Un hombre murió tras ser atacado a balazos, aparente de forma directa la tarde de este sábado 23 de mayo en la colonia Miguel Hidalgo, de la ciudad de Puebla. Los responsables se dieron a la fuga y, de acuerdo con información preliminar, el hecho podría estar relacionado con un ajuste de cuentas. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) continúa con las investigaciones.

De acuerdo con reportes policiales, vecinos de la Avenida 16 de Septiembre, en la colonia mencionada, llamaron al número de emergencias 9-1-1 tras escuchar detonaciones por arma de fuego.

Además, informaron que un hombre se encontraba tirado en el piso con lesiones en la espalda, por lo que solicitaron apoyo, ya que desconocían su estado de salud.

En respuesta, al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla capital, paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) y personal del Ejército Mexicano.

Ahí, las autoridades confirmaron que la víctima, quien hasta el momento no ha sido identificada, ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones sufridas. El cuerpo fue cubierto con una sábana para evitar su exposición ante los transeúntes y automovilistas que circulaban por la zona. 

Según testigos, los responsables fueron dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta negra con blanco. Ambos vestían ropa oscura y, tras cometer el ataque, huyeron con dirección a la autopista México – Puebla. 

Abogados litigantes en el estado de Puebla han destapado lo que califican como una «auténtica denegación material de justicia» y un esquema de protección institucional dentro del Poder Judicial del Estado.

Los litigantes César Pineda Zárate y Maurilio Vázquez Diego denunciaron formalmente al presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez Hernández, por paralizar de forma deliberada las quejas administrativas interpuestas en contra de la jueza de control de Cholula, Karla Ivonne Munguía Olmos.

De acuerdo con los expedientes institucionales, la jueza Munguía Olmos ha omitido y dilatado de manera sistemática la celebración de la audiencia inicial dentro de la causa penal 757/2025/CHOLULA, correspondiente al delito de despojo, donde se encuentra involucrada una persona con discapacidad en calidad de victima; una conducta que, según los denunciantes, busca beneficiar directamente a integrantes del denominado «cartel inmobiliario» en la región.

Esta parálisis procesal ocurre a pesar de que el gobernador del estado impulsó y concretó reformas legales específicas para perseguir penalmente y desarticular las operaciones ilícitas de las mafias inmobiliarias en la entidad.

Consejo de la Judicatura: de órgano disciplinario a «escudo de impunidad»
Ante las irregularidades cometidas por la juzgadora, los litigantes promovieron los recursos disciplinarios de queja correspondientes, los cuales quedaron radicados bajo los números de expediente administrativo 321/2026 y 350/2026. Sin embargo, el consejero presidente Pedro Antonio Martínez Hernández, ha bloqueado el trámite legal de ambos casos promovidos en contra de la jueza de control Karla Ivonne Munguía Olmos para frenar audiencias por el delito de despojo.

«La autoridad recibió las quejas y les asignó número, pero desde ese momento cayeron en un silencio absoluto ya desde hace varios días que se presentaron dichas quejas, pues no han movido un solo dedo. No hay acuerdos, no hay notificaciones, ni una sola actuación material encaminada a investigar», señalaron los litigantes. Asimismo, afirmaron que al constituirse en las oficinas de la Presidencia del Consejo para exigir el avance procesal, el magistrado Pedro Antonio Martínez Hernández se niega a recibirlos bajo el argumento del personal de su secretaría de que «nunca está en su oficina».

Llevan el caso a la justicia federal mediante juicio de amparo

Ante el blindaje institucional, el abogado César Pineda Zárate acudió a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo en el Estado de Puebla para interponer una demanda de amparo indirecto en contra del presidente del Consejo de la Judicatura.

En el cuerpo del juicio constitucional se argumenta la violación flagrante a los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acusando que la inactividad del Consejo no es una simple demora burocrática tolerable, sino una transgresión al acceso efectivo a la justicia.

«Las responsables no cuentan con facultad discrecional para decidir si tramitan o no una denuncia administrativa válidamente presentada; la ley les impone un deber jurídico concreto de actuación», sostiene la demanda de amparo.

Exigen inspección judicial en las oficinas del Poder Judicial

Como medida contundente para romper el bloque de opacidad, la defensa ha solicitado formalmente al juez de distrito la ejecución de una Inspección Judicial física y electrónica en las instalaciones del Consejo de la Judicatura del Estado.

Con esta prueba, se busca que un actuario federal certifique directamente la ausencia total de acuerdos y la congelación material de los expedientes 321/2026 y 350/2026. Los quejosos han solicitado además la suspensión con efectos restitutorios para obligar de manera inmediata al magistrado Pedro Antonio Martínez Hernández a reactivar los procedimientos de responsabilidad administrativa y dejar de encubrir penal y disciplinariamente a los funcionarios señalados. Con esto, el Poder Judicial del Estado enfrenta una de sus crisis de credibilidad más severas en el combate a la corrupción inmobiliaria.

En un duro cuestionamiento a su perfil, los denunciantes señalaron que el consejero presidente carece de la trayectoria necesaria para el cargo, pues de acuerdo con registros oficiales de la SEP, obtuvo su cédula de Derecho por una universidad de poco calado denominada IEU apenas en 2018.

A decir de los litigantes, este corto historial derivado de una institución privada comercial evidencia una falta de experiencia y rigor legal que explica el desaseo institucional en el manejo de las quejas, ya que si bien la ley no prohíbe el desempeño de dicho cargo con base en la temporalidad del otorgamiento de su cédula, moralmente resulta una burla para la sociedad y las instituciones encargadas de impartir justicia.

La Fiscalía General de la República (FGR) atribuye a la organización delincuencial liderada por los hermanos Farías Laguna —sobrinos políticos del extitular de la Secretaría de Marina Rafael Ojeda Durán— la muerte de tres marinos y una exempleada de la Fiscalía General de Colima.

En la solicitud de la orden de aprehensión contra 14 personas acusadas por delincuencia organizada y algunas por contrabando, cuya reformulación pidió la juez de Control Mariana Vieyra Valdés, la FGR expone que la célula delictiva recurre a métodos de extrema violencia para proteger sus intereses, al grado de que las personas que se niegan a colaborar o que intentan denunciar el modus operandi de la empresa criminal son privadas de la vida como mecanismo de intimidación, control y silenciamiento, a efecto de evitar su detección y desarticulación.

Las investigaciones refieren que la organización criminal del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien permanece en el penal de El Altiplano, y el contralmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina para su extradición a México, relacionados a una red de huachicol fiscal, podía identificar de manera inmediata a las personas que los denunciaban, así como anticiparse a las acciones de la autoridad, particularmente en las aduanas donde ejercían control

En el informe se identifican como víctimas de ejecución al contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar; Magali Janet Nava Ramos, auxiliar B, adscrita a la delegación de la FGR en Colima; el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, y el capitán de navío Adrián Omar del Ángel Zúñiga.

“Quienes habrían sido privados de la vida por denunciar el funcionamiento irregular de esta empresa criminal, dedicada a ingresar ilícitamente hidrocarburos al territorio nacional mediante redes de corrupción en aduanas.

“De manera particularmente relevante, se involucra directamente a Fernando Farías Laguna y Manuel Roberto Farías Laguna con la muerte del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, elemento de la Secretaría de Marina, quien habría denunciado la existencia y operación de la red de huachicol fiscal que ambos lideraban”, detalla el expediente