La atención a la desaparición forzada de mujeres en el estado de Puebla avanza a paso lento. Pese a la mejora de protocolos ministeriales, a la puesta en marcha de políticas públicas orientadas a combatir el fenómeno y a la creación, en 2021, de una Ley de Búsqueda de Personas, el problema sigue vigente, muy vinculado al delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en gran medida por la falta de conciencia social, que minimiza el fenómeno incorporando juicios de género y estereotipos.

En 58 años, periodo comprendido entre 1964 y mayo 2022, 3 mil 917 mujeres en el estado de Puebla fueron reportadas como desaparecidas y no localizadas. De ellas, 835 siguen sin ser halladas, 53 fueron encontradas muertas y 3 mil 29 fueron localizadas con vida, según los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), organismo adscrito a la Secretaría de Gobernación federal.

El coordinador de la Clínica Jurídica de la Universidad Iberoamericana, campus Puebla, e investigador del fenómeno en la entidad, Simón Hernández León, explica que, si bien no hay datos que permitan establecer las razones por las que se han dado las desapariciones de mujeres, una gran parte de ellas está relacionada con la trata de personas.

“Varias desapariciones de mujeres se relacionan con la trata de personas, con fines de explotación sexual o laboral, que tiene operación en distintos lugares en el país y el extranjero. Es un problema de inseguridad complejo que involucra al (gobierno del) estado y (a la) federación”, advierte.

El catedrático agrega que las desapariciones están relacionadas con la violencia de género, ya que en Puebla persiste un panorama de violencia para este grupo poblacional.

“La inseguridad que viven las mujeres en Puebla es grave. Nos enfrentamos a agresiones de género relacionadas con la forma más extrema de la violencia que es el feminicidio. Muchas veces la sociedad es distante de este panorama, minimiza las desapariciones incorporando juicios de género o estereotipos”, expone.

Victoria Rosales desconocía el número de mujeres que estaban desaparecidas en Puebla y se enteró de la peor manera: cuando desapareció su hija Nadia Guadalupe, a los 17 años de edad, la mañana del 27 de octubre de 2017.

Ese día, como de costumbre, la acompañó hasta la parada de la Ruta 5, a unas calles de su casa, ubicada al sur de la ciudad. La vio subirse al microbús y se despidió de ella. A las 14:30 horas Nadia debía regresar de la escuela, pero eso ya no sucedió. Y ahí, dice su madre, empezó la búsqueda acompañada de desesperación.

Buscó y encontró al chofer del transporte público para preguntarle por su hija. Hizo lo mismo con las autoridades de su escuela y con las amigas de su hija, pero parecía que “se la había tragado la tierra”, pues todos desconocían o dijeron desconocer su paradero. A las 21:00 horas acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) para denunciar su desaparición y, pese a que Nadia era menor de edad, no se activó la Alerta Amber, por razones que hasta ahora su madre desconoce.

La señora Vicky, como le dicen de cariño, junto con su esposo y su otra hija, tomaron el rol de investigadores y descubrieron que el celular de Nadia envió una señal desde Tenancingo, Tlaxcala, el municipio cuna de los reclutadores de mujeres (muchas de ellas menores de edad) para la explotación sexual, lo que abrió la clara sospecha de que su hija había sido llevada contra su voluntad o mediante engaños para convertirse en una víctima más de la trata.

No obstante, las autoridades del Ministerio Público lo minimizaron. Recuerda que le dijeron que Nadia “no corría peligro” porque “no tenía el perfil para la trata de personas”.

Después de eso, la madre se ha dedicado por completo a la localización de su hija. Tiempo atrás visitó centros nocturnos y bares de Puebla, Ciudad de México, Veracruz y Oaxaca, pero no tuvo éxito.

Han pasado cuatro años y medio desde la desaparición de Nadia Guadalupe y la familia ya ha tenido que lidiar con el cambio de investigador asignado por la Fiscalía General del Estado en cinco ocasiones. Hasta hace un año, el nuevo investigador asignado para llevar su caso comenzó a girar los oficios de colaboración al resto de las entidades federativas para solicitar apoyo con la búsqueda y robustecer la carpeta de investigación.

La familia Rosales mantiene la esperanza de que un día Nadia regrese a casa, por ello no se han mudado de vivienda ni han cambiado los números telefónicos, debido a que es el lugar y las líneas que su hija conoce de memoria y que en algún momento podría volver a utilizar, desde donde sea que se encuentre.

