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Suprema Corte invalida reforma de 2019

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La Corte resolvió que los delitos de contrabando, defraudación fiscal y simulación en la facturación no se pueden clasificar como delincuencia organizada, pues no atentan contra la seguridad nacional.

Por mayoría de nueve votos contra dos, los ministros resolvieron que, por tanto, estas conductas no ameritan la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Así, la Corte invalidó la reforma de 2019, promovida por la Presidencia, para imponer cárcel forzosa a los presuntos responsables de estos delitos cuando superen 8.7 millones de pesos. Ante esto, será el Ministerio Público quien tenga que solicitar la medida en cada caso particular, sin importar los montos.

En su resolución, el ministro Luis María Aguilar estableció que el Congreso de la Unión, “de manera artificiosa, calificó que ciertos delitos fiscales constituyen afectaciones a la seguridad de la Nación, para que, de este modo, fuera posible establecer oficiosamente la medida cautelar privativa de la libertad, cuando en realidad no existe una amenaza en esa materia”.

Los votos en contra fueron de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el contrabando, la defraudación fiscal y la simulación en la facturación no se pueden clasificar como delincuencia organizada, que atenten contra la seguridad nacional.

Por mayoría calificada de nueve votos contra dos, el Máximo Tribunal resolvió que estas conductas no ameritan, por lo tanto, la aplicación de la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa (PPO) para los indiciados.

En una sesión de dos horas con 20 minutos, la Corte invalidó la reforma de 2019, promovida por la Presidencia de la República y legisladores de Morena, para imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a los presuntos responsables de estos delitos fiscales.

Se trata de las conductas de factureo, definida como la simulación en la emisión de comprobantes fiscales en actividades inexistentes, el contrabando y el fraude fiscal por montos superiores a los 8.7 millones de pesos.

En los resolutivos se establece que será la Fiscalía General de la República, a través del Ministerio Público Federal, quien tenga que solicitar la prisión preventiva, en cada caso en particular, sin importar los montos.

En la discusión, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena explicó que los delitos fiscales no pueden entrar en la tipificación de delincuencia organizada, debido a que ésta es una conducta delictiva que tiene el objetivo de desestabilizar al Estado de Derecho, por lo que la SCJN debe ceñirse a la definición constitucional.

El pleno de la Corte resolvió la acción de inconstitucionalidad 130/2019, y su acumulada 136/2019, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y senadores de oposición, en contra de la medida de aplicar la prisión preventiva oficiosa a estos delitos fiscales.

En su resolución, el ministro Luis María Aguilar estableció que el Congreso de la Unión, “de manera artificiosa, calificó que ciertos delitos fiscales constituyen afectaciones a la seguridad de la Nación, para que, de este modo, fuera posible establecer oficiosamente la medida cautelar privativa de la libertad, cuando en realidad no existe una amenaza en esa materia”.

Los votos en contra fueron de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, quien indicó que las organizaciones criminales aprovechan las estructuras financieras que se construyen a partir de esos delitos fiscales.

PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA PERMANECE

En la misma sesión, el proyecto del ministro Aguilar Morales para invalidar la aplicación de la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y simulación en la facturación, no obtuvo mayoría, por lo que la figura se mantiene y cada juez será el encargado de establecer su aplicación.

Será la Fiscalía General de la República (FGR), a través del Ministerio Público Federal (MPF), la encargada de hacer la justificación de la medida cautelar, en cada caso en particular, mientras se define una sentencia y sin importar los montos.

Es la segunda ocasión, en tres meses, la primera fue en septiembre, se revisa y no prospera un proyecto para impedir la aplicación en automático de la medida cautelar de la PPO.

En este caso, cinco ministros votaron a favor del proyecto del ministro Aguilar Morales, para la inaplicación del artículo 19 de la Constitución, que autoriza la prisión preventiva de oficio para una lista de 16 delitos, entre ellos homicidio doloso, genocidio, violación, traición a la patria., espionaje, corrupción de menores e incapaces, terrorismo y contra la salud.

Al finalizar la sesión, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ministro Arturo Zaldívar calificó la resolución de este asunto como un hecho histórico, en el que el Máximo Tribunal nuevamente demostró su autonomía.

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SHCP aumenta apoyos fiscales a combustibles por presión del crudo

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La presión del mercado energético internacional volvió a colocar al gobierno mexicano frente a una herramienta recurrente: los estímulos fiscales a los combustibles. En un contexto de alza en el precio del petróleo a nivel global, la administración federal decidió ajustar nuevamente los apoyos para la gasolina y el diésel con la intención de contener el impacto directo en los bolsillos de los consumidores.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se aplicarán estímulos de 15.68% para la gasolina Magna y de 33.22% para el diésel durante la semana del 25 de abril al 1 de mayo de 2026. En términos prácticos, esto representa una reducción de 1.0505 pesos por litro en la gasolina regular y de 2.4458 pesos por litro en el diésel.
En contraste, la gasolina Premium no contará con apoyo fiscal en este periodo, por lo que su precio dependerá completamente del comportamiento del mercado internacional y de los factores internos de distribución.

