El registro de hasta cinco mil 379 aspirantes implicará la elección judicial de 2025, cuando la ciudadanía podrá votar por 881 juzgadores federales, entre ministros, magistrados electorales, magistrados de disciplina, magistrados de Circuito y jueces de Distrito.

Esto, de acuerdo con la convocatoria que el Senado se alista a aprobar mañana, mediante la cual convocará a toda la población a participar en esta elección.

De acuerdo con las reglas derivadas de la reforma al Poder Judicial, cada uno de los tres Poderes de la Unión podrá impulsar a tres candidatos por cada vacante: el Ejecutivo tres; el Senado dos y la Cámara de Diputados uno, para hacer un total de tres por el Poder Legislativo, y tres por el Poder Judicial para los casos de las vacantes en Corte, Tribunal Electoral y el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.

Así, serán hasta 81 candidatos para las nueve vacantes en la Corte; 18 para las dos vacantes en Sala Superior y 135 para 15 vacantes Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como 45 candidatos para las cinco vacantes en el nuevo Tribunal de Disciplina.

Para el caso de magistrados y jueces, cada Poder podrá proponer dos candidatos, con la disposición de que en 2025 se someterá a votación la mitad de las plazas; por ello, para las 464 plazas de magistrados de circuito serán dos mil 784 candidatos, y para las 386 vacantes de jueces de distrito serán dos mil 316 candidatos.

EN LA CDMX, DONDE MÁS JUECES ELEGIRÁN
El Senado está listo para aprobar mañana martes la convocatoria a la primera elección de 881 juzgadores federales, entre ministros, magistrados electorales, magistrados de disciplina, magistrados de Circuito y jueces de Distrito, que implicarán el registro de hasta cinco mil 379 aspirantes.

El Senado convocará a toda la población a participar en esta elección, que se realizará a nivel nacional para elegir a nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los dos magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los cinco nuevos magistrados del naciente Tribunal de Disciplina Judicial se elegirán en modalidad nacional; es decir, todos los mexicanos con derecho a votar podrán decidir quien llega a esas posiciones

Los 15 integrantes de las cinco Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se elegirán por circunscripciones.

Los habitantes de los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora, que integran la Primera Circunscripción electoral, elegirán a los tres magistrados electorales de la Sala Regional Guadalajara.

Los ciudadanos de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas votarán para decidir quiénes serán los tres magistrados que integren la Sala Regional Monterrey, correspondiente a la Segunda Circunscripción.

Para la Sala Regional Xalapa, que corresponde a la Tercera Circunscripción, serán los votantes de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán quienes elijan a los cinco magistrados electorales que les corresponden.

La Cuarta Circunscripción, integrada por Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, decidirá los tres magistrados de la Sala Regional Ciudad de México.

Y los habitantes de Colima, Estado de México, Michoacán y Querétaro decidirán quiénes serán sus tres magistrados de la Sala Regional Toluca.

En tanto, los 464 magistrados de Circuito y 386 jueces de Distrito que van a urnas serán elegidos por Circuito Judicial. Cada entidad de la República es un Circuito Judicial, pero el número de tribunales y juzgados varía.

El Circuito Judicial de la Ciudad de México renovará a los magistrados titulares de 104 tribunales y a 64 jueces de distrito; Jalisco cambiará a 32 magistrados de Circuito y 23 jueces de Distrito; el Estado de México a 26 magistrados de Circuito y 28 jueces de Distrito; Nuevo León a 23 magistrados y 15 jueces; Veracruz a 20 magistrados y a 22 jueces y Puebla a 17 magistrados y a 12 jueces.

Las reglas constitucionales derivadas de la reforma al Poder Judicial establecen que cada uno de los tres Poderes de la Unión podrá impulsar a tres candidatos por cada vacante: el Ejecutivo tres; el Senado dos y la Cámara de Diputados uno, par hacer un total de tres por el Poder Legislativo y tres por el Poder Judicial para los casos de las vacantes en Corte, Tribunal Electoral y el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.

