El Senado de la República aprobó la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, que la oposición llamó Ley Espía por supuestamente facultar a las autoridades para acceder a información personal sin necesidad de una orden judicial.

Esta ley interconectará bases de datos de las instituciones de seguridad pública y de justicia del país a través de la Plataforma Central de Inteligencia, la cual estará a cargo del Centro Nacional de Inteligencia.

La información que puede ser recabada incluye datos biométricos, de geolocalización, telefónicos, fiscales, así como padrones de personas detenidas y sentenciadas, que proporcionen información o indicios que permitan investigar y prevenir delitos.

Los legisladores de la bancada oficialista aseguraron que esta ley no es una herramienta para espiar, sino una estrategia de coordinación interinstitucional que ayudará a la persecución de delitos.

Aseguraron que los servidores públicos que manejen base de datos estarán sujetos a estándares de certificación y profesionalización. Además de que la información estará protegida por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Sin embargo, la oposición declaró que esta iniciativa vulnera la privacidad de los ciudadanos, con la excusa de brindar seguridad, y que le otorga facultades a las autoridades que contribuyen a la militarización del país.

Claudia Sheinbaum niega espionaje

Durante la mañanera del 2 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que las leyes en materia de seguridad pública aprobadas por el Senado sean mecanismos de espionaje o censura. Señaló que Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia proporcionará una plataforma única de información.

“Solo puede haber una intervención, una localización de GPS, bajo orden judicial, a menos que se trate de un desaparecido, de un secuestro, en la que se pide la información directamente a la telefónica para atender a un caso de este tipo”, señaló.

La diputada Laura Artemisa García Chávez, presidente la Junta de Coordinación Política, presentó a puerta cerrada a los diputados locales las dos modificaciones al artículo 480 del Código Penal para evitar que la CNDH presente una acción de inconstitucionalidad en contra del tipo penal del ciberasedio.

La primera, busca precisar las actividades del tipo penal, así como el tipo de daño provocado a las personas.

La segunda es una adenda para excluir del tipo penal las expresiones relativas al ejercicio de la libertad de expresión, los asuntos de interés público o las denuncias sobre hechos públicos.

El compromiso de la diputada, presidenta es que el parche legislativo sea aprobado antes de finalizar el período previsto para el próximo 15 de julio.

Los 41 legisladores realizan en este momento, una mesa de trabajo en el Congreso del Estado, para debatir las modificaciones en la Ley de Ciberseguridad, en las que también incluye hostigamiento digital y vigilancia, mientras protege la libertad de expresión en casos de interés público.

La propuesta que está a debate que busca proteger a las víctimas de daños a su privacidad, integridad emocional y vida cotidiana, pero establece claras excepciones para no afectar la libertad de expresión, especialmente en críticas al servicio público y denuncias periodísticas.

Las nuevas propuestas:

Ampliación de conductas punibles:

Incluye contacto no deseado, acecho digital, hostigamiento y amenazas indirectas.
Requiere que los actos sean reiterados o sistemáticos y que alteren gravemente la vida de la víctima.
Criterios para determinar el delito:

La autoridad deberá evaluar:

El contexto (relación entre víctima y agresor).
La frecuencia (si es un patrón repetido).
Los medios utilizados (redes sociales, mensajes, geolocalización, etc.).
El impacto (daño psicológico, afectación a la vida diaria).
Procedimiento penal:

Se perseguirá solo a petición de la víctima, excepto en casos donde la víctima sea:

Menor de edad.
Persona incapaz de defenderse.
Situaciones donde no pueda resistir el acoso (aquí, el Ministerio Público podrá actuar de oficio).
Exclusiones clave: Protección a la libertad de expresión
La reforma establece que no se considerará ciberacoso:

Las críticas a funcionarios públicos o instituciones.
Las denuncias ciudadanas sobre corrupción o malos manejos.
Las opiniones periodísticas o informativas de interés público.
Expresiones protegidas por la Constitución Mexicana y tratados internacionales en materia de derechos humanos.
“No se busca criminalizar la opinión legítima, sino detener a quienes usan lo digital para amedrentar o destruir la vida privada de otros”, explicó la presidenta del Congreso, Laura Artemisa García.

La Fiscalía de Nueva York desestimó los cargos por narcotráfico contra Ovidio Guzmán López, El Ratón, hijo de El Chapo Guzmán, para que el caso se realice en una sola jurisdicción, luego de que a través de una carta el miembro de Los Chapitos oficializó que se declarará culpable del caso en su contra en una corte de Chicago, Illinois.

En el documento fechado el 30 de junio, Ovidio Guzmán López de puño y letra informó a la Corte del Distrito Sur de Nueva York que en la audiencia del próximo 9 de julio en Chicago se declarará culpable de los crímenes por narcotráfico, lo que confirma que llegó a un acuerdo con autoridades estadunidenses.

Hasta ahora se desconocen a detalle las condiciones del acuerdo de El Ratón con autoridades de Estados Unidos, pero parte de él incluyó el traslado de 17 de sus familiares desde Culiacán, Sinaloa, a dicho país, entre ellos su esposa e hijas, así como su mamá Griselda López, quien fuera la segunda esposa de El Chapo Guzmán.

Será hasta la audiencia del 9 de julio que los fiscales de Estados Unidos revelarán los detalles del acuerdo de culpabilidad de Ovidio Guzmán López, quien con ello renunciará a ir a juicio y obtener una sentencia reducida por sus crímenes, a cambio de ayudar a autoridades de ese país en otros casos como testigo colaborador.

Desde el año pasado el abogado de los hijos de El Chapo, Jeffrey Lichtman, reveló que los hermanos estaban en negociaciones con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo luego de que Joaquín Guzmán López se entregó a las autoridades en julio del año pasado y junto con él llevó a Ismael El Mayo Zambada, narcotraficante que era buscado por las autoridades norteamericanas desde hace años.

Ovidio Guzmán, detenido y extraditado a EU
Ovidio Guzmán López, El Ratón, uno de los hijos de El Chapo Guzmán, fue detenido por segunda vez en enero de 2023 tras un operativo en la comunidad de Jesús Marías, en Culiacán, Sinaloa, luego del fallido operativo conocido como El Culiacanazo en el que autoridades federales tuvieron que liberarlo luego de que el cártel de Sinaloa amenazara con realizar una matanza.

A través de un helicóptero, Ovidio Guzmán López fue extraído de Culiacán, Sinaloa, para evitar que el cártel lo liberara y fue trasladado a la Ciudad de México, para posteriormente ingresarlo al penal de máxima seguridad de El Altiplano, desde donde una vez se escapó El Chapo Guzmán por medio de un túnel en su celda.

Tras una larga batalla legal por evitar su extradición, El Ratón finalmente fue enviado a Estados Unidos el 15 de septiembre de 2023 para que enfrentara los cargos por narcotráfico de los que era acusado.

En su primera audiencia, realizada tres días después de su llegada a Estados Unidos, Ovidio Guzmán López se declaró inocente de los cinco cargos relacionados con narcotráfico en una corte de Chicago, Illinois.