Desde el 21 de abril, estudiantes de distintas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) iniciaron un paro de actividades en rechazo a la reforma aprobada por el Consejo Universitario, una modificación del artículo 15 del Reglamento Tribunal Universitario que contempla sanciones inmediatas como la suspensión o expulsión por actos de “vandalismo” o “narcomenudeo”.

La modificación al artículo 15, cuya redacción no se había reformado en más de 80 años, se eliminó y sustituyó por un nuevo apartado que permite la aplicación de medidas disciplinarias de suspensión y expulsión inmediata. Sin embargo, causó indignación y fue blanco de críticas por parte del sector estudiantil debido a la ambigüedad en las definiciones de los actos sancionables de “vandalismo”, abriendo la puerta a interpretaciones represivas y arbitrarias.

Cambios en el reglamento no buscan restringir las libertades
El abogado general de la UNAM, Hugo Concha Cantú, aseguró que la modificación al reglamento busca salvaguardar “la libertad creativa y de expresión” al interior de la universidad y que la modificación al artículo 15 no pretende restringir las libertades del sector estudiantil.

Concha Cantú aseguró que los cambios estructurales también están dirigidos al Tribunal Universitario donde las modificaciones aspiran a que el modelo disciplinario tenga una perspectiva de respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos al interior de la universidad, tal y como lo establece la Constitución Mexicana.

“El artículo establece que cuando se trate de actos de violencia extrema se lleve en el Tribunal todo el procedimiento. No tiene nada que ver con que la universidad quiera criminalizar la protesta. Al contrario, toda la reforma lo que hace es que los derechos de los universitarios –entre otros el de la libertad de protesta, los de manifestación de las ideas y de expresión– estén protegidos y se puedan ejercer de manera correcta” puntualizó el abogado general de la UNAM.

Aunque la normativa fue aprobada, todavía no ha entrado en vigor, pues no ha sido publicada en la Gaceta UNAM, sin embargo, los estudiantes señalaron que sostendrán sus respectivos paros por considerar la modificación del artículo 15 como parte de una irregularidad constitucional ya que «no hay una precisión concreta y se puede prestar a actos de represión».

Estudiantes de al menos cinco facultades se fueron a paro desde el pasado 21 de abril tras la modificación del artículo 15 por el Tribunal Universitario. Aunque las exigencias van direccionadas al mismo rumbo, cada facultad optó por distintos tipos de huelga.

Entre las facultades que oficializaron paro de actividades son Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur, Facultad de Economía, Facultad de Química, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, entre otras.

Algunas de las facultades anteriores optaron por paro de actividades indefinido, mientras unidades académicas, como la FAD y la FCPyS, optaron por “paros culturales”, en los que se realizan actividades dentro de las instalaciones, pero sin clases.

Al paro de la UNAM se suman más demandas estudiantiles

A la demanda de solicitar la revisión del nuevo artículo 15, los alumnos paristas de la UNAM ampliaron sus exigencias. Entre las demandas se encuentran:

Definiciones claras y no punitivas de lo que se considera “vandalismo”
Acciones inmediatas y eficaces ante denuncias de violencia de género
Comedores universitarios accesibles y subsidiados
Apoyo institucional a las madres buscadoras de personas desaparecidas
Durante las exigencias, los estudiantes insistieron en que las reformas deben realizarse con un enfoque a los derechos humanos y con participación real de la comunidad universitaria, advirtiendo que las modificaciones institucionales no deben convertirse en herramientas de represión para la comunidad universitaria.

La noche del sábado 10 de mayo, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su esposo, Carlos Torres, informaron que el gobierno de Estados Unidos les revocó las visas de turista. Ambos compartieron la noticia a través de sus cuentas oficiales de Facebook, sin que hasta el momento las autoridades estadounidenses hayan dado a conocer públicamente los motivos de la decisión.

Carlos Torres, abogado de 49 años y actual encargado de proyectos estratégicos en Mexicali y Tijuana dentro del gobierno estatal, aclaró que se trata de una medida administrativa del Departamento de Estado que no implica acusación, investigación ni señalamiento legal alguno. Añadió que ya consulta con un especialista en derecho migratorio internacional para revertir la cancelación o solicitar una nueva visa.

En su publicación, Torres lamentó que la revocación también afectara a su esposa, aunque destacó su serenidad ante los hechos. En mayo de 2024, circuló la versión de que él habría sido detenido en la frontera por presunto lavado de dinero, aunque esa información nunca fue confirmada y posteriormente fue desmentida por el propio Torres durante un acto oficial.

Torres ha militado en Morena y anteriormente en el PAN, donde fue dirigente juvenil, diputado federal (2006-2009), diputado local (2016-2019) y candidato a la alcaldía de Tijuana en 2010, elección que perdió frente al priista Carlos Bustamante.

Aunque las razones de la revocación no se han hecho públicas, entre los motivos por los que EE.UU. puede cancelar una visa están violaciones a los términos de la misma, actividades ilegales, antecedentes penales o consideraciones de seguridad nacional.

En el marco del Día de las Madres, más de mil familiares de personas desaparecidas se congregaron en la avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de México para exigir justicia y visibilizar la crisis humanitaria que enfrenta el país.

Con pancartas, fotografías y fichas de búsqueda, las madres buscadoras cerraron la emblemática vía capitalina, recordando a sus seres queridos ausentes y denunciando la inacción de las autoridades.

«No hay nada que celebrar en un país con más de 125 mil desaparecidos», fue la consigna que resonó durante la manifestación. Las participantes, provenientes de diversos estados de la República, expresaron su dolor y frustración ante la falta de respuestas por parte del gobierno.

«Cada 10 de mayo es un recordatorio de la ausencia de nuestros hijos. No queremos flores ni regalos, queremos justicia», declaró una de las madres presentes.

La marcha también sirvió para denunciar las amenazas y agresiones que enfrentan las madres buscadoras en su labor. «Vivimos más atemorizadas que nunca porque estamos más perseguidas», afirmó una integrante de un colectivo de búsqueda.

Estas mujeres, que han asumido la tarea de localizar a sus familiares ante la omisión de las autoridades, han sido víctimas de hostigamiento por parte del crimen organizado y, en algunos casos, de las propias instituciones del Estado.

La manifestación culminó con un llamado urgente a las autoridades federales y estatales para que se implementen políticas efectivas en la búsqueda de personas desaparecidas y se garantice la seguridad de quienes realizan esta labor. «No descansaremos hasta encontrarles. Nuestra lucha es por la verdad y la justicia», concluyó una de las líderes del movimiento.

La crisis de desapariciones en México continúa siendo una de las problemáticas más graves en materia de derechos humanos, con más de 125 mil personas desaparecidas registradas hasta la fecha.