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Huachicol mexicano llega a Japón e India, detecta EU

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Un indicio bancario anómalo en Estados Unidos destapó una compleja red de contrabando de petróleo crudo robado a Pemex. Lo que inició como una investigación de rutina de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) en Texas y destapando redes de huachicoleo binacional al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, con empresas fachada y en la que hay estadounidenses implicados.

En abril de 2025, una empresa familiar en Brownsville, administradora de una instalación llamada Arroyo Terminals, cerca de Rio Hondo, quedó en la mira de las autoridades estadounidenses. Este recinto recibía barcazas cargadas con ‘aceite de desecho’ procedentes de México a través de pipas. Sin embargo, “la frecuencia inusitada de los envíos y el volumen importado no cuadraban con el negocio declarado” subraya a EL UNIVERSAL una fuente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Para entonces, ya era claro que las barcazas transportaban petróleo crudo robado de Pemex; camuflado como residuo industrial para burlar aduanas. El modus operandi empezaba a emerger: miles de barriles de crudo hurtado cruzando la frontera bajo la apariencia de desechos. Las autoridades estadounidenses montaron vigilancia sobre los involucrados.

El 23 de abril de 2025, agentes federales detuvieron en flagrancia a los operadores de Arroyo Terminals. En un operativo simultáneo, marshals federales en Utah arrestaron a los propietarios de la empresa, un matrimonio de empresarios que vivía en una mansión de 27 mil pies cuadrados, acusados de lavar más de 300 millones de dólares (6 mil millones de pesos) derivados del esquema de contrabando, y a sus dos hijos. Con estas detenciones se confirmó la hipótesis: una red transfronteriza estaba introduciendo petróleo mexicano robado a los Estados Unidos a gran escala, operando por al menos tres años con casi 2 mil 881 embarques ilícitos de crudo desde mayo de 2022.

Ruta criminal que llega a Estados Unidos y hasta otros países
Ruta criminal que llega a Estados Unidos y hasta otros países
Por este caso, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una alerta señalando que ciertos importadores de “waste oil” o materiales peligrosos en la frontera suroeste son realmente empresas fantasma ligadas a cárteles mexicanos.

Más empresas bajo investigación
A partir de esta investigación, la detención de los involucrados y de acuerdo con la fuente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, las autoridades estadounidenses tienen en la mira a varias compañías ubicadas también en la frontera sur que estarían actuando como importadoras “cómplices” dentro de esta red de huachicol internacional. La alerta de FinCEN subraya que los cárteles venden el crudo robado a “pequeñas compañías estadounidenses de combustibles” operando cerca de la frontera con México. Según este organismo, tales importadoras sospechosas se concentran en regiones petroleras fronterizas, especialmente en Texas, como Valle Bajo del Río Grande (extremo sur de Texas), la zona del Eagle Ford Shale en el sur de Texas y la Cuenca Pérmica en el oeste de Texas (esta última abarcando también el sureste de Nuevo México). Áreas energéticas más alejadas como Houston y Dallas, también en Texas, también podrían albergar empresas involucradas.

Además del caso de Arroyo Terminals y de acuerdo con la fuente de DoJ, las agencias federales estadounidenses mantienen bajo vigilancia activa a otras empresas en distintos puntos de la frontera. Aunque muchos detalles permanecen confidenciales, ya que las pesquisas continúan y no todas las compañías identificadas han sido formalmente acusadas, el FinCEN ha recabado información de transacciones bancarias sospechosas que apuntan a varios negocios en Arizona, Nuevo México y California potencialmente involucrados en esquemas similares de importación fraudulenta de hidrocarburos.

Estos estados fronterizos, aunque con menor infraestructura petrolera que Texas, podrían servir como rutas alternas o puntos de entrada para el combustible robado. En todos los casos, “las autoridades estadounidenses están cruzando datos aduaneros, registros empresariales y reportes bancarios para identificar a cualquier empresa que reporte importaciones de “aceite usado” en volúmenes atípicos o con inconsistencias” asegura la fuente; “ya que eso podría delatar el encubrimiento de crudo ilegal”. De hecho, el FinCEN ha instruido a los bancos a prestar atención a pagos internacionales vinculados a compañías de residuos petroleros ubicadas cerca de la frontera, dado que se han detectado flujos de dinero inusuales regresando a México bajo conceptos aparentemente legítimos.