Este mecanismo no es nuevo. Funciona como una especie de “amortiguador” fiscal: cuando el petróleo sube, el gobierno reduce el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para evitar que el incremento se traslade de forma inmediata al consumidor; cuando el crudo baja, se recupera el cobro completo del impuesto. Sin embargo, su aplicación constante refleja la volatilidad del mercado energético global.

En semanas previas, los estímulos habían mostrado variaciones importantes. Del 18 al 24 de abril, la gasolina Magna contó con un apoyo menor, mientras que el diésel llegó a recibir un porcentaje más alto, lo que evidencia ajustes frecuentes conforme cambian las condiciones internacionales.

El aumento del petróleo por arriba de los 100 dólares por barril ha sido uno de los factores que presionan estas decisiones. A ello se suma el contexto geopolítico en regiones productoras, que ha generado incertidumbre en los mercados y encarecido los combustibles a nivel global.

Especialistas en energía, como el analista Ramsés Pech, han señalado que mantener precios uniformes en todo el país resulta complicado, debido a que intervienen variables como transporte, almacenamiento, logística y tipo de cambio. En su análisis, también advierte que los acuerdos con el sector gasolinero enfrentan límites operativos conforme se prolonga la presión sobre los costos.

En paralelo, el gobierno federal ha mantenido acuerdos con empresarios del sector para fijar techos de referencia en los precios al público: alrededor de 24 pesos por litro para la gasolina Magna y 28 pesos para el diésel, con el objetivo de evitar aumentos abruptos en estaciones de servicio.

Actualmente, el precio promedio nacional se ubica en 23.67 pesos por litro para la Magna, 28.30 para la Premium y 28.25 para el diésel, de acuerdo con datos de la plataforma PETROIntelligence. En la Ciudad de México, los precios presentan ligeras variaciones, especialmente en la gasolina Premium, que supera los 29 pesos por litro.

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Sheinbaum se reúne con Magda Chambriard, presidenta de Petrobras; acuerdan colaboración con Pemex

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El gobierno de México informó que Petróleos Mexicanos (Pemex) estableció colaboración con Petróleo Brasileiro (Petrobras), empresa brasileña, para la exploración, producción y transformación de petróleo y biodiesel.

En redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que sostuvo un encuentro con directivos de la empresa sudamericana, encabezados por su presidenta Magda Chambriard, con la finalidad de establecer mecanismos de cooperación conjunta con Pemex.
“Me reuní con directivos de Petrobras, encabezados por su presidenta Magda Chambriard, para establecer una colaboración con Pemex en exploración, producción y transformación de petróleo, así como en producción de biodiésel”, escribió.

Este acuerdo se da en seguimiento a la conversación que Sheinbaum sostuvo semanas atrás con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien después confirmó el interés de su gobierno en impulsar la cooperación energética con México.

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Cabildo de Puebla aprueba celebrar convenio para que Gobierno del Estado cobre el predial

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El Cabildo de Puebla aprobó facultar al presidente municipal José Chedraui Budib la firma de un convenio para que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, realice el cobro del impuesto predial a ciudadanos de la capital y lo administre, aunque aún no hay fecha para su entrada en vigor.
Con ello, el Gobierno estatal se quedará con el 5% de lo recaudado y el Ayuntamiento accederá al Fondo de Fomento Municipal (FFM), el cual forma parte del Ramo 28 y es de libre asignación, es decir, no existe un rubro específico al que deba aplicarse, sino que lo determinará la administración municipal, explicó el regidor morenista Leobardo Rodríguez Juárez.

Durante la sesión extraordinaria del Cabildo de Puebla no se mencionó si esto ocasionará cambios en las sedes o portales donde la ciudadanía puede pagar este impuesto. Lo anterior, debido a que apenas se avaló con 19 votos a favor, cuatro en contra y una abstención.
Hasta ahora, no hay una fecha específica para su entrada en vigor, puesto que dependerá de las gestiones que realicen las áreas involucradas del municipio, según lo informado.

Cabildo de Puebla avala que Finanzas se haga cargo del cobro del predial
Durante el análisis del asunto, Leobardo Rodríguez señaló que el acuerdo propone tres puntos resolutivos. El primero corresponde a la autorización al presidente municipal, José Chedraui Budib, para suscribir el convenio con la Secretaría de Planeación y Finanzas.

El segundo es la instrucción a la Tesorería Municipal para realizar las gestiones y adecuaciones necesarias para concretarlo, mientras que el tercero consiste en que la Secretaría de Gobierno publique el acuerdo en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Estado (POE), el cual entrará en vigor un día después de su publicación.

Cuyo objeto permitirá que las funciones de administración y recaudación del impuesto predial, a cargo del municipio, se asuman y ejerzan por la Secretaría de Planeación y Finanzas
dijo el morenista.
De esta forma, el impuesto ahora será recaudado por esta dependencia y no por el municipio de Puebla, como ocurre actualmente.

Oposición critica la medida
El regidor Carlos Montiel Solana fue el único integrante de la oposición que criticó el punto, y lo calificó como una intentona de disminuir la autonomía del municipio, ya que, desde su perspectiva, se cuenta con la capacidad para hacerse cargo de ese proceso.

No refleja otra cosa más que la necesidad de seguir controlando a los municipios; es una intentona por parte del gobierno del estado y del gobierno federal hacia los estados, y de los estados hacia los municipios, de seguir centralizando el poder
dijo el panista.

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