PUEBLA, PUE. — La Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantendrá bajo fiscalización el ejercicio de 55.7 millones de pesos ejecutados para las obras de remodelación en la Avenida Juárez, proyecto desarrollado durante la administración municipal que encabezo Eduardo Rivera Pérez en la capital.

El organismo fiscalizador centrará sus revisiones en el cumplimiento de los contratos, la aplicación de los fondos públicos y los dictámenes técnicos de la intervención urbanística en el emblemático corredor comercial, a fin de certificar que el gasto ejecutado se apegará a la normativa federal.

La fiscalización sobre dicho proyecto se detona luego de que la vialidad comenzara a mostrar inconsistencias visibles y fallas estructurales a los pocos meses de haberse entregado, destacando el desprendimiento de adoquines e incidentes por anegaciones en la zona.

El proceso de comprobación por parte del órgano fiscalizador determinará si el gobierno capitalino solventa la aplicación del presupuesto o si se emitirán pliegos de observaciones y solicitudes de aclaración financiera sobre las empresas contratistas involucradas.

CIUDAD DE MÉXICO. — El gobierno del estado de Puebla, en coordinación estrecha con la administración federal, avanza en la consolidación de un nodo estratégico de soberanía tecnológica e innovación en la entidad. A través de la articulación de proyectos prioritarios de alcance nacional, la entidad fortalece su infraestructura, vocación industrial y capacidad científica para impulsar la educación, el empleo y el bienestar social en la región.

Entre las iniciativas clave destaca el desarrollo del vehículo eléctrico Olinia, cuyo primer prototipo fue diseñado por un equipo de más de 80 especialistas de instituciones como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Tecnológico Nacional de México. En este ámbito, las autoridades estatales confirmaron las gestiones para la instalación de una planta de producción de baterías en San José Chiapa, dentro de la denominada Capital de la Tecnología y la Sostenibilidad.

A la par, se impulsa el proyecto Kutsari, con sede operativa en Cholula, el cual colabora con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) y más de 50 centros de investigación para el diseño de circuitos integrados. Asimismo, la empresa de participación estatal Yankuilotl enfoca sus operaciones en el ensamble electrónico, desarrollo de software y sistemas de movilidad sustentable, como la futura red de bicicletas públicas y proyectos en conjunto con el Servicio Postal Mexicano.

En el sector educativo, la Universidad Nacional Rosario Castellanos arrancó sus actividades académicas en territorio poblano con una matrícula inicial de 329 estudiantes y 30 docentes en las carreras de Medicina Familiar y Comunitaria, así como Enfermería Familiar y Comunitaria. Esta nueva oferta se complementa con la transformación de más de 15 bachilleratos tecnológicos, orientados a formar especialistas en áreas prioritarias para zonas de alta vulnerabilidad como la Sierra Negra.

De manera paralela a los avances científicos y educativos, la agenda de trabajo entre el estado y la Federación abarca proyectos de impacto social y ambiental. Entre ellos sobresale el rescate de la cuenca del río Atoyac mediante la construcción de colectores y plantas de tratamiento de aguas residuales en municipios como San Martín Texmelucan, Huejotzingo y San Matías Tlalancaleca, la edificación de más de 60 mil viviendas sociales y un plan nacional de reforestación. En materia de seguridad, las autoridades destacaron la contención delictiva en la Mesa de Paz y los resultados del programa Centros Libres Carmen Serdán en la atención y prevención de la violencia de género.

SAN PEDRO CHOLULA, PUE. — Padres de familia de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, ubicada en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan, se manifestaron a las afueras de la institución educativa para exigir la destitución inmediata de un trabajador del área de intendencia. El señalamiento principal sostiene que el empleado acudía de manera recurrente a laborar bajo los efectos del alcohol, poniendo en riesgo la integridad del alumnado.

Durante la manifestación, los tutores bloquearon de manera pacífica el acceso al inmueble situado en la calle Matamoros y colocaron pancartas con consignas para denunciar el abandono de las labores de limpieza, las condiciones de insalubridad en los sanitarios escolares y la falta de respuesta por parte de los directivos. Según lo manifestado por los inconformes, el conflicto se venía reportando formalmente desde el ciclo escolar 2024 sin que se aplicaran sanciones administrativas.

Ante la concentración de personas y para evitar altercados, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula acudieron al plantel a bordo de patrullas. Con el resguardo de la fuerza pública, los efectivos procedieron a retirar al trabajador de las instalaciones de la escuela para ponerlo a disposición de las áreas correspondientes y salvaguardar el orden en el lugar.

Al sitio arribaron representantes de la Coordinación Regional de Desarrollo Educativo (CORDE), personal de la Supervisión Escolar y miembros del Departamento Jurídico de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado. Las autoridades entablaron una mesa de diálogo con el Comité de Padres de Familia para recabar las pruebas y testimonios sobre el comportamiento del intendente y el estado del inmueble.

Tras la reunión inicial, las autoridades educativas acordaron sostener un nuevo encuentro formal el próximo 8 de septiembre de 2026 para determinar las medidas definitivas y la reasignación del personal de limpieza. Por su parte, la comunidad escolar se mantuvo firme en su postura de no permitir el reingreso del trabajador al plantel.