“Muchas personas y empresas están siendo observadas -del lado estadounidense- discretamente sin que sus nombres hayan sido divulgados públicamente aún” asegura la fuente; “aunque, del lado mexicano, los cárteles Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y del Golfo están en la lista”. Las agencias como IRS-CI (Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos) y FinCEN están analizando patrones de enriquecimiento inexplicable en ciertos empresarios del sector energético fronterizo, con el objetivo de documentar posibles delitos fiscales y de lavado.

La investigación reveló que el esquema del CJNG para robar y contrabandear petróleo crudo operaba con un alto nivel de organización y corrupción. Todo inicia en México, en los campos petroleros y ductos de Pemex. Ahí, células del CJNG aprovechan la existencia de tomas clandestinas, perforaciones ilegales en los ductos y la complicidad de funcionarios locales para extraer el hidrocarburo. “El punto de partida del esquema es el robo de crudo directamente de la infraestructura de Pemex, mediante tomas clandestinas perforadas en ductos, así como sobornos a empleados de la empresa estatal”, detallan documentos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a los que EL UNIVERSAL tuvo acceso. Zonas como Veracruz y regiones estratégicas del Golfo de México se identificaron como focos rojos donde el CJNG mantiene redes de perforación clandestina y cooptación de personal.

Tras la extracción viene la fase logística. El crudo robado se almacena inicialmente en tanques clandestinos controlados por el cártel en sus territorios. Desde allí, caravanas de pipas (camiones cisterna) mueven el producto hacia el norte de México. “El hidrocarburo es transportado hacia zonas fronterizas, especialmente Tamaulipas, que funcionan como corredor logístico para el contrabando hacia Texas”, explican los reportes oficiales del gobierno estadounidense. En Tamaulipas, el operativo cuenta con un aliado clave: César Morfín Morfín, alias ‘Primito’, identificado por la OFAC como líder del CJNG en ese estado. ‘Primito’ y sus hombres tienen bajo control varios cruces fronterizos estratégicos entre Tamaulipas y Texas. Esto les permite garantizar el paso de las pipas cargadas con crudo robado. Incluso cuando el petróleo es extraído por otras facciones criminales, si quieren usar ‘sus’ rutas, deben pagarle peaje.

“Primito controla los cruces clave […] y exige el pago de cuotas a los operadores de camiones cisterna que transportan crudo robado”, señala el informe al que este diario tuvo acceso. Además, supervisa personalmente la falsificación de documentos aduaneros, haciendo pasar el petróleo robado por ‘aceite usado’ u otros materiales regulados. “Esta treta, simple pero muy eficaz, les permitió evadir inspecciones y restricciones fiscales y ambientales en ambos lados de la frontera” asegura la fuente. Un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo confirma, los cargamentos de crudo hurtado “cruzan la frontera suroeste y son comercializados en el mercado estadounidense como ‘aceite usado’ para evadir controles y regulaciones”.

Una vez del lado estadounidense, el crudo pasa casi desapercibido. Las pipas se dirigen a lotes discretos y almacenes en zonas petroleras de Texas, como la Cuenca Pérmica, Dallas y Houston. Muchos son terrenos aparentemente vacíos equipados con tanques móviles de almacenamiento, una infraestructura temporal que dificulta el rastreo del producto. Estas instalaciones son operadas por empresas que el CJNG controla desde las sombras o por importadores ‘legales’ que actúan en complicidad. “Se descubrió que el crudo robado se mezcla con flujos de combustible legítimos y luego se revende a precio reducido a refinerías o a comercializadores de petróleo y gas -en Estados Unidos-” describe la fuente del Departamento de Justicia.

Las investigaciones federales revelan que parte de ese crudo es luego revendido y exportado a terceros países con apariencia de legalidad. Desde terminales privadas en Texas, como las ubicadas en el canal de navegación de Río Hondo, en Houston o en Corpus Christi, se han rastreado embarques que zarparon rumbo a destinos tan dispares como India, Japón, Marruecos, Emiratos Árabes, Nigeria o Turquía. En general, se envía disfrazado como “residuo refinado”, “mezcla técnica” o incluso “aceite reciclado para proceso” a países donde los controles de origen son más laxos o donde el interés económico supera la diligencia debida.

No se trata de grandes petroleras multinacionales, sino de intermediarios energéticos, brokers privados y empresas pequeñas en Asia, África o Medio Oriente, que compran cargamentos con descuento sin necesariamente verificar el historial del hidrocarburo. En muchos casos, el crudo robado se mezcla con producto legítimo antes de embarcarlo, lo cual hace aún más difícil su rastreo.

