas atrás. Pese a los roces expuestos por la representación sindical respecto a la postura de la empresa, ambas partes acordaron mantener abierta la mesa de concertación para analizar propuestas que permitan conciliar el pliego salarial con la viabilidad operativa de la planta.

Finalmente, el comité directivo sindical exhortó a los más de siete mil obreros sindicalizados a mantener la unidad, desestimar especulaciones o rumores que circulen en redes sociales y permanecer atentos a los comunicados oficiales que emita la comisión negociadora a través de los delegados departamentales durante los cinco días de prórroga concedidos.

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Gobierno estatal refuerza combate a la extorsión y delitos en Puebla

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-Más de 5 mil llamadas al 089 permitieron evitar posibles extorsiones consumadas entre enero y julio de 2026.

-Acciones coordinadas contra robo de carga e hidrocarburos reflejan avances con 178 mil litros de combustible recuperados y 11 detenidos.

-De enero a julio de 2026, 20 delitos presentan tendencia a la baja; además, 84% de las personas reportadas como desaparecidas fueron localizadas.

PUEBLA, Pue.- Con firmeza, coordinación e inteligencia, el Gobierno del Estado fortalece las acciones contra la extorsión y otros delitos que afectan la tranquilidad de las familias, en plena alineación con la estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo objetivo es debilitar las estructuras criminales que utilizan este delito como mecanismo de intimidación y financiamiento.

En la conferencia mañanera, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, informó que del 1 de enero al 31 de julio de 2026, la línea de denuncia anónima 089 recibió 6 mil 96 llamadas, de las cuales 5 mil 216 correspondieron a casos no consumados. Este resultado confirma que la denuncia y la orientación oportuna pueden impedir que una amenaza se convierta en un delito. Ante una llamada de extorsión, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) exhorta a la ciudadanía a no ceder ante la presión, no realizar depósitos y denunciar de inmediato a través de los canales oficiales. La participación ciudadana es fundamental para fortalecer las investigaciones y evitar que estos hechos lleguen a consumarse.

Como parte de las acciones contra quienes pretenden convertir espacios comerciales en territorios para la intimidación y el cobro ilegal, se reporta la detención de 26 probables responsables relacionados con extorsiones en mercados. Estos resultados reflejan la capacidad institucional para atender las denuncias, generar investigaciones y desplegar operativos contra quienes participan en estas conductas. La estrategia también contempla medidas para evitar que la extorsión tenga origen en centros penitenciarios. Por ello, se reforzaron las revisiones y los controles internos, con un resultado de 933 teléfonos asegurados en 11 centros penitenciarios.

La prevención ocupa un lugar central en esta estrategia. La Policía Estatal Cibernética registró mil 735 atenciones, mientras que 22 mil 129 personas recibieron capacitación en prácticas de prevención del delito. Además, 58 operadores intervinientes del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) recibieron capacitación en manejo de crisis y protocolos de atención. En materia de robo de transporte de carga, Sánchez González destacó los resultados del operativo en la autopista México-Orizaba 150D, en el tramo Amozoc-Esperanza. De enero a julio de 2026, el número de emergencias 911 reportó 184 casos, frente a los 672 registrados en 2024 y los 632 de 2025, lo que representa una reducción significativa.

Asimismo, se desarrolla una estrategia integral de prevención con la participación de las secretarías de Salud, Educación y Deporte y Juventud, así como del Congreso local, que trabaja en reformas para establecer sanciones más severas contra quienes fueron señalados como “envenenadores de las juventudes”. Esta problemática se ha agudizado ante casos como el reciente hallazgo de un laboratorio clandestino en la Sierra Norte, por lo que el regreso a clases representa un reto prioritario para fortalecer la prevención entre niñas, niños y adolescentes, con especial atención al grupo de 10 a 14 años.

Respecto al robo de hidrocarburos en la región de Tepeaca, tras la explosión registrada el 4 de junio de 2026, autoridades de los tres niveles de gobierno fortalecieron las acciones coordinadas para prevenir y disminuir los delitos relacionados con hidrocarburos. Del 4 de junio al 16 de agosto, las fuerzas de seguridad recuperaron 178 mil 370 litros de combustible, aseguraron 34 vehículos y 10 contenedores, además de detener a 11 personas presuntamente relacionadas con este delito. Asimismo, fueron inhabilitadas tres tomas clandestinas.

Por su parte, la fiscal general del Estado, Idamis Pastor Betancourt, destacó que la entidad es pionera en materia de identificación humana y mantiene una política de procuración de justicia con rigor forense, coordinación institucional y atención cercana a las familias. Al informar sobre su participación en la 54ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, celebrada en Nayarit y presidida por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, señaló que la Fiscalía General del Estado de Puebla refrendó su compromiso con una institución fuerte, moderna y cercana a la sociedad.

Pastor Betancourt explicó que, mediante el Programa de Identificación Humana, se han entregado 160 cuerpos a sus familias tras lograr su identificación. De esta cifra, 104 corresponden a personas fallecidas de Puebla y 56 a personas originarias de otras entidades federativas. Subrayó que estos resultados son producto del rigor forense y de la coordinación entre instituciones, con el objetivo de brindar certeza y acompañamiento a las familias que enfrentan la ausencia o pérdida de un ser querido.

En materia de incidencia delictiva, informó que durante el periodo de enero a julio de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, 20 delitos presentaron una tendencia a la baja. Entre ellos destaca el homicidio doloso, con una reducción de 23 por ciento, así como la falsificación, que disminuyó 43 por ciento. También se registraron reducciones en feminicidio, con 60 por ciento; secuestro, 53.3 por ciento; extorsión, 34 por ciento; robo a transportistas, 33.7 por ciento; robo de vehículos, 16.5 por ciento; amenazas, 15.3 por ciento; homicidio culposo, 13.5 por ciento; lesiones dolosas, 9.4 por ciento, y robo a negocio, 6.9 por ciento.

Respecto al reporte de búsqueda y localización de personas, del 1 de enero al 25 de julio de 2026 se registraron 998 personas reportadas como desaparecidas; de ellas, 839 fueron localizadas, lo que representa 84 por ciento. De las 839 personas localizadas, 743 manifestaron ausencia voluntaria, equivalente a 88 por ciento. Asimismo, de las personas localizadas que fueron víctimas de un delito, una proporción importante corresponde a casos relacionados con violencia familiar.

El Gobierno del Estado mantiene el compromiso de proteger a las familias poblanas, el patrimonio de quienes trabajan y las actividades de quienes generan empleo. La instrucción es clara: todos los días, con coordinación y resultados, construir una Puebla más segura.

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