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Entre escándalos y desfalcos entre la gestión de “El Charro”

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La administración de José Juan Hernández López al frente del sindicato de Volkswagen enfrenta una auditoría por parte del nuevo sindicato por desfalcos millonarios; a lo largo de cuatro años se exhibieron escándalos por nepotismo, desvío de recursos e incluso violencia de género por parte del tesorero sindical.

Fue en 2020 cuando la planilla Rescate Laboral, también conocida como Negro Naranja, asumió el cargo del Sindicato Independiente de Trabajadores de Volkswagen (Sitiavw), luego de vencer a Rey David García Avendaño quien buscó la reelección.

Los casos de nepotismo

Pero fue desde el el primer año de Hernández López, conocido como “El Charro”, cuando comenzó con actos de nepotismo, pues de acuerdo con algunos recibos de nómina filtrados Hernández López habría dado trabajo en la planta a dos de sus hijas.

Uno de los recibos pertenece a Zyanya Hernández Juárez, en donde se puede constatar que la relación la empresa empezó desde el 6 de enero del 2020, en el puesto de secretaria en el departamento de administración y su salario por siete días era de 3 mil 264 pesos.

Otro de los recibos es de Guadalupe Karolina Hernández Juárez, quien obtuvo el mismo puesto con el mismo nivel salarial a partir del 20 de abril del 2020; ambas son supuestas hijas de José Juan Hernández López.

Otros dos puestos de trabajo habrían sido otorgados a la hija del tesorero, Karen Aicel Cruz Padilla y a su cuñada, Guadalupe Padilla Ortiz, ambas con puestos similares en el área administrativa y con los mismos salarios.

También trascendió que Hernández López habría transferido 300 mil pesos de las cuentas del sindicato a un familiar directo, de nombre María Sebastiana Hernández López bajo el concepto de honorarios.

De igual forma, se dio a conocer en un estado de cuenta del Sitavw que se pagaron cheques por 506 mil, dos por 91 mil y otro más 219 mil pesos, que no parecen haber tenido justificación y salieron del sindicato en el mes de octubre de 2023, lo que coincidió con el inicio de las campañas.

En noviembre del 2022 trascendió que el tesorero del sindicato, Danilo Cruz Gaspar, fue denunciado por violencia de género contra María Azucena Posadas Maruri, quien denunció que en una fiesta familiar este la agredió.

Este hecho fue grabado en video por una amiga de la agredida, quien ejerció una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres y se resguardó en casa de un familiar.

Sin embargo, el agresor habría aprovechado esta ausencia para vaciar la casa de la víctima y hacerse de sus pertenencias; el agresor mantuvo el cargo de tesorero en el Sitiavw, incluso cuando desde hacía un año ya había sido despedido.

En agosto de 2023, la representatividad sindical de “El Charro” volvió a generar el descontento entre los trabajadores, pues entregó cheques sin fondos a quienes solicitaron el dinero de su caja de ahorros.

En su momento trabajadores señalaron que solicitaron el dinero que les corresponde por ahorrar con el sindicato pero no habían podido cobrar ese dinero, pues les dieron un cheque sin fondo.

La planilla PTA informó en ese entonces que trabajadores que solicitaron esta prestación se les entregó un cheque del banco BBVA con el que supuestamente ya podían hacer el cobro, pero no fue realizado por dicha situación.

Campaña de reelección polémica

Hernández López buscó la reelección para el periodo 2024-2028 y para su campaña habría incurrido en actos que rompieron el reglamento para las siete planillas en más de una ocasión, pues cometió actos de proselitismo con más trabajadores de los permitidos e incluso se habló de amenazas.

Hoy se sabe que existió un desfalco millonario al interior del sindicato, pues de acuerdo con una auditoría impulsada por Hugo Tlalpan Luna, el nuevo secretario general del Sitiavw, en la administración de Hernández López, las cuentas del sindicato sufrieron un desfalco de 22 millones de pesos y una deuda adquirida de otros 16 millones.

En un vídeo difundido por la planilla ganadora “Justicia Laboral”, se observa cómo los encargados de tesorería, caja de ahorro, tienda sindical, entre otras secretarías niegan papeles sobre la administración del sindicato.

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Alcalde Alfanso Sánchez García reconoce a estudiante que viajará a Londres con propuesta ecológica

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Para conocer su proyecto y brindarle apoyo, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, recibió en su despacho a Fátima Jimena Cahuantzi de la Fuente, estudiante tlaxcalteca que representará al estado y al país en la Exposición Internacional de Estudiantes Innovadores del Mundo Expo 2025, a celebrarse del 3 al 8 de agosto en Londres, Inglaterra.

Durante el encuentro, el alcalde reconoció el talento, la creatividad y el compromiso de la joven, creadora del proyecto “Coco Utensilios”, una propuesta sustentable que transforma la cáscara de coco en utensilios biodegradables. “Estoy seguro de que representarás dignamente a Tlaxcala. Todo mi respaldo en esta importante experiencia internacional”, expresó el edil durante el encuentro.

Por su parte, la estudiante del Colegio Altum de México, ubicado en Apetatitlán, agradeció el apoyo del Presidente, hacia quien manifestó su admiración por su labor en favor de la capital. Luego, señaló su interés por promover ideas que ayuden a reducir la contaminación y generar un impacto ambiental positivo desde el ámbito educativo.

