La audiencia de inicio de juicio por el homicidio del periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández registró un nuevo aplazamiento de acuerdo con lo que informó su hija Diana Luisa Ramírez, quien también lamentó la dilatación en la aplicación de justicia y el actuar que han mostrado los funcionarios de menor nivel los cuales han mostrado clara empatía con los abogados de los imputados en caso.

Indicó que originalmente la audiencia estaba programada para el pasado 30 de octubre, pero posteriormente esta se aplazó hasta el 18 de noviembre, por lo que tampoco se tiene la certeza de que este día se lleve a cabo.
Mencionó que estos cambios de última hora en las audiencias no solo es un retraso a la impartición de justicia, sino también significan un desgaste emocional para su familia, así como gastos económicos y tiempo invertido.

La también abogada señaló que el expediente de juicio de su padre cuenta con más de 50 pruebas entre periciales, declaraciones de testigos, videos e información que se van a desahogar en el juicio.

Comentó que tras notificarle que la audiencia de juicio se había reprogramado, nuevamente se le citó para que se presentarán a otra audiencia para la revisión de pruebas, bajo la advertencia de que si no se acudían podrían ser sancionadas con una multa, pero la sorpresa es que cuando acudieron resultó que dicha citación, no estaba programa y por lo tanto se canceló.

Expresó que se ha observado la falta de tacto del auxiliar del juez, quien ignoró prácticamente a la parte agraviada, mientras que con los abogados defensores de los presuntos homicidas se registró un trato diferente, lo cual dijo es una falta de respeto y hasta de sospecha de favoritismo.

Diana Luisa mencionó que el proceso penal se complica también por cuestiones estructurales del sistema judicial poblano, ya que el Tribunal de Enjuiciamiento del Estado, cuenta con apenas siete jueces, lo que causa que ante tantos casos podría derivarse los constantes aplazamientos en la audiencia.

Cabe mencionar que el periodista Marco Aurelio Ramírez fue ultimado el 23 de mayo del 2023 mientras que conducía su vehículo en el fraccionamiento Agua Blanca, por lo que hay dos hombres imputados en el caso José Francisco “N” y Jesús Armando “N”, alías “El Güero”.

Un grupo de personas que llevó a cabo una manifestación por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, y del líder limonero, Bernardo Bravo, incendiaron el Palacio de Gobierno de Apatzingán.

Fue el pasado lunes por la tarde cuando un grupo de personas llevaron cabo dicha manifestación, la cual se salió de manera inmediata de control y comenzaron a lanzar piedras contra la sede del gobierno municipal y tras irrumpir al edificio prendieron fuego al mobiliario.

Los inconformes exigían justicia y denunciaban la falta de resultados en la investigación por el homicidio de ambos activistas, quienes son reconocidos por su trabajo en defensa de los derechos de las comunidades indígenas y campesinas.

Cuando la marcha arribó al Palacio Municipal, varios de ellos irrumpieron al mismo y arrojaron bombas molotov, lo que provocó un incendio que consumió parte del archivo municipal y oficinas administrativas.

Cabe recordar que Michoacán ha vivido una jornada de protestas y movilizaciones en Uruapan, Pátzcuaro y Morelia, por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ocurrido el pasado fin de semana.

Estudiantes, ciudadanos y líderes sociales salieron a las calles para exigir que se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables.

Mientras se incendia el Palacio de Apatzingán, los jóvenes en Uruapan acaban de tomar las estaciones del teleférico con banderas de “Claudia Asesina”.

El Consejo Nacional de Nueva Derecha exigió la cancelación de la participación de México en el Mundial de Fútbol 2026 , argumentando que el país no garantiza condiciones de seguridad , especialmente tras el asesinato de Carlos Manzo , alcalde de Uruapan, Michoacán , ocurrido el pasado 1 de noviembre durante el Festival de las Velas .

Mediante un pronunciamiento firmado por su presidente, Raúl Tortolero , la agrupación de corte político-religioso afirmó que este crimen evidencia “la total revisión del Estado mexicano ” y criticó severamente la ineficacia de las fuerzas de seguridad .

Según el documento, Manzo contaba con “decenas” de escoltas asignadas por el Gobierno federal , lo que, a juicio de la organización, demuestra la vulnerabilidad incluso de los funcionarios protegidos oficialmente. “Estamos ante la completa inutilidad de las fuerzas de seguridad , o ante su complicidad con el terrorismo de los cárteles ”, sentenció el comunicado.

La organización también acusó que la ausencia de resultados en seguridad y justicia ha generado un ambiente generalizado de violencia e impunidad en el país, lo que pone en riesgo tanto a la ciudadanía como a los eventos internacionales programados en el territorio nacional. “ Habría que reflexionar si debemos seguir financiando con nuestros impuestos al crimen organizado disfrazado de gobierno ”, cuestionó el Consejo.

Asimismo, sostuvo que mientras no existan garantías reales de seguridad y soberanía , México no debería participar en encuentros internacionales que proyecten una imagen de estabilidad. “ México no puede seguir fingiendo normalidad y democracia ante el mundo ”, concluyó la agrupación, exigiendo justicia tanto por el homicidio del edil como por todas las víctimas de la violencia en el país.