En el marco de la revisión contractual de Volkswagen de México, los integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz (SITIAVW) iniciaron las votaciones en la planta de Cuautlancingo para aprobar o rechazar la propuesta de incremento salarial global del 10.04 por ciento ofrecida por la empresa. La consulta arrancó a las 04:30 horas y se mantendrá activa hasta las 18:00 horas, reuniendo el sufragio de miles de operarios.

Ante el riesgo de que la base trabajadora rechace la oferta económica y se concrete un estallamiento de huelga, la armadora alemana emitió un comunicado interno donde instruyó a su personal administrativo a trabajar bajo la modalidad de trabajo remoto a partir del 17 de septiembre. La compañía justificó la instrucción como un protocolo de prevención para evitar contratiempos operativos y garantizar la seguridad del personal administrativo.

Dentro del paquete de medidas preventivas, la representación directiva solicitó a sus colaboradores el retiro de objetos personales y activos de las instalaciones. Este proceso deberá gestionarse bajo los lineamientos institucionales y el procedimiento informático LP 204 en el sistema WODE, asegurando así un estricto control de propiedades ante el eventual cierre de accesos a la planta.

El convenio sometido a votación por el SITIAVW incluye un esquema inédito en la dinámica de negociaciones laborales de la empresa. De ser aprobado el incremento de este año, la próxima revisión salarial no ocurrirá en 2027, sino que se postergará hasta el 18 de febrero de 2028, mientras que la negociación de la totalidad del Contrato Colectivo de Trabajo se reagendará para febrero de 2029.

En caso de que la votación resulte desfavorable para el acuerdo, las normativas laborales vigentes estipulan un periodo de prórroga de cinco días hábiles para retomar las mesas de diálogo. De no lograr un punto de coincidencia en ese lapso de gracia, el movimiento de huelga paralizaría la producción de los modelos Jetta, Taos y Tiguan ensamblados en Puebla.

CIUDAD DE MÉXICO. — Con el propósito de combatir la evasión fiscal y frenar el uso de facturas falsas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso nuevas restricciones dentro del Paquete Económico. Sin embargo, las modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) establecerán límites generales a las deducciones autorizadas, medida que terminará impactando a las empresas formalmente constituidas y al corriente con sus obligaciones.

De acuerdo con lo expuesto por las autoridades hacendarias, las unidades económicas que registren ingresos superiores a 50 millones de pesos anuales y hayan reportado utilidades enfrentarán un tope en su facturación deducible. En los casos donde se superen los umbrales promedio, las empresas no podrán solicitar deducciones superiores al 96.7% de sus ingresos acumulables.

Para aquellos contribuyentes corporativos que manejan márgenes de deducción menores y no recurren a esquemas de planeación fiscal agresiva para reducir su tasa efectiva, se fijará un límite máximo del 99%. La estrategia busca cerrar las brechas normativas que aprovechan los despachos o entidades que simulan operaciones comerciales mediante la emisión de facturas apócrifas.

El paquete de reformas fiscales incluye además ajustes a la amortización de pérdidas fiscales acumuladas, limitándola al 50% de la utilidad fiscal de cada ejercicio. Para compensar esta restricción y evitar que los contribuyentes pierdan sus derechos adquiridos, el plazo legal para aplicar dichas deducciones e incorporar montos pendientes se ampliará de 10 a 20 años.

Adicionalmente, la propuesta gubernamental reduce el tope de deducción por intereses netos del 30% al 20% de la utilidad fiscal e introduce reglas más estrictas para los pagos al extranjero y la contratación de servicios. Con la implementación de este conjunto de candados tributarios, el Gobierno Federal proyecta obtener una recaudación adicional estimada entre los 130,000 y 140,000 millones de pesos.

El gobernador Alejandro Armenta Mier calificó como una falta de lealtad hacia la Cuarta Transformación que entre ocho y diez municipios del estado de Puebla mantengan convenios de comunicación con la empresa TV Azteca —entre ellos Puebla, Atlixco, Acatlán de Osorio y San Andrés Cholula—.

Durante su conferencia de prensa realizada en la Ciudad de México, el mandatario estatal señaló de manera contundente que estos acuerdos publicitarios, ya sean de carácter formal o informal, contravienen de forma directa los principios éticos y políticos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Armenta argumentó que dicha cadena televisiva se ha caracterizado por mantener una postura constante de descalificación sistemática en contra del proyecto de gobierno.

Aunque precisó que cuenta con datos preliminares sobre las demarcaciones involucradas, anticipó que será una dependencia de la administración estatal la encargada de transparentar la lista completa de los ayuntamientos con contratos vigentes.

Cuestionamientos a la línea política y gasto municipal

El Ejecutivo estatal cuestionó abiertamente que administraciones locales surgidas de la coalición oficialista destinen recursos públicos para financiar a un medio que critica permanentemente la gestión de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo:

“No lo concibo, la verdad no lo entiendo y yo no voy a dar una explicación porque yo estoy firme en mi tarea de comunicar. Cada quien que responda por sus actos”, aseveró.

En ese sentido, enfatizó que la dirigencia de la 4T debe evaluar el comportamiento político de las autoridades electas de cara a los próximos procesos electorales, exigiendo un estricto apego al código de ética, programa de acción y estatutos del partido.

Esta postura coincide con lo expuesto por el coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, quien denunció que TV Azteca intentó presionar al gobierno del estado para obtener contratos por $2,300 millones de pesos, presupuesto que la administración decidió no ceder.

Cifras del gasto publicitario en municipios

De acuerdo con información gubernamental, los montos invertidos por los ayuntamientos en cobertura de eventos y difusión institucional con la televisora desglosan de la siguiente manera:

• Puebla capital: El edil José Chedraui Budib asignó más de $13.16 millones de pesos de forma directa durante los ejercicios 2024 y 2025, aunque dio a conocer la cancelación del convenio para el presente año.
• Atlixco: La alcaldesa Ariadna Ayala Camarillo destinó un acumulado de $1.35 millones de pesos en el periodo 2024-2026.
• Acatlán de Osorio: En cabezado por Guadalupe Lucero Bárcenas, también figura entre las demarcaciones con registros de gasto publicitario con la firma mexicana.
• El origen de la disputa: Intento de extorsión y presiones mediáticas
  El trasfondo del distanciamiento entre el Ejecutivo estatal y la televisora radica en una fuerte disputa económica e institucional. El coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, reveló previamente que TV Azteca pretendía imponer a la administración estatal un convenio publicitario por un monto multimillonario de $2,300 millones de pesos.
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  Al negarse el gobierno de Puebla a ceder ante esta exigencia presupuestal —a la que calificaron abiertamente como un intento de extorsión y «cobro de piso»—, la cadena del empresario Ricardo Salinas Pliego emprendió una supuesta campaña de desinformación, ataques y «noticias fabricadas» dirigidas contra la gestión estatal. Ante esto, la postura de Armenta se sintetizó en un firme llamado a la dignidad gubernamental: «Puebla no está de rodillas y no vamos a ceder a presiones mediáticas». Asimismo, la administración estatal ha llegado a considerar acciones legales formales en contra de la firma.
  
  Cuestionamientos al gasto municipal y exigencia de disciplina política
  Con este antecedente de confrontación, el Ejecutivo estatal cuestionó abiertamente que administraciones locales surgidas de la coalición oficialista sigan destinando recursos públicos a un medio que no solo ataca al gobierno estatal, sino que embiste permanentemente la gestión de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo: