Un total de 52 presidentes y presidentas municipales, en Puebla entrarán en modo reelección luego de que se confirmará que, si podrán refrendar sus cargos públicos en la elección de 2027

Fue el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo quien confirmó que los ediles y legisladores que fueron electos en la contienda de 2024 podrán buscar su reelección en la próxima elección del 2027.

Con esto los 52 presidentes municipales a lo largo y ancho del estado de Puebla que fueron siglados por Morena en la elección de 2024, podrán ir en busca de su reelección en la siguiente contienda electoral con la búsqueda de permanecer en su cargo tres años más para el periodo 2027-2030.

Los ediles apenas tienen seis meses en sus cargos por lo que tienen bastante tiempo para hacer bien las cosas y buscar mantenerse en sus cargos repitiendo en la boleta en las elecciones intermedias de 2027.

Entre los beneficiados por este cambio destacan alcaldes como José Chedraui de Puebla, Tonantzin Fernández de San Pedro Cholula, Roberto Solís de Huejotzingo, Betty Sánchez Galindo de Zacatlán, Severiano de la Rosa en Amozoc, Omar Muñoz en Cuautlancingo, Carlos Barragán en Xicotepec, además de Alejandro Barroso en Tehuacán destacan en la lista.

Otros que también pueden pero que tienen un verdadero desastre en sus municipios son Karla Martínez de Tezuitlán, que simplemente no ha podido hacer bien las cosas y han tenido que enmendarle la plana, o el caso de Mateo Hernández, quien tiene incendiado Tecamachalco ante la ola de inseguridad que afecta su municipio, hasta le han quemado patrullas sus gobernados.

Legisladores también pueden
En ese mismo escenario se encuentran 17 legisladores del Congreso local y 10 más que están siglados por Morena en la Cámara de Diputados.

Son personajes como Gissel Santander, Marilyn Ballesteros, Juan Antonio González, Rafaela Vianey García, Alejandro Carvajal, Claudia Rivera Vivanco, Ignacio Mier Bañuelos, Karina Pérez Popoca, Miguel Carrillo y Eduardo Castillo quienes buscarán su reelección como diputados federales de Morena.
Mientras que como diputados o diputadas locales, podrán buscar su reelección perfiles como Laura Artemisa García Chávez, Andrés Villegas, Guadalupe Yamak, Miguel Trujillo de Ita, Elvia Graciela Palomares, Nayeli Salvatori, Roberto Zataráin, Azucena Rosas, Pavel Gaspar, Rosalío Zanatta, Laura Gómez, Jaime Aurioles, Julio Huerta, entre otros.

La reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y recientemente por la Cámara de Senadores y busca escalar a nivel federal para permitir que funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Casa de Moneda, Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Banco de México (Banxico) puedan poseer y portar armas de fuego.

Inicialmente el proyecto se derivó de una minuta remitida por la Cámara de Diputados, donde fue aprobada por 476 votos a favor más dos abstenciones y, recientemente aceptada el lunes por el Senado de México de manera unánime con 105 votos a favor. Esta iniciativa que permite a funcionarios portar y poseer armas de fuego buscará su aprobación a nivel nacional.

Las modificaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos fueron remitidas al Congreso de la Unión en septiembre de 2024 por el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y actualmente comenzó a reconsiderarse para hacerla llegar con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En un comunicado oficial el Senado subrayó que la ley, vigente desde hace más de cinco décadas (1972) y sin modificaciones significativas hasta ahora, ya necesitaba una actualización para enfrentar las nuevas realidades de violencia que enfrenta el país.

La reforma gira en torno a seis ejes principales:

Reafirmar el carácter de orden público e interés social de la ley y extender su aplicación a todo el territorio nacional
Fortalecer el control estatal sobre armas, explosivos, pirotecnia y sustancias químicas relacionadas
Modernizar la clasificación de armamento y accesorios permitidos o restringidos
Definir con precisión las condiciones para la posesión y portación legal de armas
Reorganizar las facultades de las autoridades competentes en materia de armamento
Vincular la reforma con el Plan Nacional de Seguridad, pilar de la estrategia de seguridad pública de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
De acuerdo con la Comisión de Estudios Legislativos, la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y explosivos se encuentra estrechamente relacionada con la consolidación del Plan Nacional de Seguridad, una de las estrategias de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para el debilitamiento de la inseguridad en el país.

