La percepción ciudadana de inseguridad en la capital poblana registró un incremento notable durante el tercer trimestre de 2026, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El estudio reveló que el 84.5 por ciento de los habitantes de la ciudad de Puebla se sienten inseguros en su municipio, lo que representa un repunte del 3.2 por ciento respecto al 81.3 por ciento reportado en junio del mismo año y escalando de la octava a la cuarta posición a escala nacional entre las áreas urbanas evaluadas.

El informe detalla que este porcentaje se encuentra significativamente por encima del promedio nacional, ubicado en el 58.1 por ciento. Entre los espacios donde la población percibe mayor vulnerabilidad destacan el transporte público, que subió al 89.2 por ciento; los cajeros automáticos en la vía pública con el 88.5 por ciento; y las calles con el 79.2 por ciento. Asimismo, la encuesta arrojó que una gran parte de los ciudadanos considera inefectivo al gobierno local para resolver las problemáticas de seguridad que aquejan a la demarcación.

Alejandro Armenta y José Chedraui Sostienen Reunión Privada en Medio de Tensiones Políticas de Cara al 2027

El gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, y el presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, sostuvieron un encuentro privado en las instalaciones del Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis, con el objetivo de revisar los montos y proyectos de inversión estatal destinados a la capital. La reunión se llevó a cabo tras semanas de tensiones políticas y diversos diferendos públicos entre ambas administraciones gubernamentales.

Las fricciones institucionales se habían intensificado debido a reclamos relacionados con la falta de atención municipal en el bacheo de calles, la escasez de apoyo vial por parte de agentes de tránsito en zonas de obra estatal y los retrasos iniciales en los permisos para obras de infraestructura metropolitana. Asimismo, el encuentro sirvió para limar asperezas ante las diferencias surgidas por proyectos de inversión en los barrios fundacionales y la planeación de cara al próximo proceso electoral de 2027.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó formalmente una acusación en contra de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, identificado por las autoridades mexicanas como un operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con actividades ilícitas en entidades como Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Tabasco. El señalamiento judicial emitido por un gran jurado federal en el Distrito de Columbia se centra en su presunta responsabilidad en delitos de tráfico internacional de cocaína y metanfetamina.

De acuerdo con el informe difundido por las instancias estadounidenses, el operador criminal habría trabajado durante dos décadas para expandir las capacidades operativas de la organización delictiva, empleando tácticas de violencia e intimidación. Asimismo, el expediente judicial incluye cargos por la posesión de armas de fuego vinculadas de manera directa a actividades de narcotráfico, advirtiendo que en caso de ser hallado culpable podría enfrentar penas severas que van desde un mínimo de 40 años hasta múltiples cadenas perpetuas.

La formulación de estos cargos se da a conocer semanas después de que las fuerzas federales de seguridad en México concretaran la captura de Cazarín Molina durante un operativo táctico desplegado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Las investigaciones ministeriales lo ubican históricamente dentro del primer círculo de colaboración del fallecido líder criminal Nemesio Oseguera Cervantes, además de relacionarlo con diversos delitos graves como homicidio, extorsión, secuestro, robo de hidrocarburos y lavado de dinero.

A nivel nacional, el pasado 14 de octubre un juez federal dictó auto de vinculación a proceso en contra de “El Tanque” por los delitos de delincuencia organizada, secuestro, portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y delitos contra la salud. Tras su aprehensión, el presunto mando criminal fue recluido bajo estrictas medidas de seguridad en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, conocido como el penal del Altiplano, en el Estado de México.

Aunque la fiscalía norteamericana no ha emitido por el momento una solicitud formal de extradición para juzgarlo en su territorio, el gobierno de Estados Unidos reiteró su compromiso de colaborar en el combate a las estructuras criminales transnacionales. Con estas acciones, las autoridades de ambos países buscan desmantelar las redes financieras y operativas de los principales cárteles que impactan la seguridad en las regiones del centro y sur de la República Mexicana.

MLC

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) lograron el aseguramiento de un predio en el estado de Nuevo León tras descubrir una excavación clandestina acondicionada como túnel, la cual se encontraba peligrosamente cerca de las líneas de conducción de hidrocarburos de Petróleos Mexicanos. El operativo se derivó de investigaciones previas relacionadas con delitos contemplados en la ley federal en la materia.

La diligencia judicial fue ejecutada por agentes de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, con el respaldo operativo de elementos de la policía municipal de Apodaca. Las autoridades intervinieron en un terreno ubicado sobre una brecha en la colonia Cosmópolis, donde ubicaron la estructura subterránea que presuntamente sería utilizada para la extracción ilegal de combustible.

Durante la inspección técnica del sitio, los peritos forenses y ministeriales midieron las dimensiones exactas de la excavación clandestina, calculando aproximadamente 4.75 metros de largo, 1.60 metros de ancho y 1.47 metros de alto. Los informes preliminares de la fiscalía confirmaron que el túnel se encontraba a una escasa distancia de 20 metros del paso de los ductos principales de Pemex, representando un riesgo latente de tragedia por tomas clandestinas.

El inmueble intervenido quedó bajo estricto resguardo federal y fue puesto formalmente a disposición del Ministerio Público de la Federación. La representación social, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional en la entidad, continuará integrando la carpeta de investigación correspondiente para fincar responsabilidades en contra de quienes resulten involucrados en esta red de extracción ilícita.

Las acciones forman parte de la estrategia permanente implementada por las dependencias de seguridad nacional para inhibir el robo de combustible en puntos estratégicos del país. Con este aseguramiento, las autoridades federales frenan una potencial operación delictiva que amenazaba tanto la infraestructura energética como la seguridad de los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey.