Las y los 19 legisladores federales de Puebla pertenecientes a las bancadas de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) rindieron este lunes su Segundo Informe de Labores Legislativas. El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Auditorio de la Reforma, ubicado en la capital poblana, ante cientos de simpatizantes e invitados especiales.

El acto protocolario contó con la presencia del gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, y del coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila. Ambas figuras políticas reconocieron el trabajo coordinado de la representación poblana tanto en el ámbito de creación de leyes como en la gestión de recursos presupuestales para el estado.

Durante su intervención, la diputada federal Julieta Vences Valencia destacó que el trabajo legislativo del bloque se ha centrado en la justicia social, la democracia y la soberanía nacional. Entre los avances normativos resaltó las reformas encaminadas a garantizar el derecho humano al agua, el fortalecimiento de los programas sociales del bienestar y la iniciativa orientada a reducir la jornada laboral a 40 horas semanales.

Por su parte, la legisladora Claudia Rivera Vivanco puntualizó que este ejercicio colectivo de rendición de cuentas busca reafirmar la cercanía con la ciudadanía y el compromiso de trabajar en unidad por el desarrollo de Puebla. Asimismo, adelantó que las y los diputados federales se enfocarán en defender un incremento presupuestal para el estado dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.

En su turno al micrófono, el diputado Ricardo Monreal reconoció la cohesión del grupo legislativo poblano y adelantó que se proyecta una asignación presupuestal federal superior a los 128 mil millones de pesos para la entidad en 2027. Además, el proyecto contempla un incremento del 20.4 por ciento real en los Programas y Proyectos de Inversión destinados a rubros prioritarios como seguridad, salud, educación y bienestar familiar.

Trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) han tomado la decisión de aceptar de manera provisional el incremento salarial del 6 por ciento que se encontraba sobre la mesa de negociaciones, aunque manifestaron su firme intención de continuar las gestiones y mesas de diálogo necesarias para conseguir una mejora económica superior en beneficio de la base laboral.

La medida surge tras una serie de movilizaciones y paros de labores que se habían replicado en distintas oficinas del organismo a lo largo del país, donde el personal exigía mejores condiciones económicas frente al desgaste inflacionario. Los representantes sindicales señalaron que, si bien este porcentaje representa un avance en las conversaciones con la institución, las demandas de ajuste salarial seguirán siendo prioritarias en las subsecuentes mesas de revisión contractual.

Las autoridades del INE han reiterado su disposición al diálogo abierto con los trabajadores para garantizar la estabilidad operativa del instituto, especialmente de cara a los compromisos institucionales y los procesos organizativos venideros. Por su parte, la base trabajadora confía en que las mesas de trabajo posteriores rindan frutos favorables que permitan alcanzar las expectativas económicas planteadas desde el inicio de las protestas a nivel nacional.

Cientos de ciudadanos que acudieron a realizar diversos trámites ante las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) ubicadas en el municipio de Acatlán de Osorio se encontraron con las puertas cerradas, luego de que el personal sindicalizado se sumara formalmente a un paro de carácter nacional para exigir mejores condiciones laborales y económicas.

La suspensión total de actividades en este módulo, localizado frente al Centro Integral de Servicios (CIS) de la región mixteca poblana, forma parte de una protesta coordinada que afecta el funcionamiento de oficinas en al menos 20 estados de la República Mexicana. En la entrada principal del inmueble, los inconformes colocaron avisos informativos para notificar a la ciudadanía que la atención se reanudará de manera formal hasta el próximo jueves 20 de noviembre.

El origen de este movimiento laboral radica en la insatisfacción del personal administrativo y operativo respecto a sus percepciones salariales, especialmente después de que no prosperara una solicitud formal para obtener un incremento directo del 6 por ciento en sus sueldos. Ante este rechazo, los empleados decidieron articular una nueva demanda centrada en lograr que sus ingresos sean nivelados al equivalente de dos salarios mínimos vigentes.

Esta interrupción temporal de los servicios electorales ha generado contratiempos significativos para los habitantes de la zona que tenían programado recoger su credencial para votar, inscribirse por primera vez al padrón electoral o actualizar datos personales indispensables. Los usuarios afectados tendrán que esperar la conclusión del paro para reanudar sus gestiones administrativas en la demarcación.