La FinCEN, en su alerta de mayo de 2025, advirtió que estas operaciones de exportación representan una forma de lavado transnacional, ya que el crudo se convierte en ingreso legal una vez vendido a precios internacionales. En esa misma alerta, FinCEN instó a bancos y aseguradoras navieras a verificar con más rigor el historial de carga y los documentos de origen cuando se trate de empresas nuevas, con movimientos atípicos, o que declaren mercancías ambiguas como “mezclas procesadas de aceites residuales”.

Para el Departamento de Justicia de Estados Unidos permitir la salida de este crudo fuera del país implica una segunda violación federal, ya que consolida la legitimidad comercial de un producto robado mediante fraude aduanal. “Hablamos de petróleo robado que termina en refinerías legales en el extranjero, comprando sin saber, o prefiriendo no saber”, declaró en audiencia judicial el fiscal adjunto Mark Dawson, quien coordina parte de la investigación en Texas.

De esta manera, el petróleo robado a Pemex por el CJNG y otras organizaciones criminales no sólo alimentó gasolineras clandestinas en México o refinerías pequeñas en Texas, sino que llegó a puertos internacionales como un producto legalmente vendido por empresas fachada registradas en Estados Unidos, algunas sin historial comercial previo. El crimen organizado, entonces, no sólo cruzó la frontera: entró al mercado global, con toda la infraestructura formal de un trader energético multinacional.

Finalmente, el dinero regresa a México. La trama financiera identificada por las autoridades muestra que, tras la venta, las ganancias son repatriadas a las arcas de los cárteles mediante transferencias, empresas fantasma y movimientos de efectivo.

Junto a ‘Primito’ fueron sancionados sus hermanos, Álvaro Noé Morfín Morfín (46 años) y Remigio Morfín Morfín (33 años). Álvaro, alias “El R7” según algunos reportes, fue quien inicialmente tendió puentes entre el Cártel del Golfo y el CJNG en Tamaulipas. Remigio, el menor, operaba en el estado de Hidalgo supervisando a jefes de plaza y, particularmente, suministrando crudo robado desde esa región central a ‘Primito’ en Tamaulipas. Los tres hermanos estaban ya fichados en 2021 en la lista de los 10 criminales más buscados en la frontera Texas-Tamaulipas, pero habían logrado eludir acciones contundentes hasta ahora.

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Consultas médicas crecen 50 % en entidades integradas al IMSS-Bienestar, reporta Claudia Sheinbaum

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó los avances y resultados alcanzados por la estrategia federal de salud pública, al señalar que los estados adheridos al modelo IMSS-Bienestar han registrado un incremento sostenido de hasta 50 por ciento en la demanda y atención de consultas médicas. Durante su habitual conferencia de prensa matutina, la mandataria contrapuso estas cifras con las observadas en aquellas entidades federativas que optaron por no sumarse al esquema federalizado y mantener el control autonómico de sus servicios de salud, donde el crecimiento en la atención médica únicamente alcanzó un 20 por ciento en el mismo periodo.

En su intervención, la titular del Ejecutivo federal subrayó que la diferencia en las métricas responde directamente a la consolidación operativa, logística y presupuestal del modelo IMSS-Bienestar en las 24 entidades del país que han formalizado su integración. Según los datos presentados por el gobierno de la República, esta unificación ha permitido ampliar de forma sustancial la cobertura médica gratuita y mejorar la capacidad instalada para recibir a millones de personas que carecen de un esquema formal de seguridad social laboral.

Sheinbaum Pardo argumentó que estos resultados respaldan la efectividad de la política de centralización y fortalecimiento del sistema público, la cual tiene como meta garantizar el derecho universal a la salud. Explicó que el incremento en el volumen de consultas es reflejo directo de las acciones implementadas para robustecer a las instituciones públicas, entre las cuales destacan las convocatorias continuas para la contratación de médicos especialistas, la dotación de insumos sanitarios y la reestructuración del abastecimiento de medicamentos.

Como parte de los compromisos para consolidar la red hospitalaria nacional, la presidenta anunció que antes de finalizar el año 2026 se planea poner en marcha un total de 39 nuevos hospitales a lo largo del territorio nacional. La mandataria precisó que este paquete de infraestructura contempla tanto la conclusión de recintos de salud cuya construcción arrancó durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como la edificación e inauguración de nuevas obras proyectadas bajo su propia gestión gubernamental.

Finalmente, se informó que en el acumulado global de las distintas instituciones de salud pública del país —incluyendo el IMSS ordinario, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar— se ha rebasado la cifra histórica de 101 millones de consultas brindadas a la población. De acuerdo con la presidenta, estas estadísticas confirman una clara tendencia en la que cada vez más ciudadanas y ciudadanos optan por atender sus necesidades de salud en las clínicas y hospitales del Estado, disminuyendo la dependencia de consultorios de farmacias y establecimientos del sector privado.

