A través del programa “Las Lenguas Indígenas toman la tribuna del Congreso de Puebla”, el Poder Legislativo fortalece las raíces, identidad y riqueza cultural del Estado, además de promover espacios de diálogo donde los actores principales son los pueblos y comunidades indígenas.

Desde febrero de este año, a partir de un acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, se implementó este programa, que tiene como propósito contribuir a la conservación de las lenguas maternas, así como visibilizar la discriminación que se llega a presentar en contra de sus hablantes.

Por lo anterior y, con el objetivo de adoptar medidas institucionales ejemplares que contribuyan a la normalización del uso de lenguas originarias en los espacios públicos, así como fortalecer los principios de interculturalidad, igualdad sustantiva y no discriminación, este programa se realiza una vez al mes, previo a la sesión pública ordinaria.

Durante la primera actividad en el mes de febrero, las y los diputados recibieron a Juliana Sánchez Ulices, hablante de la lengua Tepehua, originaria de la comunidad de Progreso de Allende, Pantepec, en la Sierra Norte de Puebla.

Asimismo, en marzo, acudió a la tribuna del Congreso Karla Antonia Hernández Abasolo, quien representó a la lengua náhuatl, es originaria de la comunidad de Atexacapa, Eloxochitlán, en la Sierra Negra de Puebla. Mientras que en mayo visitó el Poder Legislativo para esta actividad Guadalupe García Hernández, del municipio de Huehuetla.

Desde la aprobación de este acuerdo, las y los diputados pusieron énfasis en que el Estado de Puebla se caracteriza por su diversidad cultural y lingüística, pues en su territorio habitan pueblos y comunidades indígenas cuyas lenguas maternas forman parte del patrimonio cultural, histórico y social de la entidad.

Para la realización del programa, la Junta de Gobierno y Coordinación Política recibe de la Comisión de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que preside la diputada Esther Martínez Romano, toda la información para garantizar que la participación de las personas hablantes de lenguas originarias se realice de manera puntual y que la misma sea con carácter cultural, lingüístico y de reconocimiento institucional.

La Comisión de Igualdad de Género, presidida por la diputada Xel Arianna Hernández García, aprobó el proyecto de dictamen para adicionar el artículo 25 Bis a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla.

El objetivo es armonizar la legislación estatal con el ordenamiento federal, a fin de incorporar principios rectores que faculten a las autoridades estatales para dictar órdenes de protección y garanticen la seguridad e integridad de las mujeres en situación de riesgo.

El proyecto de dictamen, elaborado a partir de la iniciativa de la diputada Xel Arianna Hernández García, adiciona el artículo 25 Bis a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla para establecer que las medidas u órdenes de protección deberán dictarse e implementarse con base en los siguientes principios: concentración, necesidad y proporcionalidad, confidencialidad, oportunidad y eficacia, accesibilidad, integralidad y pro persona.

En este sentido, la diputada Xel Arianna Hernández señaló que la propuesta legislativa representa una herramienta jurídica que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para mujeres e infancias víctimas de violencia, al garantizar procesos inmediatos bajo principios de transparencia y confidencialidad.

Durante el análisis del dictamen, la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez presentó una propuesta para modificar la redacción e incluir el término “niñas y adolescentes” en el artículo 25 Bis, fracción VII, la cual fue avalada por las integrantes del órgano colegiado.

A la sesión de la Comisión asistieron las diputadas Xel Arianna Hernández García, Ana Lilia Tepole Armenta, Leonela Jazmín Martínez Ayala, Ana Laura Gómez Ramírez y Kathya Sánchez Rodríguez.

El proceso para la designación de la consejería del Instituto Electoral del Estado y una consejería fue impugnado ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La impugnación derivo por revisiones parciales incompletas y presuntamente inconstitucionales en el examen que presentaron los aspirantes a la consejería y la presidencia del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla.

El promovente de la demanda SUP-JDC-302/2026 fue el aspirante a la consejería del IEE poblano, Juan Manuel Crisanto Campos, que pidió a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revisar inconsistencias en sus pruebas.

A decir de Crisanto Campos hubo una incorrecta revisión del examen que se le realizó a los aspirantes, acusando presuntas irregularidades por parte del personal de la Unidad Técnica de Vinculación del INE así como del personal del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, que fue la instancia encargada de aplicar la prueba.

A la par, señaló que también existió una negativa por parte de ambas instancias para cambiar el resultado del examen que le fue hecho.

Tras la impugnación, Felipe de la Mata Pizaña, magistrado ponente de la demanda SUP-JDC-302/2026, publicó el proyecto de sentencia que presentará en la sesión del próximo 10 de junio, en la que propondrá ratificar el resultado de Juan Manuel Crisanto.

El magistrado de la Sala Superior defendió la validez del resultado de Juan Manuel Crisanto, porque “contrario a lo que alega el actor, la responsable (CENEVAL e INE) hizo de su conocimiento los fundamentos de la Convocatoria que normaron la aplicación y revisión del examen, las razones por las cuales obtuvo la calificación”.

Reiteró que “resultan inoperantes las alegaciones del actor en las que señala que la revisión fue incompleta, pues únicamente se revisaron cinco reactivos y no se le otorgó tiempo para verificar la totalidad de la prueba, y que la misma está mal elaborada”.

Mata Pizaña recordó que los argumentos de Crisanto Campos “no basta para el efecto que el actor señale en la demanda los cuestionamientos que a su juicio estuvieron mal calificados, pues tal como se advierte del acta de la revisión correspondiente, los mismos fueron planteados por el actor en la revisión”.