A tres semanas de someterse a un referendo revocatorio, el presidente Andrés Manuel López Obrador inaugurará este lunes el nuevo aeropuerto de Ciudad de México, obra insignia del gobierno que arrastra dudas sobre su viabilidad operativa y financiera.

La terminal, construida por el Ejército en la base aérea de Santa Lucía busca aliviar la saturación del aeropuerto Benito Juárez, que en 2021 movió 36 millones de pasajeros y en 2019 un récord de 50.3 millones.

El Felipe Ángeles, llamado así en honor de un militar de la Revolución Mexicana de inicios del siglo XX, sustituye a otra terminal que el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) edificaba en el suburbio de Texcoco con un costo de 13,000 millones de dólares.

La inversión final en el nuevo complejo ascenderá a 74,535 millones de pesos (3,657 millones de dólares), según el mandatario izquierdista, elegido en 2018 para un período de seis años.

Será la inauguración de la primera de sus grandes obras de infraestructura. Las otras, en el sur del país, son una refinería en su natal Tabasco; el Tren Maya, proyecto turístico de 1,554 km en el que también participan los militares, y la modernización del corredor interoceánico de Tehuantepec.

López Obrador, quien ha ampliado el rol de las Fuerzas Armadas en varios ámbitos, destaca que el nuevo aeropuerto, a unos 50 km de la capital, «no tuvo sobrecostos (…), es moderno y fue construido por ingenieros militares en tiempo récord, a bajo costo y con la más avanzada tecnología».

La inauguración ocurre en la antesala de la consulta del 10 de abril, en la que los mexicanos decidirán si quieren que el presidente -cuya popularidad promedia 58%- termine su mandato.

El plebiscito fue incluido en la Constitución por la mayoría oficialista en el Congreso, pero la oposición lo rechaza alegando que solo busca fortalecer a López Obrador, quien descarta modificar la ley para implantar la reelección.

El nuevo aeropuerto arrancará con ocho vuelos diarios de las aerolíneas nacionales Volaris, VivaAerobús y Aeroméxico y la venezolana Conviasa, única internacional.

López Obrador también invitó al presidente de Delta a funcionar desde Santa Lucía.

El Felipe Ángeles servirá simultáneamente con el actual aeropuerto y con el de la vecina Toluca, a diferencia del proyecto de Texcoco que habría sustituido enteramente al Benito Juárez.

Analistas del sector como Fernando Gómez consideran que ese factor aumenta el riesgo de accidentes.

Pero las autoridades del aeropuerto señalaron al diario Milenio que adoptaron un modelo de navegación que garantiza la actividad simultánea.

El gobierno planea trasladar el 30% de las operaciones a Santa Lucía en tres años.

La obra enfrenta además desafíos ambientales, como controlar la contaminación, y de conectividad terrestre, pues en Ciudad de México y su área metropolitana viven unos 20 millones de personas.

La Secretaría de Medio Ambiente advirtió de impactos como la disminución del volumen y calidad del agua, reducción de flora y modificación del hábitat de fauna silvestre, que sin embargo consideró mínimos y remediables.

«A corto plazo (el reto) es la infraestructura vial para acceder, y que la capacidad sea lo suficientemente grande para que cuando la del aeropuerto actual se vaya reduciendo, pueda atender la demanda», señala el capitán Miguel Valero, expresidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México.

El gobierno admite que tomará más tiempo llegar a Santa Lucía, por lo que prometió disminuir el tiempo para documentar.

En la parte financiera, los responsables aeroportuarios reconocen que el Felipe Ángeles recién será rentable en 2026. Mientras, será financiado con recursos públicos y se aplicarían descuentos para hacer más económica la operación de las compañías.

López Obrador subraya que será un proceso gradual, que irá de la mano de la recuperación económica.

El aeropuerto nació en medio de la polémica. Antes de posesionarse, López Obrador ya había decidido cancelar el proyecto de Texcoco tras una consulta popular criticada por ser poco representativa, y sustituirlo por el de Santa Lucía.

Esa decisión es considerada por analistas como una de las razones detrás de la fría relación que ha tenido el gobierno de López Obrador con el sector privado.