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Inicia la UNAM aplicación del Examen de Control Presencial a más de 42 mil aspirantes

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CIUDAD DE MÉXICO. — La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puso en marcha este lunes 17 de agosto la primera jornada del Examen de Control Presencial dirigido a los aspirantes a ingresar a sus diversos programas de licenciatura. Las aplicaciones de las evaluaciones se desarrollan en las instalaciones del Palacio de los Deportes, en la capital del país, donde se programó la atención de 42 mil 784 jóvenes distribuidos en nueve turnos a lo largo de tres días consecutivos de actividad.

Durante la primera jornada del proceso, las autoridades universitarias reportaron la participación de 8 mil 174 aspirantes en los dos primeros turnos. El secretario general de la UNAM, Javier de la Fuente Hernández, detalló que tan solo en el primer bloque del lunes se presentaron cerca de 4 mil 200 jóvenes para rendir la prueba en los pabellones y la zona del domo central habilitados dentro del recinto.

Para la realización de esta logística masiva se dispuso de un equipo de más de 300 trabajadores universitarios. La institución implementó el uso de tabletas electrónicas sin conexión a internet, algunas pertenecientes al parque tecnológico de la UNAM y otras en calidad de préstamo por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), bajo el soporte técnico de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC).

Asimismo, las autoridades universitarias informaron que todo el proceso cuenta con la supervisión de notarios públicos y auditores externos, quienes vigilan la cadena de custodia tanto de los dispositivos como de los reactivos desarrollados por especialistas de la institución. Las evaluaciones constan de 120 preguntas con reactivos diferenciados entre cada sesión para garantizar la equidad y seguridad en los resultados de los aspirantes.

Respecto al índice de asistencia, las autoridades estiman que cerca del 20 por ciento de los citados no acuda a la prueba, un comportamiento que, según explicaron, obedece a factores multifactoriales vinculados a que varios aspirantes realizan simultáneamente procesos de admisión en otras instituciones de educación superior. Este patrón coincide con los antecedentes registrados en evaluaciones similares efectuadas anteriormente en sedes de Guanajuato, Oaxaca y Baja California.

Los resultados de este proceso de admisión se darán a conocer de manera gradual durante el fin de semana previo al inicio del ciclo escolar, programado para el próximo 31 de agosto. La UNAM puntualizó que los puntajes obtenidos determinarán la asignación de espacios disponibles en cada escuela, facultad, modalidad y turno ofrecido por la máxima casa de estudios.

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Gobierno federal proyecta inversión de 4.2 mil millones de pesos para sanear la cuenca del Atoyac hasta 2027

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El proyecto para la rehabilitación y saneamiento ecológico de la cuenca del río Atoyac contempla un monto de inversión pública de 4.2 mil millones de pesos por parte del gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No obstante, la ejecución de los recursos y la puesta en marcha de las obras de mayor envergadura estructural tendrán que esperar hasta el ejercicio fiscal del año 2027.

La intervención integral en este cuerpo de agua, calificado como uno de los más contaminados del territorio nacional debido a la descarga constante de residuos industriales y aguas residuales no tratadas, forma parte del compromiso ambiental asumido por la administración federal para revertir el deterioro ambiental en la región limítrofe entre los estados de Puebla y Tlaxcala.

Pese al anuncio de los fondos destinados a esta causa, las obras prioritarias de infraestructura hidráulica, plantas de tratamiento y sistemas de colectores no arrancarán de forma inmediata en el corto plazo. Las decisiones técnicas y presupuestales señalan que la llegada del grueso de los capitales se postergará hasta el próximo año, dejando el 2026 como una etapa de diagnóstico e integración de proyectos ejecutivos.

La problemática ambiental que atraviesa el río Atoyac afecta directamente la salud pública y el ecosistema de miles de pobladores de varios municipios poblanos y tlaxcaltecas. Por ello, colectivos ambientales y activistas de la región han insistido en la premura de acelerar los trabajos para evitar que los índices de toxicidad en la zona sigan incrementándose.

Se prevé que una vez que arranquen las licitaciones e intervenciones proyectadas para 2027, el plan de saneamiento combine la modernización de la infraestructura existente, la fiscalización de las descargas fabriles a lo largo de la cuenca y la restauración ecológica de las zonas de cauce más vulnerables.

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