La estudiante explicó que “Coco Utensilios” propone una alternativa ecológica al uso de plásticos, al diseñar platos 100 ciento biodegradables, que pueden reintegrarse al medio ambiente como alimento para aves o composta natural, proyecto con el que obtuvo el triunfo en la Expociencias de este año.

Con este respaldo, el ayuntamiento de Tlaxcala impulsa a las juventudes innovadoras que ponen en alto el nombre del municipio y del estado a través de proyectos con visión social, ecológica y global.

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FGE detiene a chofer que embistió a Fredy Aco; GNP dijo que se encargaría

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Este domingo la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la detención de Juan Ramón F, quien el sábado arrolló al comunicador Fredy Aco sobre la federal a Atlixco. Aunque de inicio se informó que se había dado a la fuga, la familia del automovilista señala que se marchó del lugar porque personal de la aseguradora GNP le afirmó que ellos se encargarían de todo.

De acuerdo con información que allegados a la familia de Juan Ramón hicieron llegar a e-consulta, él se marchó del sitio porque el personal de GNP le aseguró que ya se había logrado un acuerdo. Sin embargo, los trabajadores de la aseguradora no llegaron al hospital a donde el comunicador fue trasladado tras el percance.

Los familiares del ahora detenido hicieron hincapié en que el conductor no se dio a la fuga y que fue detenido en su casa, sin que hasta el momento (tarde del domingo) sepan en donde está retenido.

Fue a través de redes sociales que la FGE informó que Juan Ramón N., presunto responsable del accidente, ya se encontraba a disposición del Ministerio Público.

Mediante un comunicado, la FGE detalló que el hombre, de 54 años de edad, será investigado a fin de determinar su situación jurídica y deslindar responsabilidades por los hechos.

El accidente
El percance se registró la tarde del sábado 12 de julio sobre la autopista Atlixco–Puebla, a la altura del kilómetro 7, donde Fredy Aco, actual director de noticias de un portal digital, fue embestido por una camioneta Audi con placas TPW-521-B, que le provocó diversas lesiones.

Paramédicos del municipio de San Andrés Cholula acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y debido a la gravedad de las heridas fue trasladado de urgencia a un hospital.

De acuerdo con testigos el automovilista Juan Ramón F abandonó el sitio sin hacerse responsable del hecho. De igual forma, versiones periodísticas señalan que los elementos de la Guardia Nacional (GN) optaron por no asegurar al presunto responsable.

A través de una publicación en redes sociales, el gobierno estatal se solidarizó con el periodista e indicó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) “trabaja de manera coordinada con la Fiscalía para realizar las diligencias necesarias a fin de obtener el esclarecimiento del caso”.

De acuerdo con personas allegadas al periodista, se encuentra consciente y su estado de salud es estable tras haber sido sometido a una cirugía.

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Multas de hasta 565 mil pesos por no capacitar a guardias privados en Puebla, plantea Armenta al Congreso

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El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, remitió al Congreso local una iniciativa de reforma, a fin de que, por ley, los prestadores de servicio de seguridad privada estén obligados a capacitar a su personal operativo, así como a acreditarlos con exámenes de control y confianza. De no hacerlo, podrían ser acreedores con multas de hasta 565 mil pesos. 

En la iniciativa, que pretende modificar la Ley de Seguridad Privada del estado de Puebla, Armenta Mier argumentó que diversos casos documentados en la entidad han evidenciado la falta de profesionalismo, capacitación y confiabilidad de diversos elementos de seguridad privada, lo que ha derivado en actos de abuso, colusión con grupos delictivos o negligencia en la prestación del servicio, debilitando la confianza de la ciudadanía.

Por lo anterior, afirmó, es necesario regular las actividades de quienes prestan los servicios de vigilancia, protección de personas, bienes e inmuebles, traslado de valores y otros, estableciendo requisitos mínimos para su operación.

De ser aprobada esta reforma, que actualmente es analizada en comisiones, los prestadores de servicios estarán obligados a capacitar a su personal operativo a través de la universidad o dependencia de gobierno competente, previo pago de los derechos correspondientes. En el caso de quienes usan armas, estos deberán acreditar habilidades como adiestramiento en manejo de armamento y cursos actualizados de tiro con arma corta y larga.

Asimismo, deberán cumplir con las evaluaciones de control de confianza, las cuales se llevarán a cabo en el Centro Único de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Puebla del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, o bien en la universidad competente.

En consecuencia, los prestadores de servicio deberán informar a la Dirección General de Seguridad Privada del gobierno estatal, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, la totalidad de su planilla laboral actualizada. También deberán aplicar a sus elementos exámenes periódicos de confianza en el Centro Único de Evaluación y Control de Confianza, o de la dependencia o entidad del estado competente.

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Si los efectivos incumplen este paso, los prestadores de servicio deberán remitir al gobierno estatal, en los tres días hábiles siguientes a los resultados, la documentación que compruebe que fueron dados de baja. De lo contrario, podrían ser acreedores a multas de 500 a cinco mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), que equivalen a 56 mil 570 hasta 565 mil 700 pesos.

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