La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), impartió una capacitación dirigida a 39 elementos de la Policía Estatal Forestal de Puebla, enfocada en el marco normativo ambiental y en la verificación de la legal procedencia de materias y productos forestales.

El propósito de la capacitación es fortalecer las capacidades operativas del personal en campo, particularmente en la identificación de documentación oficial, los mecanismos de control y los elementos de seguridad que deben observarse en el transporte y manejo de recursos forestales.

Esta actividad se realizó como resultado de los acuerdos establecidos el pasado 6 de marzo, durante una reunión de trabajo con el Director de la Policía Estatal Forestal, en la que se planteó la necesidad de coordinar acciones para la formación y actualización de su personal.

Durante la sesión se explicó la diferencia entre materias primas forestales y productos forestales, así como los distintos documentos que acreditan su legal procedencia, incluyendo remisiones y reembarques. También se abordaron los candados de seguridad que deben revisarse en los documentos oficiales para prevenir irregularidades.

Por su parte, los elementos de la Policía Estatal Forestal compartieron experiencias derivadas de su labor en campo, lo que permitió enriquecer el intercambio de conocimientos y fortalecer la coordinación interinstitucional.

La Profepa continuará trabajando de manera conjunta con las autoridades estatales para impulsar acciones de inspección y vigilancia que contribuyan a disminuir la tala clandestina y proteger los recursos forestales en la entidad.

La violencia en la comunidad de Santa Úrsula Chiconquiac, perteneciente al municipio de Felipe Ángeles, escaló la noche del pasado lunes 30 de marzo, luego de que nuevos datos confirmaran que el ataque armado dejó al menos cuatro personas sin vida y no tres, entre ellas, presuntos civiles ajenos a los hechos.

Versiones de testigos señalan que el ataque iba dirigido contra un sujeto identificado con el alias de “El Jarocho”, presuntamente, vinculado a actividades delictivas en la región. Durante una persecución, el individuo habría ingresado a una tienda para resguardarse, sin embargo, fue alcanzado por sus agresores.

En el lugar, los atacantes abrieron fuego contra el establecimiento, provocando la muerte del objetivo, así como de dos hombres identificados como Jorge y Rubén de la Luz, conocidos en la comunidad como “Los Charales”, quienes se encontraban en el sitio realizando compras y no tendrían relación con actividades ilícitas.

Asimismo, trascendió que una cuarta víctima, identificada con el alias de “El Choco”, habría fallecido en otro punto cercano donde también se registraron detonaciones, elevando el saldo total a cuatro personas muertas y al menos un lesionado.

De acuerdo con información recabada en la zona, los hechos ocurrieron alrededor de las 22:15 horas sobre la avenida Morelos, donde vecinos reportaron más de 60 detonaciones de armas de fuego, generando pánico generalizado entre la población.

Al sitio acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla y corporaciones de seguridad, quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

La zona permaneció acordonada durante varias horas mientras se desarrollaban las investigaciones. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha emitido un posicionamiento oficial por parte del Ayuntamiento.

Habitantes de la comunidad señalaron que, dicho hecho, ha incrementado el clima de temor, además de reiterar su preocupación por la inseguridad en la región.

El gobierno de México anunció que respaldará una acción legal en contra del ICE, tras documentar la muerte de al menos 14 connacionales en centros de detención migratoria.

La Secretaría de Relaciones Exteriores participará en la demanda colectiva presentada en California, en la que se señalan presuntas irregularidades en las condiciones de reclusión, incluyendo deficiencias médicas y entornos insalubres en instalaciones administradas por empresas privadas.
Autoridades mexicanas advirtieron que estos fallecimientos no son casos aislados, sino parte de un patrón preocupante que refleja fallas estructurales en la operación de los centros migratorios.

Uno de los casos recientes es el de José Guadalupe Ramos, quien murió el pasado 25 de marzo sin que hasta ahora se haya esclarecido la causa oficial de su fallecimiento.

De acuerdo con la representación consular, en algunos centros —como el de Adelanto— se han registrado múltiples muertes de mexicanos, lo que evidencia posibles negligencias en la atención médica y en las condiciones básicas de internamiento.