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Diputados eligen cuatro perfiles para integrar la Comisión de Búsqueda

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Serán cuatro los perfiles que el Congreso de Puebla votará para que integren los puestos honorarios del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de Personas del estado: dos serán familiares de personas desaparecidas, y los dos lugares restantes serán ocupados por especialistas con experiencia en la defensa y protección de Derechos Humanos.

La decisión fue tomada por las y los legisladores que integran las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y Procuración y Administración de Justicia, de la LXI legislatura del congreso estatal, este viernes 11 de marzo. De esta forma, el acuerdo será enviado próximamente al Pleno para someterlo a votación y a su eventual aprobación definitiva.

Como resultado de las comparecencias realizadas por los legisladores de dichos órganos colegiados parlamentarios, el pasado 4 de marzo, se determinó que de los 10 aspirantes que buscaban representar el bloque de familiares en ese cuerpo honorario, dos lograron acreditar todos los criterios de evaluación fijados por la soberanía legislativa: Paloma del Carmen Cabrera Camargo y Gilberto Cabrera Barrón.

Cabrera Camargo es prima de Paulina Camargo Limón, una joven que tenía 19 años de edad cuando fue reportada como desaparecida el 25 de agosto de 2015, en Puebla capital, poco después de haber salido a tomar un café con José María Sosa, su expareja, a quien la justicia poblana le adjudicó los delitos de homicidio y aborto, pues la joven tenía meses de embarazo cuando desapareció.

Por su parte, Cabrera Barrón, integrante del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, es padre de Gerzahín Barrón González, desaparecido en el municipio de Huauchinango, el 8 de mayo de 2020.

En relación al producto final de las evaluaciones, el diputado morenista Fernando Sánchez Sasia, de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, lamentó que sólo pudieran ser elegidos dos perfiles, pues consideró que todos los aspirantes tienen lo que se necesita para asumir el cargo: “Para mí todos son ganadores (…), todos tienen mi reconocimiento y solidaridad por la pena que enfrentan”, declaró.

A ese mismo pronunciamiento se sumaron las voces de las diputadas Mónica Silva Ruiz (PT), Mónica Rodríguez Della Vecchia (PAN), y del diputado Eduardo Castillo López (Morena).

Respecto a la elección de los especialistas que integrarán el panel honorario del organismo público de búsqueda de personas, los legisladores tomaron en cuenta los siguientes requisitos: formación académica, experiencia y trayectoria laboral en materia de protección y defensa de los DDHH, búsqueda de personas desaparecidas, reconocimiento público, exposición de argumentos, la presentación de un ensayo y la capacidad de responder a los cuestionamientos de los diputados, principalmente.

En ese tenor, se dio a conocer que los integrantes de ese bloque de expertos estará conformado por Lidia Islas González, Maestra en Derecho Constitucional y Amparo, por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); y por Rivers Emmanuel Morales Salazar, quien de acuerdo con registros públicos, es licenciado en Ingeniería en Biotecnología, por la Universidad Politécnica de Puebla.

Finalmente, la petista Silva Ruiz, presidenta de la comisión de Gobernación, mencionó que al ser puestos honoríficos, ninguna de las personas que integrarán ese cuerpo ciudadano recibirán remuneración por sus servicios: “Lo hacen con la absoluta convicción de poder integrarse a los trabajos en pro de las personas desaparecidas”, insistió.

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Congreso de Puebla aprueba el «Plan B»: El Cabildo de la capital y ayuntamientos tendrán menos regidores

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Puebla, Pue. — En una sesión extraordinaria de la LXII Legislatura, el Congreso del Estado de Puebla aprobó por mayoría la homologación de la legislación local con la reforma electoral federal —conocida como el «Plan B»— impulsada a nivel nacional. Con esta modificación, la estructura de los cabildos en los 217 municipios del estado se ajustará formalmente al tamaño poblacional reportado por el INEGI.

La medida modifica diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal y del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla (COIPEP), estableciendo un límite máximo de 15 regidurías por ayuntamiento en todo el territorio estatal.

¿Cómo queda conformado el Cabildo de Puebla capital?
El impacto más notable de esta nueva normativa recae sobre el municipio de Puebla (la Angelópolis), que actualmente operaba con una plantilla robusta de regidores. Tras la aprobación del dictamen, el cuerpo edilicio de la capital sufrirá un recorte drástico:

De 23 a 15 integrantes totales: El Cabildo pasará de tener 23 figuras a un máximo de 15.

