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No se castigara con cárcel el acoso escolar; SNTE 23

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La sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) rechazó la propuesta de sancionar con cárcel y multa a quienes ejerzan acoso escolar o sean omisos ante los casos, con el argumento de que se criminaliza y estigmatiza a las partes, cuando debería considerarse el asunto desde una perspectiva formativa.

El pasado 8 de julio, la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Laura Zapata Martínez, propuso una reforma para castigar el acoso escolar con cuatro años de prisión y una multa de hasta 40 mil 110 pesos.
Tras esta propuesta, la agrupación sindical liderada por Alejandro Ariza Alonso, opinó que el planteamiento tiene como propósito criminalizar a los trabajadores de la educación y por ello manifiestan su “rotundo rechazo”.

En un escrito dirigido al presidente de la junta de gobierno y coordinación política del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, destacó que contrariamente a la propuesta de la diputada, en la Constitución se propuso la revalorización de «las maestras y los maestros al señalarlos como agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoció su contribución a la transformación social”.
Mientras que en la Ley General del Sistema de Carrera de las Maestras y Maestros se establece que se deben «revalorizar a las maestras y a los maestros respetando sus derechos reconocidos en las disposiciones legales aplicables».

La organización sindical también señaló que es obligación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) capacitar a los profesores en la identificación y prevención de conflictos escolares. Además, existen ordenamientos para atender, así como sancionar hechos de violencia, maltrato y acoso.

El SNTE aseguró que en la propuesta se estigmatiza a los niños, niñas y adolescentes, empleado el término «acosador» al referirse a los menores con conductas impropias, contraviniendo normativas previstas en los tratados internacionales, siendo contradictoria la postura de las legisladoras, cuando su deber es privilegiar el interés superior de la niñez.

La organización sindical indicó que la legisladora se confunde al utilizar de la misma forma términos como bullying, acoso escolar y maltrato escolar.

“Los trabajadores de la educación no estamos en contra de que se expidan nuevos documentos, medidas o procedimientos que favorezcan la erradicación del acoso escolar en las escuelas, al contrario, todos los días trabajamos para que se generen entornos escolares seguros y libres de violencia”, acotaron.

Luego del regreso a actividades escolares de manera presencial, diversos casos de acoso escolar fueron relevados en redes sociales y medios de comunicación. Desde peleas en escuelas como La Salle, el Instituto Oriente de Puebla y el Instituto de Artes Visuales del Estado de Puebla.

En junio de este año e-consulta dio a conocer que la SEP sólo tiene registradas tres denuncias por agresiones escolares desde que inició la actual gestión estatal y hasta el 27 de mayo de este año y en ningún caso hubo una sanción.

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Ejército descubre presunto narcolaboratorio oculto en la Mixteca poblana

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Un presunto laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas fue localizado e inhabilitado por elementos del Ejército Mexicano en el municipio de Chila de la Sal, en la región Mixteca poblana, donde además fueron aseguradas toneladas de sustancias químicas y equipo especializado utilizado presuntamente por grupos delictivos.

De acuerdo con reportes oficiales y policiales, el hallazgo ocurrió durante recorridos de vigilancia en caminos de terracería y zonas de difícil acceso, cuando personal militar detectó fuertes olores a químicos asociados con la fabricación de narcóticos sintéticos.

Tras efectuar inspecciones terrestres, los soldados ubicaron un inmueble presuntamente acondicionado como centro de producción clandestino.

En el lugar fueron asegurados aproximadamente 2 mil 750 litros y 750 kilogramos de sustancias químicas, además de seis reactores de síntesis orgánica, contenedores, bidones, tinas, tinacos y diverso material utilizado presuntamente para la elaboración de drogas.

También fue asegurado un vehículo y el inmueble donde operaba el laboratorio clandestino.

Debido al riesgo por la presencia de químicos tóxicos y sustancias volátiles, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad para evitar posibles intoxicaciones o incidentes durante las diligencias.

