PUEBLA, PUEBLA.— La Primera Sala en Materia Penal del Tribunal de Alzada del Estado de Puebla confirmó en segunda instancia la pena máxima de 60 años de prisión impuesta a Javier López Zavala, excandidato del PRI a la gubernatura de la entidad y exsecretario de Gobernación estatal, tras ser hallado culpable como autor intelectual del feminicidio de la activista y abogada Cecilia Monzón Pérez.

La resolución judicial también dejó firme la condena de seis décadas de cárcel para Jair Mauricio Domínguez y Silvestre Vargas, coautores materiales del crimen perpetrado el 21 de mayo de 2022.

Detalles de la resolución judicial

El fallo resolvió el Toca de apelación 19/2026, derivado del juicio oral 09/2025/JO/CENTRO-PONIENTE. Tras desestimar los recursos promovidos por los abogados defensores, los magistrados determinaron ratificar las sanciones principales impuestas por el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento:

Descuento de prisión preventiva: Se modificó únicamente el punto relativo al cómputo de la pena, especificando que el periodo que los tres sentenciados han permanecido bajo prisión preventiva desde su detención en junio de 2022 será descontado de los 60 años dictaminados.

* Sanción económica: Cada uno de los involucrados deberá saldar una multa equivalente a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), calculada con base en el valor de la unidad al momento de la comisión del delito.

Reacción de la familia Monzón

Helena Monzón, abogada y hermana de la víctima —quien ha dado seguimiento al proceso penal desde España— confirmó mediante sus redes sociales la ratificación del fallo judicial.

>“Se CONFIRMA que los responsables del feminicidio son Javier López, Jair Domínguez y Silvestre Vargas: 60 AÑOS de PRISIÓN”, expresó la activista.>

La representación legal de la familia y la Fiscalía General del Estado (FGE) continuarán con la revisión detallada del expediente para garantizar el cumplimiento íntegro de la ejecución de la sentencia.

La diputada local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de la Ciudad de México, Tania Larios, se convirtió en el centro de duras críticas y burlas en plataformas digitales tras protagonizar una manifestación donde intentó cuestionar a la administración en turno, pero terminó exhibiendo un notorio descuido de redacción. Durante la protesta, la legisladora sostuvo un cartel con la leyenda «No al fascisimo del bienestar», incluyendo una letra «i» innecesaria dentro del término «fascismo».

El fallo en la pancarta eclipsó el mensaje político que la legisladora buscaba transmitir y desató un intenso debate sobre la capacidad, el nivel de preparación y la formación básica de los representantes populares en el poder legislativo. Usuarios en redes sociales y opositores enfatizaron que el desconocimiento en la escritura elemental de un concepto clave en la teoría política desacredita el nivel académico necesario para un representante que ostenta un cargo público de alta responsabilidad.

Este incidente de redacción abrió la conversación respecto a las competencias mínimas con las que deben contar los representantes parlamentarios. Diversos analistas y ciudadanos señalaron que la incapacidad para revisar un escrito simple refleja una falta de rigurosidad profesional y deficiencias en la formación educativa básica, elementos que resultan alarmantes en figuras encargadas de legislar, debatir leyes e intervenir en la vida pública del país.

El tropiezo ortográfico de Tania Larios también revivió publicaciones pasadas de la legisladora priista que ya habían causado indignación pública por el tipo de lenguaje empleado en sus redes sociales, según consta en la cobertura realizada por el medio Los Reporteros MX. Con este descuido en su manifestación, la diputada sumó un nuevo episodio a las severas críticas sobre la idoneidad académica y el nivel metodológico con el que la clase política asume sus funciones legislativas.

Tras las recientes acciones judiciales promovidas por la alcaldesa Ariadna Ayala, el tesorero del ayuntamiento de Atlixco promovió un juicio de amparo ante un juzgado federal. La medida busca obtener la protección de la justicia frente a posibles órdenes de aprehensión o requerimientos de autoridades ministeriales dictados en su contra.

El recurso legal se suma a la serie de solicitudes presentadas por funcionarios y excolaboradores de la administración municipal en medio de investigaciones en curso. Con esta acción, la defensa del encargado de las finanzas locales intenta frenar cualquier mandato judicial que vulnerando su libertad personal mientras se resuelven los señalamientos en el ámbito administrativo o penal.

La presentación del amparo ha generado reacciones entre los integrantes del Cabildo y diversos sectores políticos del municipio, quienes exigen claridad en el manejo de los recursos públicos. La situación mantiene la expectativa en el ayuntamiento ante la posibilidad de nuevos requerimientos emitidos por los órganos de fiscalización.

Por su parte, los juzgados correspondientes evalúan la procedencia de la suspensión provisional solicitada por el servidor público. Se espera que en los próximos días las autoridades judiciales emitan una resolución que determine si se concede la protección cautelar solicitada por el tesorero.