Así, serán hasta 81 candidatos para las nueve vacantes en la Corte; 18 para las dos vacantes en Sala Superior y 135 para 15 vacantes Salas Regionales del TEPJF, así como 45 candidatos para las cinco vacantes en el nuevo Tribunal de Disciplina.

Para el caso de magistrados y jueces, cada poder de la Unión podrá proponer dos candidatos, con la disposición de que en 2025 se someterá a votación la mitad de las plazas; por ello, para las 464 plazas de magistrados de circuito serán dos mil 784 candidatos, y para las 386 vacantes de jueces de distrito serán dos mil 316 candidatos.
Eso implica que, por ejemplo, los habitantes de la Ciudad de México tendrán en la boleta de votación a un máximo de mil 179 candidatos, de los cuales 81 serán para la Corte; 18 para Sala Superior y 27 para la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, así como 45 para el Tribunal de Disciplina; 624 para magistrados de Circuito y 384 para jueces de Distrito.

Tal como ordena la Constitución, la convocatoria precisa que el periodo de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resulten electos en la elección extraordinaria “durarán ocho y once años, por lo que vencerá el año 2033 y 2036 para cuatro y cinco de ellos, respectivamente. Los periodos que correspondan a cada cargo se determinarán en función del número de votos que obtenga cada candidatura, correspondiendo un periodo mayor a quienes alcancen mayor votación”.

Este criterio “no será aplicable a las ministras y ministros en funciones que sean electos en la elección extraordinaria del año 2025, quienes ejercerán el cargo por el periodo que reste a su nombramiento original”.

Detalla que “el periodo de las magistradas y magistrados de Circuito y las juezas y jueces de Distrito que resulten electos en la elección extraordinaria que se celebre en el año 2025; durará ocho años”.

Las magistraturas electorales de la Sala Superior que no hayan sido designadas por el Senado de la República a la entrada en vigor del presente decreto se renovarán en la elección extraordinaria del año 2025”, ordena.

El periodo de las magistradas y magistrados electorales de la Sala Superior que sean electos en la elección extraordinaria del año 2025 durará ocho años, por lo que vencerá en el año 2033; mientras que el periodo de las magistradas y magistrados electorales de la Sala Superior que resulten electos en la elección federal ordinaria del año 2027 durará seis años, por lo que vencerá el año 2033”, especifica.

El periodo de las magistradas y magistrados electorales de salas regionales que resulten electos en la elección extraordinaria del año 2025 durará ocho años, y vencerá el año 2033”, añade.

La ley preverá la extinción de la sala regional especializada del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación a más tardar el 10 de septiembre de 2025, por lo que sus magistraturas no se renovarán en la elección extraordinaria del año 2025”, ordena.

Las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del presente decreto no podrán ser elegibles para un nuevo periodo en la elección federal ordinaria que se celebre en 2027”, establece.

JUEZ QUE APRESÓ A ROBLES SE QUEDA SIN PLAZA
Entre los 711 nombres de magistrados de circuito y jueces de distrito que perdieron su plaza, porque será sometida a votación el próximo año están dos exmagistrados electorales federales, Indalfer Infante y Constancio Carrasco Daza, quien incluso fue presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El magistrado Felipe Fuentes, quien se quedará en su posición como magistrado de Sala Superior del Tribunal Electoral, también perdió la plaza como titular del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en Toluca, que estaba ocupada por un interinato mientras él concluía su función en el Tribunal Electoral.

De igual manera el magistrado Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, también se quedará sin plaza; él se hizo famoso cuando ordenó la prisión preventiva de la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, basado en una licencia de conducir falsificada por la Fiscalía General de la República.

En el listado de los juzgados y tribunales cuyos titulares concluirán su labor, porque serán sustituidos por quienes ganen elecciones, están diversos juzgadores que denunciaron actos de corrupción de la Corte cuando fue presidida por Arturo Zaldívar o que fueron atacados por diferentes instancias de gobierno inconformes con sus fallos.
Por ejemplo, el juez Adrián Fernando Novelo Pérez, quien ha sido atacado por el oficialismo, porque concedió diferentes suspensiones a la construcción del Tren Maya; la jueza Abigail Ocampo Álvarez, quien fue señalada de “amparar delincuentes” por parte de autoridades federales, por su decisión de conceder un amparo a Antonio Oseguera, hermano de Menesio Oseguiera, señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en contra de la vinculación a proceso por el delito de acopio de armas para uso exclusivo del Ejército.