Nueva distribución: Estará integrado por una presidencia municipal, una sindicatura, 11 regidurías de mayoría relativa y hasta 4 regidurías de representación proporcional.

Esto representa una disminución directa de ocho regidurías en el gobierno de la ciudad.

Nueva integración de Cabildos según la población
El decreto avalado por los diputados locales establece rangos poblacionales basados en el Censo de Población y Vivienda del INEGI para definir la cantidad exacta de regidores en el resto de los municipios poblanos:

Más de 90 mil habitantes: Una presidencia municipal, una sindicatura, 8 regidurías de mayoría y hasta 4 de representación proporcional.

De 60 mil a 90 mil habitantes: Una presidencia municipal, una sindicatura, 8 regidurías de mayoría y hasta 3 de representación proporcional.

Menos de 60 mil habitantes: Una presidencia municipal, una sindicatura, 6 regidurías de mayoría y hasta 2 de representación proporcional.

Austeridad y argumentos del Pleno
Durante la discusión en el Pleno, los legisladores señalaron que esta armonización busca generar esquemas de mayor austeridad gubernamental, optimizar el uso de los recursos públicos en las administraciones municipales y transparentar el ejercicio de la representación ciudadana apegándose a los lineamientos federales de contención del gasto corriente.

El dictamen fue aprobado con 26 votos a favor, turnándose a los trámites subsecuentes para su publicación oficial y entrada en vigor de cara a los próximos procesos de organización administrativa en la entidad.

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Puebla se mantiene entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad en el país: INEGI

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El 81.3% de la población de 18 años y más que habita en la capital poblana considera que vivir en su ciudad es inseguro, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con este porcentaje registrado en junio de, la Angelópolis se coloca nuevamente en las posiciones más altas a nivel nacional, superando ampliamente el promedio general del país, que se ubicó en el 59.8% entre las 91 áreas urbanas evaluadas.

Sin cambios significativos frente a mediciones previas

El estudio estadístico muestra que la cifra se mantiene prácticamente estática en comparación con el trimestre anterior (marzo), cuando alcanzó el 81.5%. Del mismo modo, al contrastarlo con el mismo periodo del año previo (junio de 2025, cuando reportó 84%), el INEGI determinó que las variaciones no son estadísticamente significativas, evidenciando que el sentimiento de vulnerabilidad de los poblanos se mantiene en una meseta alta.

A nivel nacional, la percepción de inseguridad se concentró en ciudades como Irapuato (Guanajuato), Culiacán (Sinaloa) y Reynosa (Tamaulipas), mientras que Puebla se encuentra en los peldaños críticos junto a demarcaciones como Chilpancingo y Cuernavaca.

¿Dónde se sienten más inseguros los poblanos?

La ENSU detalla cuáles son los espacios físicos y situaciones urbanas donde la ciudadanía experimenta mayor temor al realizar sus actividades cotidianas:

  • Cajeros automáticos en la vía pública.
  • Calles habitualmente transitadas.
  • Transporte público.
  • Carreteras de la región.

Asimismo, el informe destaca que durante el segundo trimestre del año, el 51% de los habitantes de la capital reportó haber tenido algún tipo de conflicto o enfrentamiento directo con vecinos, familiares, compañeros de trabajo o autoridades, reflejando tensiones latentes en el tejido social de la ciudad.

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Exigen auditoría forense y castigo a Eduardo Rivera Pérez por irregularidades en la Avenida Juárez

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El exalcalde de la capital poblana y militante del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Rivera Pérez, deberá enfrentar un nuevo proceso de fiscalización ante las instancias correspondientes tras los señalamientos por el manejo de recursos públicos durante su gestión municipal.

La solicitud fue formalizada por la diputada federal Nora Merino Escamilla, quien exigió de manera directa que se investigue y se castigue la presunta corrupción vinculada a la obra de rehabilitación de la Avenida Juárez, un proyecto insignia de su administración que presentó severas anomalías financieras y técnicas.

Piden una «auditoría forense» por 55.7 millones de pesos

El núcleo de la denuncia se centra en la millonaria obra de remodelación de la Avenida Juárez, la cual tuvo un costo total de 55.7 millones de pesos.

De acuerdo con los señalamientos de la legisladora, dicha obra acumuló múltiples irregularidades que no pueden quedar impunes, por lo que urgió a la intervención formal

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