Desde el Congreso de Puebla, el Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría”, de la Universidad Iberoamericana, así como organizaciones civiles, se unieron para exigir respuestas al gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta sobre el bebé encontrado muerto en el penal de San Miguel, y demandar a la Fiscalía General del Estado (FGE) que no haya impunidad.
A la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se le pide atraer el caso tras haberse retractado, y la FGE se le urge a realizar una investigación exhaustiva, ágil y rigurosa que esclarezca el origen y muerte del bebé de 6 días de nacido que contaba con una cirugía en el abdomen.
El 11 de enero se dio a conocer la ubicación del cadáver de un bebé en uno de los contenedores de basura del penal y, desde entonces, han trascendido diferentes versiones, entre ellas que el cuerpo se habría utilizado para ingresar droga y que provenía de una morgue de la Ciudad de México.
En tanto, este viernes se realizará una protesta a las 11 de la mañana en la entrada del penal de San Miguel para exigir respuestas al gobierno de Puebla y que no haya impunidad.
En la sesión de pleno del Poder Legislativo, la diputada Erika Patricia Valencia Ávila del Partido Acción Nacional (PAN), presentó un punto de acuerdo para exigir a la FGE que se investigue este caso y se ejerza la acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables.
La propuesta tuvo el respaldo de diferentes grupos parlamentarios al momento de la presentación, pero más tarde destacó una confrontación entre legisladores afines a Barbosa Huerta y los de oposición.
A la par, consideró “indignante” que el tema se use con un fin político por parte de algunos personajes, esto luego de que un día antes Mónica Rodríguez Della Vechia (del PAN), exigió investigar el caso.
La representante de Morena cuestionó que en su momento se guardó silencio por el caso de Chalchihuapan en la gestión del panista Rafael Moreno Valle Rosas, donde policías estatales hirieron de muerte al niño José Luis Alberto Tlehuatlie Tamayo durante una manifestación.“
Lo que me resulta realmente indignante es la mezquindad de algunos actores políticos que, por sacar una raja política de este tema, aprovechen el pedestal de la oposición para manipular y utilizar el fallecimiento de este menor en favor de su partido y para dar golpeteos a la actual administración”, reclamó.
En respuesta, Mónica Rodríguez subió a la tribuna a defenderse y explicar que cuando ocurrió el problema con los pobladores Chalchihuapan no tenía ningún cargo público como en este momento.
Agregó que al ser parte de la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez tiene la responsabilidad de abordar este tipo de temas
“Vamos a seguir insistiendo, como presidenta de la comisión de la familia y los derechos de la niñez aquí seguiré en esta tribuna señalando cualquier cosa que afecte a un niño, niña, adolescente o a la familia, no habrá nada que me detenga”, dijo.
Rafael Micalco Méndez, también de la fracción del PAN, pidió a sus compañeros dejar atrás el pasado y enfocarse en el presente con la finalidad de resolverlos problemas actuales, aunque aprovechó para asegurar que cuando ocurrió lo de Chalchihuapan estuvo al frente de Acción Nacional y tuvo oportunidad de hablar con los familiares de la víctima.
En su intervención, Roberto Solís Valle de Morena declaró que coincidía en que deberían enfocarse en generar acciones para resolver el asunto del bebé, pero no por ello se debería olvidar el pasado.
“No hay que politizar las cosas, mejor hay que poner las herramientas para que ayuntamientos, gobierno del Estado tengan mayores facultades para que sus policías y la fiscalía puedan actuar de manera correcta, hay muchas cosas que se pueden corregir y si bien es cierto que no vamos a estar mirando al pasado, tampoco se tiene que olvidar que es lo que pasó”.
La Universidad Iberoamerica, campus Puebla, exhortó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a atraer el caso ya que sí cuenta con facultades para hacerlo al constituirse una violación grave a los derechos humanos y trascender el interés de la entidad federativa.
El que la CNDH se haya retractado de atraer el caso como lo hizo en un inicio revela que las consideraciones políticas están por su obligación de velar por el respeto de los derechos.
En el caso de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la entidad, la casa de estudios consideró que el organismo tiene la oportunidad de recuperar su legitimidad e investigar correctamente el caso.
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