En lo que va del año, se han solicitado mil 274 turnos para formular demandas de pensiones alimenticias en Puebla, las principales solicitantes son mujeres y el reto al que se enfrentan es a la negativa de los hombres para hacerse cargo de esta obligación, muchos padres culpan a la informalidad laboral, pero en otros casos llegan a renunciar a su empleo con tal de no retribuir a sus hijos.
Aunque pareciera un tema del pasado, las pensiones alimenticias siguen siendo un tema que llega de manera recurrente a los juzgados, tan sólo hay que recordar que Cecilia Monzón, la abogada que fue víctima de feminicidio, inició un proceso para solicitarle pensión alimenticia al priista, Javier López Zavala, quien es el padre de su hijo y también autor intelectual de su muerte.
El litigio aún no terminaba, sin embargo, nunca se concretó debido a su lamentable fallecimiento. Todavía el pasado 10 de mayo la también activista publicó un tweet que hacía referencia a esta pensión y decía lo siguiente:
“Por favor díganle al Notario Casco, quien por cierto merece todo mi respeto, que le explique a su cliente, que en realidad es el dueño de la notaría, que pagar lo que quiere y cuando quiere de pensión es un delito tipificado en el código penal de Puebla (…) La pensión es lo que fija el Juez, no lo que se le da la gana de pagar. Yo no tengo problema en entambarlo y hacerlo público. Como quieran quiero y como jueguen juego. A estas alturas de la vida, estoy más allá del bien y del mal”.
Cecilia no fue la única mujer en Puebla que solicitó esta pensión, pues el área de comunicación social del Poder Judicial, informó que, durante el periodo del 3 de enero al 10 de junio de este año, se han solicitado mil 274 turnos para la formulación de demanda de alimentos ante la Oficialía de Partes Común del Distrito Judicial de Puebla.
En suma, compartió que, para iniciar estos juicios, la parte solicitante debe presentar los siguientes requisitos: identificación oficial de la o el promovente, acta de nacimiento de la niña, niño o adolescente, acta de matrimonio, comprobante domiciliario, comprobantes de gastos, CURP del demandado y copia de todos los documentos.
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La pensión alimenticia es un pago periódico que un padre o madre tiene que hacer en beneficio de sus hijos tras terminar su relación o matrimonio. Como lo dice su nombre, el objetivo es contribuir a la alimentación de los hijos mientras sean menores de edad, pero si el niño sufre alguna discapacidad puede ser por mayor tiempo.
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Aunque estas pensiones las pueden solicitar tanto hombres como mujeres, las segundas son las que más requieren este servicio y el principal reto al que se enfrentan es a la negativa de los hombres para hacerse cargo de esta obligación, incluso, en algunos casos llegan a renunciar a su empleo con tal de no retribuir a sus niños.
En entrevista con este medio, Ernesto Muñoz, abogado litigante, explicó que lo primero que necesita una mujer para poder solicitar esta pensión es acreditar la relación que existía entre el padre y la madre. En este punto mencionó que no es necesario haber estado casados, aunque el Poder Judicial pide un acta de matrimonio.
Esto se puede acreditar con el acta de nacimiento del menor de edad y a partir de ahí se tiene que determinar el porcentaje que el padre tiene que dar, esto se dictamina por su sueldo, si tiene trabajo y la necesidad del menor.
Al preguntarle si estos procesos son largos respondió que varían, ya que para acreditar la necesidad de los alimentos se pueden presentar testigos, facturas o cualquier tipo de pruebas en donde se demuestre la necesidad de los alimentos y la recolección de todos estos datos dependerá del tiempo de cada persona.
También hay que solicitar un informe al patrón de la persona que se demandará y las empresas están obligadas a presentar estos informes, siempre y cuando lleven la autorización jurídica y si no los presentan pueden hacerse acreedores a una multa.
No obstante, si el padre no tiene trabajo, este proceso se complica, ya que el demandado puede argumentar que no tiene dinero para dar este beneficio. El abogado mencionó que algunos hombres dicen que físicamente no pueden trabajar, pero las solicitantes pueden pedir un informe médico para acreditar esos dichos.
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De igual modo, compartió que hay muchos casos en donde los hombres dejan su trabajo con tal de no dar esta pensión, aunque pareciera algo muy irresponsable y sacado de una novela, el litigante aseguró que sigue ocurriendo y es más frecuente de lo que se piensa. Esto se da, aunque en la mayoría de las veces el padre sólo debe otorgar el 30 por ciento de su salario.
Los precios para llevar este tipo de casos varían de los despachos, pueden ir desde los 8 mil hasta los 20 mil pesos dependiendo su complejidad. No obstante, recordó que hay defensores públicos que se pueden solicitar a través de la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres y el servicio deberá de ser gratuito.
Por su parte, la abogada Maricel Pichón recordó como se había mencionado anteriormente que este tipo de pensiones no sólo las pueden solicitar las mujeres, sin embargo, son ellas las que más las piden.
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Compartió que otro de los retos a los que se enfrentan las solicitantes es a la informalidad laboral, pues los padres llegan a ser taxistas, albañiles o se dedican a otras actividades en donde no hay seguro social y, por tanto, no hay un jefe que pueda expedirle información concreta de su sueldo.
La abogada comentó que los juicios de oralidad previo las demandas es algo que ha tomado fuerza en últimos meses y a pesar de que las mujeres les están dando otra oportunidad a los hombres para adquirir parte de su responsabilidad no llegan a las audiencias, dicen que nunca les avisaron o se amparan para no acudir.
Ya cuando llega la denuncia, varios hombres argumentan que no tienen dinero y muestra de ellos son sus trabajos que tienen, pues son empleos informales en donde no hay protección laboral. Pese a este panorama, señaló que el abogado debe de buscar una alternativa para que se pueda cumplir con las necesidades del menor.
“Si ellos quieren en los juicios de oralidad se arreglan estos problemas, pero si hay controversias y ellos dicen que no les alcanza ahí vienen los problemas porque ya no es tan inmediata la solución. De un juicio de oralidad que pudo haber sido sencillo se entra a un juicio de procedimiento normal y si no se tiene dinero la mujer puede ser asesorada por un defensor de oficio y luego aquí viene otro problema pues tiene que acreditar su solvencia económica”, concluyó.
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