Por los delitos de abuso de autoridad y encubrimiento, seis mandos policiales de los municipios de Tehuitzingo, Chila de la Sal, Chietla, Tlapacoya, Tlaola y Jopala fueron detenidos, informó este martes la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Idamis Pastor Betancourt.

Durante la rueda de prensa, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, explicó que la investigación contra los mandos deriva del hallazgo de dos narcolaboratorios, uno ubicado en la Sierra Norte y otro en la Mixteca.

Los detenidos fueron identificados como Ángel Miguel Garrido, Evencio Rosas Luna, Manuel Martínez González y Andy Castillo Rodríguez, este último en calidad de prófugo.

Aguilar Pala añadió que el gobierno estatal analiza la posibilidad de que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) asuma el control de la seguridad en esos municipios, en caso de que sea necesario.

También informó que actualmente existen despliegues de elementos de la SSP en esas demarcaciones para garantizar la seguridad de la población.

El titular de la Segob dirigió un mensaje a las y los presidentes municipales, a quienes exhortó a conducirse con apego a la ley y actuar con transparencia.

«Que se cuiden los presidentes municipales. En caso de saber algo o de tener una denuncia, que se acerquen y lo hagan saber, pues el silencio también es un sinónimo de colusión», señaló.

Detienen a mandos policiales por colusión con crimen organizado

De acuerdo con la resolución emitida por el Juzgado de Oralidad Penal de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, las órdenes de aprehensión fueron libradas contra Ángel Miguel Garrido, director de Seguridad Pública de Tlaola; Evencio Rosas Luna, titular de la corporación en Tlapacoya; Manuel Martínez González y/o Manuel González Martínez, responsable de la Policía Municipal de Jopala; y Andy Castillo Rodríguez, director de Seguridad Pública de San Felipe Tepatlán.

La carpeta judicial 81/2026/Huauchinango deriva de una investigación ministerial que establece que los funcionarios presuntamente utilizaron sus cargos para favorecer las operaciones de un grupo delictivo asentado en la región serrana.

De acuerdo con la imputación del Ministerio Público, entre abril y mayo de este año los mandos municipales omitieron intervenir frente a actividades ilícitas y, presuntamente, ordenaron a sus elementos abstenerse de actuar contra integrantes de la organización criminal.

Entre los datos de prueba presentados ante la jueza de control se encuentran declaraciones de testigos que refieren que, durante una reunión celebrada el 16 de mayo, se acordó facilitar el tránsito de integrantes del grupo delictivo y mantener libres las rutas utilizadas para sus operaciones.

Investigación surgió tras aseguramiento de narcolaboratorio
El 14 de junio, elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal aseguraron un complejo utilizado para la elaboración de metanfetaminas en los límites de Tlapacoya y Jopala.

Durante ese operativo fueron asegurados 360 kilogramos de metanfetamina, 25 mil 300 litros de precursores químicos, cinco reactores de síntesis orgánica, ocho condensadores, cuatro destiladores y decenas de tanques de gas LP, infraestructura utilizada para la producción de la droga.

La presunta infiltración del crimen organizado en corporaciones municipales de la Sierra Norte de Puebla escaló a un nuevo nivel luego de que autoridades judiciales libraran órdenes de aprehensión contra cuatro directores de Seguridad Pública, señalados por la Fiscalía General del Estado de formar parte de una supuesta estructura de protección que habría permitido la instalación y operación de un narcolaboratorio considerado el más grande asegurado en la historia reciente de la entidad.

De acuerdo con la resolución emitida por el Juzgado de Oralidad Penal de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, las órdenes de captura fueron giradas contra Ángel Miguel Garrido, director de Seguridad Pública de Tlaola; Evencio Rosas Luna, titular de la corporación en Tlapacoya; Manuel Martínez González y/o Manuel González Martínez, responsable de la policía municipal de Jopala; y Andy Castillo Rodríguez, jefe de Seguridad Pública de San Felipe Tepatlán.

La carpeta judicial 81/2026/Huauchinango deriva de una investigación ministerial que sostiene que los funcionarios habrían utilizado sus cargos para favorecer las operaciones de un grupo delictivo asentado en la región serrana.

Según los datos expuestos por el Ministerio Público, entre abril y mayo de este año los mandos municipales habrían omitido actuar frente a actividades ilícitas y, presuntamente, instruyeron a sus elementos a evitar cualquier intervención contra integrantes de la organización criminal.

Entre las pruebas presentadas ante la jueza de control figuran declaraciones de testigos que aseguran que durante una reunión sostenida el 16 de mayo se acordó facilitar el tránsito de integrantes del grupo delictivo y mantener libres las rutas utilizadas para sus operaciones.

Otro de los testimonios incorporados a la investigación señala que policías municipales interceptaron una camioneta que transportaba sustancias químicas presuntamente destinadas a la fabricación de drogas sintéticas. Sin embargo, tras consultar con su superior, recibieron la orden de permitir que continuara su camino.

