La dirigencia estatal del partido Morena en Puebla reconoció el posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entre los mandatarios mejor evaluados a nivel global, luego de darse a conocer el ranking elaborado por las firmas Mitofsky y TResearch International, en el cual la titular del Ejecutivo federal se ubicó en el tercer lugar internacional con un 72 por ciento de aprobación ciudadana.

La dirigente del comité estatal, Olga Romero García Crespo, destacó el resultado al señalar que la presidenta encabeza la lista de las mujeres gobernantes con mayor nivel de respaldo en el mundo, ubicándose únicamente por debajo de los presidentes de El Salvador y Rusia dentro de un análisis que evaluó a 40 líderes internacionales. La líder partidista puntualizó que esta evaluación refleja la consolidación del movimiento de transformación y el liderazgo que el país mantiene en la agenda pública internacional.

En el marco del balance político, el coordinador general de Delegados del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Pablo Salazar Vicentello, fijó postura sobre el desarrollo económico regional y el papel de los proyectos privados. El enlace partidista subrayó que, si bien la participación del sector empresarial es fundamental para detonar la economía local, las inversiones que se ejecuten en coordinación con los gobiernos emanados de su partido deben guardar congruencia con los principios ideológicos del proyecto político.

Salazar Vicentello enfatizó que los proyectos de inversión pública y privada deben priorizar la generación de beneficios directos para la ciudadanía y no restringirse a esquemas de rentabilidad particular. Bajo este criterio, sostuvo que las administraciones morenistas tienen la responsabilidad de garantizar que la llegada de capitales responda a criterios de equidad, bienestar social y justicia redistributiva en favor de los sectores más vulnerables.

Con este llamado, la cúpula estatal de Morena reafirmó que el respaldo popular que ostenta la administración federal debe traducirse en un modelo de desarrollo regional donde la iniciativa privada sume esfuerzos en apego a las directrices de la administración pública, asegurando que el crecimiento económico marche a la par del bienestar social de las familias poblanas.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a cabo su Séptima Sesión Extraordinaria, en la cual avaló un paquete de 36 anteproyectos de resolución de Procedimientos Ordinarios Sancionadores. Durante la sesión, los consejeros evaluaron diversas irregularidades normativas que van desde la afiliación corporativa o partidista sin el consentimiento expreso de la ciudadanía, hasta la presunta presentación de información falsa ante la autoridad electoral nacional. Estas propuestas normativas serán remetidas próximamente al Consejo General para su discusión definitiva y eventual sanción económica o administrativa.

Dentro del análisis central, se revisaron 26 expedientes que involucran a 253 personas que interpusieron denuncias al percatarse de que figuraban en padrones de cinco distintas fuerzas políticas sin haber otorgado su autorización. Tras la revisión jurídica, la autoridad electoral acreditó la irregularidad en 248 casos, mientras que cuatro fueron catalogados sin infracción y uno más quedó sobreseído por desistimiento. Las multas estipuladas para estas faltas oscilan entre 963 y 1,284 Unidades de Medida y Actualización (UMA), representando montos que van desde los 70 mil hasta más de 150 mil pesos, dependiendo del año en que se cometió la afiliación ilegal.

Asimismo, la instancia evaluadora examinó la conducta de 12 aspirantes a puestos de supervisión y capacitación electoral, detectando que 10 de ellos incurrieron en la entrega de datos falsos al organismo. Como consecuencia de esta falta, se propuso la imposición de amonestaciones públicas para dichos perfiles, descartando otros dos casos por el desechamiento formal de los mismos. Paralelamente, dos agrupaciones políticas nacionales enfrentarán sanciones por reportar de manera extemporánea los cambios en sus órganos directivos internos, lo que derivará en multas y apercibimientos públicos.

El informe presentado ante la Comisión también contempla la sanción a una persona física que omitió responder a los requerimientos de información solicitados durante la sustanciación de un Procedimiento Especial Sancionador. Del mismo modo, se detectaron omisiones reiteradas por parte de diversos partidos políticos nacionales respecto a la entrega de informes financieros obligatorios por la normativa vigente, lo que activó los mecanismos para fincar las multas correspondientes. En un caso específico, la inactividad procesal prolongada propició que la autoridad decretara la caducidad del procedimiento.

Con estas acciones, el órgano electoral busca inhibir prácticas que vulneran los derechos político-electorales de la ciudadanía y garantizar la transparencia en los procesos de fiscalización y conformación partidista. Los dictámenes aprobados refuerzan el principio de legalidad que debe regir en la vida democrática del país, obligando a los institutos políticos y actores involucrados a conducirse con estricto apego a la ley bajo la supervisión permanente de las instituciones federales.

— MLC

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, hizo un llamado formal a los partidos políticos para que seleccionen aspirantes con trayectorias intachables y compromisos éticos claros de cara al proceso electoral de 2027. La declaración se dio al término de una reunión de trabajo de tres horas con los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.

La funcionaria pública enfatizó la importancia de que todas las fuerzas políticas garanticen filtros rigurosos durante sus contienda internas. Rodríguez solicitó expresamente que las planillas para los cargos de elección popular estén integradas por hombres y mujeres que ande «por el buen camino» y cuyos antecedentes profesionales no pongan en duda la integridad de las instituciones democráticas.

Durante el encuentro a puerta cerrada, los legisladores de los grupos parlamentarios de oposición manifestaron sus preocupaciones en torno a las condiciones de seguridad en las regiones con presencia de la delincuencia organizada. Asimismo, presentaron reclamos por presuntas intervenciones de funcionarios del Gobierno federal en actos oficiales del Instituto Nacional Electoral (INE).

Ante tales planteamientos, la secretaria de Gobernación aseguró que el Estado mexicano otorgará todas las garantías necesarias para asegurar comicios pacíficos, transparentes y participativos. Precisó que existirá un respeto irrestricto hacia la legislación electoral y que las fuerzas federales colaborarán para resguardar el desarrollo del voto ciudadano en todo el territorio nacional.

Con este llamado, la Secretaría de Gobernación busca establecer canales de interlocución con el Poder Legislativo para blindar las futuras contiendas de intromisiones delictivas. La funcionaria reiteró que el compromiso de la administración federal es mantener un marco de equidad que valide la decisión ciudadana expresada en las urnas.