La comunidad de padres de familia en el estado de Puebla ha manifestado su respaldo total a la iniciativa que busca limitar el uso de teléfonos celulares en los planteles educativos de nivel básico. La medida, orientada a salvaguardar la salud mental de la niñez y potenciar su rendimiento académico, cuenta con el consenso de docentes y tutores en las diversas regiones del territorio poblano, consolidando un frente común en favor de la concentración escolar.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el estado, Manuel Viveros Narcizo, informó que esta disposición se alinea con los acuerdos nacionales establecidos el pasado 18 de septiembre tras una reunión de trabajo con el secretario federal, Mario Delgado. La estrategia federal contempla que los dispositivos móviles permanezcan guardados durante toda la jornada escolar en instituciones públicas y privadas de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, entrando en vigor formalmente el próximo 3 de noviembre de 2026.

No obstante la restricción general, las autoridades educativas puntualizaron que existirá flexibilidad mediante excepciones normativas debidamente justificadas. Entre los supuestos permitidos para el uso de teléfonos se encuentran situaciones de emergencia personal, necesidades especiales por discapacidad, accesibilidad e inclusión, motivos de salud o acuerdos extraordinarios previamente coordinados con las directivas escolares y los docentes frente a grupo.

La urgencia de esta medida cobra relevancia ante el crecimiento exponencial de usuarios menores de edad en la entidad. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de los Hogares (ENDUTIH 2025), la cifra de personas con acceso a telefonía celular en Puebla ascendió a más de 5.1 millones, destacando que el sector de menores de 17 años concentra ya a 858 mil 978 usuarios, lo que representa el 16.8 por ciento del total estatal.

Con la aplicación de estos lineamientos en las aulas poblanas, se busca mitigar las distracciones digitales y fomentar una convivencia más directa entre el alumnado durante sus horas de clase. Las autoridades educativas confían en que la medida sea adoptada sin contratiempos por las comunidades escolares, beneficiando directamente el desarrollo cognitivo y la integración social de los estudiantes.

— MLC

A raíz de las movilizaciones estudiantiles tras el feminicidio de María Fernanda, el gobierno municipal de San Andrés Cholula anunció una reestructuración y reforzamiento en sus políticas de prevención de la violencia contra las mujeres. La alcaldesa Guadalupe Cuautle Torres confirmó que se atenderá de forma prioritaria el pliego petitorio entregado por la comunidad universitaria.

Durante el despliegue de las protestas a las afueras del campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), estudiantes y colectivos entregaron una carta dirigida a las autoridades municipales y al Ministerio Público para exigir el esclarecimiento del crimen. En respuesta, la administración municipal desplegó elementos de seguridad para resguardar la libre manifestación de las y los jóvenes.

Entre las medidas inmediatas presentadas por la alcaldesa destaca el impulso al esquema «Embajadores por la Seguridad», mediante el cual representantes de diversas instituciones de educación superior colaboran con las áreas de prevención del delito. El plan busca estrechar la comunicación entre los universitarios y la Secretaría de Seguridad Pública municipal para detectar oportunamente factores de riesgo en el entorno escolar.

San Andrés Cholula cuenta con una Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, lo que obliga al municipio a destinar recursos e infraestructura específica. En ese sentido, la alcaldesa subrayó las operaciones transversales desarrolladas desde la Casa Violeta, así como programas permanentes de capacitación sobre masculinidades y acompañamiento jurídico e interdisciplinario para víctimas.

Mientras la Fiscalía General del Estado de Puebla prosigue con las indagatorias correspondientes para juzgar al responsable del feminicidio, el gobierno municipal reiteró su compromiso de cooperar con las autoridades judiciales y mantener un monitoreo permanente en los corredores universitarios de la demarcación.

El gobernador del estado de Puebla, Alejandro Armenta, confirmó que varios integrantes de su administración solicitaron licencia o presentaron formalmente su renuncia para inscribirse en el proceso interno de Morena, buscando una candidatura a diputación federal para los comicios de 2027. La desbandada ocurrió justo tras el cierre de la convocatoria del partido.

El mandatario estatal explicó que, al concluir el periodo de registro dispuesto por la dirigencia nacional del partido el pasado 4 de octubre, se generaron diversos movimientos dentro del gabinete. Aunque Armenta reconoció que se trata de varios funcionarios de primer nivel que decidieron separarse del cargo, precisó que se están revisando las actas administrativas para dar a conocer la lista completa y oficial de quienes dejaron la función pública.

Las renuncias obedecen al reglamento establecido en la convocatoria de Morena para la selección de las Coordinaciones Distritales Federales, el cual estipula como requisito obligatorio que cualquier servidor público de los tres órdenes de gobierno o integrante del Poder Judicial renuncie o pida licencia de forma inmediata al momento de concretar su registro.

Finalmente, el Ejecutivo estatal enfatizó que su gobierno mantendrá una postura de total transparencia y respetará el derecho de los funcionarios a participar en los procesos electorales. Se espera que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena evalúe los perfiles inscritos y publique los nombres de las candidaturas aprobadas a más tardar el 31 de diciembre.