Las tarifas son más políticas y no técnicas. La actualización de la tarifa es un costo político que no quieren asumir las autoridades”, acusaron concesionarios del transporte público en Puebla al solicitar un estudio técnico para analizar las carencias, deficiencias y oportunidades del sector con la finalidad de aplicar un incremento que ven “necesario”.
Las propuestas por parte de este sector es la actualización de la tarifa o en su caso pasarlo a un costo de 12 pesos, pero solo de acuerdo a un plan de negocios que podría reflejar una tarifa aún más alta y que, aseguran, tendrá beneficios para la sociedad con el mejoramiento de las unidades.
Buscan eliminar descuentos a estudiantes y tercera edad
Otra de las propuestas es eliminar los subsidios y homologar la tarifa de cobro de las unidades de transporte, es decir quitar el apoyo de dos pesos a estudiantes, cuatro pesos a personas de la tercera edad y cero pesos a las personas con alguna discapacidad.
Héctor Gordillo Álvarez, concesionario en Puebla, señaló que es necesario unificar la tarifa del pasaje y eliminar los beneficios a estos sectores de la población ante la falta de apoyo del gobierno estatal; sin embargo, acotó que de contar con el respaldo gubernamental podrían continuar los descuentos.
“Es necesario retirarlo [el subsidio]; sería mejor homologar la tarifa preferencial en una sola para poder tener una proyección a la que actualmente estamos desfasados. En 2011 incrementó un peso, de cinco pasó a seis pesos la tarifa; en 2019 incrementó dos pesos con 50 centavos, pero a los cuatro días de este anuncio nos impusieron el descuento de estudiantes, sin estudio técnico que nos perjudicó”, acotó.
Descuentos impiden mejoras: “estudiantes tienen apoyos; transportistas, no”
Con el argumento de que crecieron las aportaciones para los apoyos económicos, becas a estudiantes y otros beneficios que otorga el gobierno federal, los concesionarios pidieron la consolidación de una tarifa única, ya que los conductores no cuentan con el subsidio para solventar el pago de estos descuentos que otorgó el gobierno estatal sin consultar al gremio.
“12 pesos sería un incremento para el transporte público de acuerdo a un plan de negocios que refleja una tarifa más alta, pero este será un beneficio para la sociedad y que el gobierno del estado actualice la tarifa es un costo político al que no le entran, pero no tenemos ninguna respuesta”, comentó.
Gordillo Álvarez explicó que desde hace 18 años no se ha modificado la tarifa para las personas de la tercera edad y hace cuatro años, la gestión de Miguel Barbosa Huerta autorizó sin consulta de los concesionarios otorgar un descuento al pasaje de los estudiantes.
En 2004 el gobierno del estado otorgó un subsidio para cubrir el descuento a los adultos mayores a través de un fideicomiso que permitió renovar el parque vehicular, lo que mejoró las condiciones de las unidades hasta el 2008.
“El problema es que la tarifa de la tercera edad desde 2005 se cobra a cuatro pesos, es decir que desde hace 18 años hay una tarifa congelada, aunque se dio un incremento de 8.50 para microbuses no se perciben para mejorar las unidades, ni incrementar el sueldo de los trabajadores”, señaló.
Aunque consideraron que “hubo intenciones de apoyar al transporte público”, estas solo duraron un par de meses, ya que este sostén consistió en otorgar mil 930 pesos por cada unidad para cubrir los descuentos a los estudiantes. Sin embargo, acusan que fue solo una promesa, pues con Miguel Barbosa colocaron muchos candados para que no pudieran acceder a este recurso.
Armando Fierro, líder del transporte, señaló que al observar el costo de los descuentos a las personas de las tercera edad, estudiantes y discapacitados no pueden mejorar las unidades ante la falta de apoyo del gobierno estatal, lo que se refleja en que el 50 por ciento de las unidades ya vencieron su vida útil **de 10 **años para otorgar servicios.