Para la Fiscalía, esos hechos constituyen indicios de una posible red de protección institucional que habría permitido la operación del laboratorio clandestino descubierto semanas después por fuerzas federales.

El pasado 14 de junio, elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal aseguraron un complejo utilizado para la elaboración de metanfetaminas en los límites de Tlapacoya y Jopala.

En ese operativo fueron decomisados 360 kilogramos de metanfetamina, 25 mil 300 litros de precursores químicos, cinco reactores de síntesis orgánica, ocho condensadores, cuatro destiladores y decenas de tanques de gas LP, infraestructura que evidenciaba una capacidad de producción industrial.

El Gabinete de Seguridad Federal estimó entonces que el aseguramiento representó una afectación económica superior a 2 mil 367 millones de pesos para la delincuencia organizada.

La jueza de control determinó que las entrevistas, inspecciones ministeriales y demás datos de prueba reunidos por la Fiscalía constituyen elementos suficientes para establecer la probable participación de los imputados en hechos con apariencia de delito, por lo que autorizó las órdenes de aprehensión.

Los delitos atribuidos son encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, ilícitos que contemplan penas privativas de la libertad.

El caso coloca nuevamente bajo escrutinio la actuación de corporaciones municipales en una región donde, desde hace meses, habitantes habían denunciado de manera reiterada la presunta existencia de vínculos entre autoridades locales y grupos delictivos.

Hasta el cierre de esta edición, los ayuntamientos de Tlaola, Tlapacoya, Jopala y San Felipe Tepatlán no han emitido ningún comunicado o posicionamiento oficial sobre la detención de tres de sus directores de Seguridad Pública ni sobre la orden de aprehensión vigente contra el jefe policiaco de San Felipe Tepatlán. Tampoco han informado si los funcionarios fueron separados de sus cargos o quién asumirá de manera provisional la conducción de las corporaciones municipales.

Mientras tanto, las autoridades estatales continúan con la búsqueda de Andy Castillo Rodríguez, único mando que permanece prófugo, en tanto la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el alcance de la presunta red de protección criminal que habría operado en la Sierra Norte de Puebla.

Tras publicarse la la detención del tirador de la Atlixcáyotl que mantuvo conmocionada a la ciudadanía Poblana por un periodo prolongado llegando a tener 11 órdenes acumuladas para su detención. Comenzó la incertidumbre de quién era el presunto artífice de los atentados balísticos.
Se trata de Rafael Zabalza quien ya venía envalentonado por un pasado turbio donde se mostró vencedor acumulando bienes para su emporio.

De acuerdo con la información recabada y en consonancia con lo expuesto por Rodolfo Ruiz, director fundador de e-consulta, Rafael Zabalza es un empresario de origen español sólidamente establecido en la industria farmacéutica. El inversionista fue identificado tempranamente como uno de los perfiles predilectos de Mario Marín Torres —quien tras un colosal escándalo público llegó a ser denominado el ‘Gober Precioso’—, siendo catalogado textualmente por la dirección del medio como ‘uno de los proveedores favoritos en el gobierno de Mario Marín Torres’.»

13 AÑOS DE INCERTIDUMBRE POR SU PASADO Y 120 MILLONES

Por más de 13 años evadió las leyes mostrándose como un tiburón para los amparos ganando juicios por las acusaciones de crímenes de cuello blanco por poco más de 120 millones de pesos.

En el año 2013, una reportera y escritora expuso que “funcionarios de la Secretaría de Finanzas y proveedores de la Secretaría de Salud de Puebla que participaron en varios de los negocios corruptos realizados durante el mandato de Mario Marín Torres encontraron en los gobiernos de Veracruz y Tlaxcala un lugar adecuado para seguir con sus lucrativos negocios. ”

“un contrato por 26 millones 203 mil pesos” El contrato fue adjudicado a la empresa Biotecnología CADO SA de CV, en la que Zabalza era el principal accionista y representante legal.

Pero ahí no comenzó todo. Tres años antes, en el mes marzo de 2010, surgieron acusaciones contra el entonces secretario de Salud estatal, Alfredo Arango García, sobre una presunta amistad con algunos de los principales proveedores de la dependencia, donde el nombre de Rafael Zabalza se hizo mención

Al ser interrogado, el exfuncionario afirmó con firmeza, que se trataba de un ataque mediático en su contra. En la columna La Corte de los Milagros del 9 de enero de 2011, Rodolfo Ruiz reveló que se le otorgaron de manera directa a una empresa recién establecida de Rafael Zabalza “94 millones de pesos en contratos para mantenimiento preventivo y correctivo. ”

Rafael un empresario extranjero que supo erigir su propio emporio financiero…»a base de amistades y relaciones con uno de los gobernadores más infames de Puebla evadiendo la ley por más de 13 años terminó siendo detenido el 13 de julio del 2026 tras ser señalado como el presunto tirador de la Atlixcayolt quien disparaba a los automovilistas sin ningún motivo.



MLC