En lo que va de la gestión de Cuauhtémoc Blanco al frente de Morelos, la entidad reporta distintas insolvencias o faltantes en el suministro de recursos federales por alrededor de 3 mil 900 millones de pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De 2019 a 2023, dictámenes de la ASF registran daños a la Hacienda Pública federal incluidas pendientes de aclaración y hasta cargas financieras, por 3 mil 901 millones 463 mil pesos.
Durante su primer año de Administración, la mayoría de estas irregularidades se reportan principalmente en el rubro de apoyos y participaciones a entidades federativas y municipios, sin embargo, también destacan en las áreas de la salud, obra e infraestructura.
Para 2020, además de los anteriores, otros recursos pendientes por aclarar recayeron en la atención de emergencias y desastres naturales. Lo mismo ocurrió en los tres siguientes años, no obstante en 2022 y 2023 a éstos se sumó el ámbito de la educación.
Solo en 2019, la auditoría 2019-A-17000-19-0921-2020 921-DE-GF el órgano fiscalizador detectó faltantes por mil 851 millones 363 mil 369 pesos por concepto de Participaciones Federales a Estados.
De acuerdo con el dictamen, la ASF revisó una muestra de 8 mil 048 millones de pesos, que representó el 91.2 por ciento de los 8 mil 823 millones transferidos a Morelos.
En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Morelos incurrió en inobservancias a la normativa, principalmente en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y disposiciones locales, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 859,765.1 miles de pesos, que representa el 10.6% de la muestra auditada”, estableció la auditoría.
Asimismo, existen 991,598.3 miles de pesos pendientes por aclarar; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos no realizó una gestión eficiente y transparente de los Recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019”, añadió la revisión.
La misma situación se presentó en el año 2021, cuando en la auditoría 2021-A-17000-19-1194-2022 se precisó que el Gobierno de Blanco dejó sin aclarar en qué bienes y servicios empleó un total de 302 millones 269 mil pesos que le fueron transferidos por la Federación.
Con base en la revisión, en el ejercicio de los recursos la Administración estatal infringió diversas normativas federales que van desde la Carta Magna hasta la Ley General de Contabilidad Gubernamental, del Código Fiscal, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
Y estatales como la Constitución Política, el Presupuesto de Egresos, las Leyes de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, del Servicio Civil, sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo y de Obras Públicas.
Lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública por 302,269.4 miles de pesos, que representa el 3.9% de la muestra auditada”, especificó el dictamen.
En 2022, destaca la auditoría 2022-A-17000-19-1248-2023 correspondiente también a las Participaciones que la Federación otorga a las entidades y cuyo monto no quedó aclarado, asciende a los 888 millones 018 mil pesos.
En donde el organismo auditor revisó una muestra de 8 mil 612 millones de pesos que representaron el 79.7 por ciento de los recursos que le fueron asignados al Gobierno estatal.
En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 736,946.8 miles de pesos”, indicó el dictamen.
Y (asimismo) solicitudes de aclaración por 151,071.8 miles de pesos, que representaron el 10.3% de la muestra auditada”.
En cuanto a los Servicios de Salud, entre 2019 y 2022 según los datos de la ASF el probable daño a la Hacienda Pública es superior a los 328 millones 252 mil pesos. Mientras que en Educación tecnológica y de adultos el perjuicio fue por un importe de 51 millones 394 mil.
Las observaciones tienen en común que los recursos federales hayan sido transferidos a cuentas bancarias no identificadas y por tanto el destino de diversos montos es desconocido.
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