Peritos y autoridades federales realizaron posteriormente las inspecciones técnicas, fijación fotográfica y procesamiento del área para integrar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas relacionadas con este operativo; sin embargo, autoridades estimaron que este aseguramiento representa una afectación económica de aproximadamente 2 mil 229 millones de pesos para la delincuencia organizada.

Fuentes consultadas señalaron que este tipo de laboratorios suelen instalarse en zonas apartadas y de difícil acceso con el objetivo de evitar ser detectados por autoridades y habitantes de la región.

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Detienen en EU a ex secretario de Seguridad de Sinaloa

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El exsecretario de Seguridad estatal de Sinaloa a quien Estados Unidos acusa de corrupción y vínculos con los Chapitos, Gerardo Mérida, se encuentra preso en Nueva York luego de que fuera detenido en Arizona, de acuerdo con documentos del tribunal en Brooklyn

Gerardo Mérida Sánchez tuvo su primera audiencia el 12 de mayo ante el magistrado federal Eric Marcovich en Arizona representado por un abogado de oficio. La corte ordenó al marshal federal que trasladara al exsecretario a Nueva York, donde enfrenta los cargos.

La oficina del marshal confirmó al tribunal que había enviado a Mérida Sánchez a la corte del Sur de Nueva York.

Sin embargo, el tribunal en Brooklyn informó que la siguiente audiencia para el acusado de corrupción será sellada, es decir sin acceso público.

Además de corrupción, Estados Unidos acusa a Mérida de conspiración para importar narcóticos, posesión de amas automáticas y dispositivos destructivos.

Mérida Sánchez es el primer detenido de diez funcionarios de Sinaloa a quienes Estados Unidos acusa de corrupción al servicio del Cartel de Sinaloa.

El exsecretario está acusado de estar en la nómina de la facción de los Chapitos o hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, quienes le pagaban mensualidades de cien mil dólares para que, como secretario estatal de Seguridad, evitara perseguirlos y les brindara protección.

El fiscal en Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance Cole, presentaron los cargos contra el gobernador de Sinaloa con permiso, Rubén Rocha, Mérida Sánchez y otros ocho acusados el 29 de abril.

El 7 de mayo un juez en México concedió a Mérida Sánchez un amparo para evitar su extradición.

Mérida fue secretario de Seguridad de septiembre del 2023 a diciembre del 2024, cuando renunció al cargo. Sin embargo, de manera aun si aclarar, fue arrestado cuatro días más tarde en Arizona.

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Detienen en Estados Unidos a excomandante militar de Puebla vinculado a narcotráfico en Sinaloa

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La detención en Estados Unidos de un exmando militar con trayectoria en Puebla se suma a una investigación federal que vincula a funcionarios de Sinaloa con una red de protección al Cártel de Sinaloa.

Gerardo Mérida Sánchez, excomandante de la XXV Zona Militar en Puebla y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, fue detenido en Arizona, de acuerdo con reportes difundidos este 15 de mayo.
El exfuncionario forma parte de un grupo de al menos diez personas señaladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Según la acusación, Mérida Sánchez habría recibido pagos mensuales superiores a 100 mil dólares de la facción conocida como “Los Chapitos”, a cambio de permitir sus operaciones y proporcionar información anticipada sobre operativos de seguridad.

Las investigaciones sostienen que estas alertas permitieron a la organización criminal trasladar drogas, equipos y personal antes de intervenciones de autoridades, lo que evitó aseguramientos y detenciones.

El caso forma parte de una indagatoria más amplia presentada por fiscales federales en Nueva York, que describe una presunta red de corrupción en distintos niveles de gobierno en Sinaloa, orientada a facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

El 29 de abril, autoridades estadounidenses hicieron pública la acusación contra Rocha Moya y otros funcionarios por conspiración para el tráfico de drogas y presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa, lo que abrió un conflicto político y diplomático entre ambos países.

En ese contexto, la detención de Mérida Sánchez ocurre mientras continúan las presiones desde Estados Unidos para avanzar en procesos judiciales contra los implicados, en un caso que involucra a mandos de seguridad, autoridades electas y estructuras institucionales.

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