Para Aidé y Cony Aguayo el mundo se desmoronó en 2018, cuando Galilea Aguayo, hija de la primera y sobrina de la segunda, de 21 años de edad, desapareció en Amozoc, municipio perteneciente a la zona metropolitana de Puebla.

La última vez que supieron de ella fue el día que la vieron hacer sus maletas y subir al vehículo de su pareja, Omar, con quien ya vivía, pero a quien había dejado en varias ocasiones por la existencia de discusiones y peleas constantes.

En las fiestas decembrinas de ese año, su hijo Luis, de 8 años de edad, y demás integrantes de la familia Aguayo, esperaron que ella regresara para celebrar los festejos de la temporada, pero Galilea no llegó, no se presentó a ninguna celebración familiar.

Su tía cuenta que pasaron varios meses para que decidieran interponer su denuncia, porque era normal que pasaran muchos días sin verla, debido a que su pareja le prohibía visitarles, pero cuando los padres de Galilea la fueron a buscar, en febrero de 2019, descubrieron que ya no había nadie habitando el inmueble donde, se supone, estaba la pareja, situación que los alertó de inmediato y los obligó, ahora sí, a iniciar una búsqueda formal.

Lograron localizar a Omar, quien les narró que Galilea ya no estaba con él, pues aseguró que habían terminado su relación sentimental desde noviembre, porque él tenía un hijo con otra mujer y afirmó que ya no la había visto. Se comprometió a ayudarlos a encontrarla.

En el transcurso de la búsqueda y después de esa visita recibieron un supuesto mensaje de texto de ella, que expresaba lo siguiente: “Estoy bien, voy a ir a ver al niño”, pero cuando lo rastrearon descubrieron que lo habían enviado desde una caseta telefónica pública.

Cony platica que la relación entre Galilea y Omar no era sana, pues recuerda que había noches en las que su sobrina llamaba llorando y pedía a sus padres que fueran por ella porque habían discutido.

Fue hasta 2020 cuando la Fiscalía General del Estado dio inicio a las labores de investigación, aunque, actualmente, no se cuenta con un boletín de búsqueda y, a decir de su tía, las pruebas que la familia ha llevado sobre los sospechosos no han sido tomadas en cuenta e incluso ellos ya no se encuentran en el estado.

La familia señala Omar como probable responsable de la desaparición, pero las autoridades ministeriales no han encontrado elementos que permitan imputarle ningún delito por esta causa.

La representante del Colectivo Voz de los Desaparecidos, María Luisa Núñez Baroja, aclara que no hay cifras homologadas para saber realmente la dimensión del problema, para saber con exactitud cuántas mujeres desaparecen en Puebla, mucho menos el porqué. Por ello las organizaciones toman sus datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como la plática con familias víctimas de este fenómeno que por diversas razones no cuentan con una denuncia formal y, por lo tanto, con ficha de búsqueda.

Según la Comisión Nacional de Búsqueda, entre 1964 y el 9 de mayo 2022, fecha de corte de este trabajo periodístico, en Puebla se reportaron como desaparecidas y no localizadas a 3 mil 917 mujeres, de las cuales 65.5 por ciento tenían entre 1 y 19 años de edad, siendo el grupo de edad que más padece este hecho.

Las mujeres de entre 20 y 29 años de edad representaron el 20.5 por ciento de las desapariciones, mientras que el grupo poblacional de 40 a 50 años acapara el 4.6 por ciento de los casos, siendo el porcentaje más bajo.

Hay que recordar que, con la finalidad de mejorar los procesos de búsqueda, en 2021 el Congreso del Estado aprobó la Ley de Búsqueda de Personas del Estado, ante la presión que ejercieron familiares del colectivo de desaparecidos. La ley es una armonización a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, ambas federales, sin embargo, Hernández León señala que se avanza a paso lento, ya que desde su perspectiva esa legislación local no ha rendido frutos.

“Vemos que la ley avanza con problemas, la asignación de recursos es uno de ellos, porque se han destinado a comprar equipamiento que no es primordial para realizar búsquedas, además, existe un distanciamiento entre la institución y los integrantes del colectivo. Aunque se debe de trabajar de la mano, esto no pasa, falta colaboración y afecta una búsqueda exitosa”, finaliza.

El 4 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un convenio que otorga un subsidio de 18 millones 868 mil 175 pesos al gobierno de Puebla que tendrá como objetivo establecer acciones para la búsqueda y localización de personas desaparecidas en el estado.

La entidad deberá aporta un millón 886 mil 817 pesos, por concepto de coparticipación. Es decir, Puebla contará con un total de 20 millones 754 mil 992 pesos para fortalecer las acciones en esta materia, por primera ocasión.