¿Quiénes podrán poseer y portar armas legalmente en México?
El nuevo marco legal contempla excepciones específicas que permiten la portación y posesión de armas en los siguientes casos:
Cazadores con permisos correspondientes
Empresas de seguridad privada: también se incluyen paraestatales, órganos autónomos (CFE, Pemex, Banxico, Casa de moneda, SAT) y personas físicas o morales (empresas de seguridad privada)
Sanciones severas por portación ilegal de armas en México

Aunque la reforma presenta un panorama alentador en cuestiones de seguridad, las penas por la portación ilegal de armas a partir de esta reforma, se contemplan de la siguiente manera:

De 4 a 8 años de prisión, además de multas de 700 a mil 500 veces el valor diario de la UMA (Unidad de Medida y Actualización)
De 7 a 30 años de prisión para quienes introduzcan armas o aditamentos prohibidos al país, con multas de hasta 2 mil veces el valor diario de la UMA
De 7 a 15 años de prisión para quienes hagan uso indebido de armas asignadas a instituciones de seguridad pública o procuración de justicia
Esta reforma se encuentra alineada con los esfuerzos del gobierno de Sheinbaum para enfrentar los principales desafíos en materia de seguridad, durante un contexto en que diversas instituciones del Estado han sido blanco de actos delictivos y amenazas.

Sin embargo, diversos analistas en materia de seguridad señalaron que si bien la medida puede fortalecer la protección de infraestructura crítica, también plantea retos en términos de capacitación, control y transparencia.

El secretario de Bienestar estatal, Javier Aquino Limón, dejará el gabinete del gobernador Alejandro Armenta y volverá a desempeñar el cargo de delegado estatal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) en Puebla.

Durante una entrevista realizada el 1 de mayo en el Parque Juárez, el mandatario estatal informó que algunos funcionarios de su gabinete saldrían de su gestión, ello debido a que pasarían a formar parte del gobierno federal.

De manera extraoficial, fuentes confirmaron a e-consulta que uno de estos funcionarios sería Aquino Limón, quien previamente ya se había desempeñado como delegado estatal de esta dependencia federal.

Dicho cargo lo ocupó a partir de marzo de 2018, cuando relevó a Raúl Salvador Aguirre Valencia tras ser designado por el entonces secretario Gerardo Ruiz Esparza, durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

Al respecto, el gobernador Armenta aún no ha confirmado este traspaso, únicamente informando que será el próximo lunes cuando podrían darse a conocer los cambios en su gobierno, «para que no dejen de ir a las conferencias», mencionó entre risas.

De este modo, el secretario se sumaría a Raymundo Atanacio Luna, quien dejó la dirección general del DIF estatal para encabezar la implementación del Plan Hídrico Nacional en Puebla, coordinando distintas agencias del gobierno.

¿Quién es Javier Aquino Limón?
Javier Aquino Limón, se desempeñó como secretario de Gobernación estatal durante la administración de Sergio Salomón Céspedes, entre 2023 y 2024, tras la salida de Julio Huerta del cargo.

Asimismo, fue coordinador de la campaña para diputado local de Alejandro Armenta, presidente municipal de Acatzingo en el periodo 2005-2008 y diputado local de Puebla en la LVII Legislatura (2008-2011), todo ello mientras se encontraba en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Durante la actual administración de Alejandro Armenta, siendo secretario de Bienestar ha desempeñado un rol de liderazgo en el Programa de Obra Comunitaria, en el cual se ha dirigido a distintos municipios del estado para participar en las asambleas donde se han otorgado los apoyos a las comunidades.