Otra juzgadora cuyo nombre fue parte de los jueces que perdieron su empleo, porque fueron sorteados para que sus plazas sean sometidas a elección el próximo año es Sandra Leticia Robledo Magaña, quien procedió legalmente contra Carlos Alpízar, mano derecha del expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar. La jueza señaló a Alpízar de presionarla para que emitiera fallos no basados en su criterio, sino en las peticiones de él.

Esa denuncia propició una decisión del pleno de la Corte para investigar los hechos, pues ella no fue la única de denunció la existencia de presiones por parte de Alpízar.

Otro de los involucrados en ese escándalo es el magistrado Constancio Carrasco Daza, a quien diversos juzgadores señalaron como parte de la operación de Alpízar para presionarlos; en la tómbola del Senado la plaza de Carrasco Daza salió como parte de las que habrán de someterse a votación el próximo año.

El magistrado Alberto Roldán Olvera fue quien hizo públicos los audios que demuestran la precisón que le ejercía Carlos Alpízar, pero al ser su plaza identificada en número par, su sustitución será hasta dentro de tres años.

JUFED ACUSA DESPIDO DE FACTO DE 711 FUNCIONARIOS JUDICIALES
Además de manifestar su “más enérgica protesta” por el proceso con el que se destituyó de facto a 711 funcionarios de carrera del Poder Judicial Federal (PJF), mediante la aplicación de una tómbola, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) afirmó que el Poder Legislativo sigue rompiendo el orden constitucional.

Por ello esta Asociación insiste en que los actos del Poder Legislativo violan flagrantemente el Estado de derecho y continúan de manera sistemática con el rompimiento de nuestro orden constitucional.

En el procedimiento en cita, es a todas luces un acto nulo que debe dejarse sin efecto”, manifestó la directora general de la Jufed, la jueza Juana Fuentes Velázquez.

La agrupación calificó como “humillante” el proceso que se aplicó en la sesión del Senado de la República, el sábado pasado, como lo estableció la Reforma Judicial que entró en vigor el 16 de septiembre.

La Jufed expresa su más enérgica protesta en contra de los actos realizados por el Senado de la República el día de ayer (sábado).

En un acto verdaderamente humillante, que en forma alguna encuentra sustento legal, se jugó al azar con la vida profesional no sólo de las personas juzgadoras, sino también de los trabajadores de confianza y de la familia de todos ellos”, reprochó Fuentes Velázquez.

La Jufed insistió en que el Senado incurrió, nuevamente, en la ilegalidad, ante el incumplimiento a las suspensiones decretadas por la justicia federal, por lo que ofreció ayuda legal y acompañamiento a las personas magistradas y jueces afectadas.
A través de sus redes sociales, el juez séptimo de Distrito en Morelos, José Leovigildo Martínez, dimitió a su cargo, misma acción que se hará efectiva a partir del primero de diciembre, esto luego de publicar su rechazó el proceso de selección al azar que estableció el Senado de la República, respecto de las plazas que serán votadas en junio del 2025.

El juez tiene una trayectoria de más de 41 años al servicio del Poder Judicial de la Federación, 23 años como juzgador y haber obtenido la medalla al mérito judicial Ignacio L. Vallarta, considerada la máxima distinción otorgada a las personas juzgadoras.

En el texto publicado en sus redes, explica: “Cabe recordar que la dignidad no se compra ni se vende, ni se obtiene mediante votos, sino a través del esfuerzo y el convencimiento de que se trabaja para este país, en el ámbito de la administración de justicia”.

Y agregó, “es por ello que lamento muchísimo que aquellos mexicanos que no han creído en este proyecto político, fraudulento, se vean expuestos en la lesión de sus derechos humanos y, desafortunadamente, no haya un tribunal que los escuche, puesto que, aquellos quienes deben escucharlos son los aquellos juzgadores, sin experiencia y afines a este partido político”, expresó.