Renovar unidades cuesta más de 2 mdp; créditos son “insuficientes”
A pesar que el gobierno del estado ofrecerá créditos por 270 mil pesos, este recurso no es suficiente debido a que un camión para pasajeros modelo 2025 tiene un valor de 2 millones 350 mil pesos, siendo la unidad con mejores condiciones para ofrecer el servicio más seguro a los pasajeros. No obstante, al no contar con los recursos suficientes deben recurrir a la compra de microbuses y camionetas tipo van que son más inseguras e incomodas para los usuarios.
Jose Luis Barrientos, líder transportista, señaló que además de esta millonaria inversión para la renovación de las unidades tienen que cubrir los gastos para el mantenimiento y los documentos para que los operadores estén en regla para su circulación.
Tan solo la licencia mercantil tiene un costo de hasta mil 900 pesos con descuento, adicional a los 32 mil pesos mensuales para reparaciones y mantenimiento básico; la contratación de un seguro con daños a terceros con valor de hasta 50 mil pesos y en caso que realicen el cambio de las bombas de gasolina a gas LP o gas natural deberán invertir 40 mil pesos; además que tendrán que considerar que a principios del próximo año vendrá una actualización en los precios de insumos para las unidades.
Explicó que en 2011 las camionetas pequeñas para ser utilizadas como combis tenían un costo de 230 mil pesos con un precio actualizado de hasta 600 mil pesos, además de que el tiempo de vida útil de 10 años en las unidades no terminan de pagarla, ya que en seis años terminarían de cubrir el adeudo y solo tendrían cuatro años para seguir con la unidad y realizar nuevamente la renovación del parque vehicular.
Para 2011, el gobierno de Rafael Moreno Valle instaló el Sistema de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) otorgando el subsidio a este proyecto por más de 18 millones de pesos, lo que se refleja en un pago de siete pesos para los usuarios, mientras que el resto corre por cuenta del gobierno; esto, indicaron, causa efectos negativos para brindar un buen servicio y mantener las unidades del transporte en óptimas condiciones.
Los concesionarios señalaron que la entrada de la RUTA provocó que las unidades tuvieran que modificar las rutas a la periferia de la ciudad, incrementando las vueltas por más de una hora con 20 minutos, lo que se refleja en más gasto de gasolina y contaminación.
Otro problema que señalaron para el transporte son las unidades que trabajan a través de las plataformas digitales, las cuales durante la administración morenovallista tuvieron facilidades para iniciar el servicio a pesar de que incumplieron con la promesa que serían unidades con pago con tarjeta y vehículos ejecutivos.
A esto se suman las llamadas “unidades piratas” que están trabajando en zonas de la periferia y que, precisaron los quejosos, “para la autoridad nada pasa”, ya que realizan traslados de personas sin contar con los documentos y regulación necesaria para su operación.
Usuarios desconocen las necesidades del transporte
Ante las críticas que recibe el servicio del transporte público por parte de los usuarios, consideraron que será un tema polémico debido a que las personas que utilizan el transporte público desconocen la inversión y gastos que conlleva el tener una unidad, además de que son propensos a asaltos en colonias inseguras y calles desordenadas por el incremento de ambulantes que obstruyen las vialidades.
“Las críticas de los usuarios será difícil que lo entiendan, porque dicen que somos los grandes magnates del transporte público, pero en sí tenemos más de 14 horas de trabajo. El mantenimiento de un choche es de mil 500 y hoy es de dos mil 500 pesos y otros gastos, también tenemos una vida”, comentó.
Finalmente, reconocieron que las unidades tienen deficiencia por las condiciones en que están trabajando, por lo que solicitaron el apoyo de las autoridades para que genere las acciones necesarias que lleven a mejorar las condiciones del transporte público en Puebla a través de un subsidio, además de que exista piso parejo sin “poner el pie” para la modernización.
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