El involucramiento del Ejército en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la simulación en las investigaciones por parte de autoridades fue confirmada este lunes por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI).

Al presentar su Tercer Informe relacionado con la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 y 27 se septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, las y los expertos señalaron que lo presentado por este grupo de expertos independientes se basa en fuentes documentales a las que se ha tenido acceso, documentos del Cisen, Sedena y también por el trabajo de la unidad especial de investigación del caso Ayotzinapa.

En este sentido, indicaron que se encontró información sobre que los militares del 27 batallón de Iguala controlaban el C4, además de que existen contradicciones entre las sucesivas declaraciones de los integrantes del Ejército, que hubo investigaciones paralelas entre autoridades militares a las que todavía el GIE no han podido acceder.

Se identificó que hubo procesos disciplinarios al interior de las fuerzas armadas porque habían negado información relevante, como que algunos de los integrantes del 27 batallón habían acudido a las barandillas donde estaban detenidos los estudiantes normalistas.

Así como un cúmulo de información sobre la existencia sistemática de las torturas a las que hasta ahora se tuvo acceso.

Aunque señaló que todavía faltan documentos que se les deben entregar a los expertos por parte de las autoridades, al tiempo que se han insistido en su obtención, los expertos señalaron que este tercer informe se divide en tres segmentos:

1. Sobre el seguimiento que hubo desde distintos aspectos vinculados al caso
2. El ocultamiento de información y la construcción de la llamada verdad histórica
3. Sobre las recomendaciones y pasos a seguir

En un primer aspecto se dijo que se ha confirmado que hubo dos operaciones de inteligencia y seguimiento a los 43 normalistas al menos dos días antes de su desaparición. A dicho seguimiento que se le denominó “histórico o contrainsurgente”, tenía como objetivo las actividades de los estudiantes, por una orden expresa por parte de autoridades militares de dar seguimiento a los movimientos de los estudiantes.  

Asimismo, se detalló que las autoridades en aquel momento contaban con información prácticamente minuto a minuto de lo que estaba ocurriendo la noche del 26 y 27 de septiembre, pues obtenían información desde el Centro de coordinación Guerrero Seguro (C4).

Mientras que se confirmó la infiltración de militares en el contingente de los normalistas. Según los expertos, se identificaron a diversas personas siguiendo el trayecto de los estudiantes, al tiempo que había supuestos estudiantes que iban en los autobuses, pero que estaban infiltrados, «había agentes de inteligencia, como los llaman los grupos militares, como fachada”, se dijo.

También se indicó que uno de los hallazgos más importantes, ya que era información que siempre se negó, es que todas las autoridades que estaban trabajando en el centro de coordinación Guerrero Seguro; autoridades federales, estatales y militares, contaban con información muy pormenorizada de las actividades de trasiego, siembra, cultivo, y de fabricación de heroína y amapola en la región, incluido el trasiego en autobuses.

Por lo que sabían sobre este tipo de ilícitos a través de autobuses y que no era novedad. También se advirtió sobre la intervención de comunicaciones en tiempo real, tanto por autoridades en Iguala como a nivel nacional, información que daba cuenta sobre lo que estaba ocurriendo en el momento de la detención y posterior desaparición de los estudiantes.

El GIEI dijo también que obtuvo por primera vez varios videos que estaban en poder de la Semar sobre el caso. En uno de ellos se muestran operaciones por aire y tierra que hasta ahora no habían sido incluidos en las pesquisas oficiales.

En uno de ellos se observa a supuestos efectivos militares manipulando bultos que sacan de dos camionetas a un basurero de Cocula, donde autoridades mexicanas dijeron inicialmente que los estudiantes fueron incinerados y sus restos arrojados a un río.

Luego se ve a otros agentes encender una hoguera, en la misma zona. La grabación fue fechada un mes después de la desaparición de los estudiantes, según el nuevo informe.

Los investigadores dijeron que había más de 100 horas de videos, pero que se concentraron en revisar los del 27 de septiembre.

La versión de que ellos fueron incinerados en una enorme hoguera, y que el Gobierno anterior llamó la «verdad histórica», fue desechada poco después por los expertos del GIEI, quienes comenzaron a coadyuvar en el caso en 2015 luego de varias denuncias de irregularidades en la investigación oficial.

El grupo de especialistas aclaró que para obtener el nuevo material y otros documentos en manos de militares y fuerzas de seguridad fue necesario pedir la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador.

«La destrucción y pérdida de información y la falta de respuesta durante tres años después de la salida del GIEI en 2019 han hecho todo el trabajo más complicado y comprometen gravemente las posibilidades de un pleno esclarecimiento del caso», admitió el GIEI. «Algunas personas clave que intervinieron han muerto o han sido asesinadas», agregó.

En 2019 el gobierno actual dijo que la investigación sería reiniciada de cero. Hasta ahora nada se sabe del paradero de los estudiantes, visto como uno de los casos más atroces ocurridos en los últimos años.