La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla acusó la existencia de un rezago sustancial y falta de acompañamiento institucional por parte de las autoridades locales en la atención a las carpetas de investigación por personas desaparecidas en la entidad. El partido opositor señaló que las familias de las víctimas enfrentan trabas burocráticas y omisiones constantes al acudir ante las instancias encargadas de la procuración de justicia.

Durante un pronunciamiento público, los representantes del blanquiazul puntualizaron que el estado continúa registrando cifras alarmantes en materia de desapariciones, sin que se observen avances sustanciales en los protocolos de búsqueda inmediata ni en la asignación de recursos suficientes para las comisiones especializadas. Sostuvieron que la respuesta gubernamental ha sido insuficiente frente a la magnitud del problema.

El partido instó a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión de Búsqueda a transparentar los avances en los registros de casos, así como a garantizar la participación activa de los colectivos de familiares en el diseño de las brigadas en campo. Hicieron un llamado para priorizar la coordinación tecnológica y humana entre el estado y las demarcaciones municipales.

Finalmente, la dirigencia panista adelantó que presentará iniciativas desde el Congreso del Estado para normar la obligatoriedad de respuestas expeditas y dotar de mayor presupuesto a los organismos dedicados a la localización e identificación forense, a fin de evitar que las investigaciones permanezcan archivadas.

PUEBLA, Pue. — La viabilidad financiera para la construcción e implementación del tren interurbano que busca conectar la capital del estado con San Pedro Cholula y Atlixco continúa bajo estricto escrutinio por parte de la administración estatal. El proyecto no cuenta aún con un dictamen definitivo ni con luz verde para su ejecución debido a que las cotizaciones planteadas hasta el momento representan montos de inversión considerablemente altos que comprometerían los presupuestos públicos si no se gestionan adecuadamente.

Durante una comparecencia pública, el coordinador de Gabinete del Ejecutivo Estatal, José Luis García Parra, detalló que los esquemas técnicos presentados ante las dependencias correspondientes superan los presupuestos previstos. Específicamente, el primer escenario estimado contempla un desembolso cercano a los 42 mil millones de pesos, mientras que una segunda alternativa técnica fija el costo por encima de los 30 mil millones de pesos. Ambos panoramas han obligado a las autoridades a pausar la toma de decisiones definitivas hasta contar con proyecciones económicamente sostenibles.

Ante este escenario de alta exigencia presupuestal, el Gobierno del Estado tomó la resolución de esperar la presentación de un tercer proyecto técnico y financiero. Esta nueva propuesta busca ofrecer un equilibrio entre el costo de la infraestructura de transporte y la capacidad operativa real del estado. De esta forma, las autoridades contarán con un punto de comparación claro para determinar la factibilidad real de la obra y evaluar si se deben modificar las especificaciones originales o el trazado de la ruta.

Asimismo, García Parra señaló que dentro de las opciones contempladas se evalúa la implementación de un esquema de participación mixta, en el cual intervengan aportaciones del sector privado. La incorporación de inversión empresarial permitiría aligerar la carga sobre el erario estatal y facilitaría la concreción de una obra de movilidad clave para la zona metropolitana y la región del Valle de Atlixco, sin poner en riesgo las finanzas públicas de la entidad.

Por el momento, el proyecto ferroviario interurbano permanece formalmente en fase de estudio y análisis técnico. Las autoridades locales reiteraron que no se asumirá ningún compromiso financiero ni se dará inicio a licitaciones directas hasta que se reciban los resultados de la tercera propuesta de evaluación y se garantice una estructura de financiamiento sólida y conveniente para los ciudadanos de la entidad.

CIUDAD DE MÉXICO. — El Instituto Nacional Electoral (INE) informó la conclusión satisfactoria de la aplicación del examen de conocimientos del Concurso Público 2026, proceso mediante el cual se busca seleccionar al personal que se incorporará al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) en el sistema de los Organismos Públicos Locales (OPL). La jornada evaluativa se llevó a cabo el pasado sábado 19 de septiembre de manera simultánea en las 32 entidades federativas de la República Mexicana.

Durante esta fase operativa participaron un total de 7 mil 8 personas aspirantes, quienes compiten por una de las 176 plazas vacantes distribuidas en 28 entidades del país. Para garantizar un proceso equitativo, el organismo electoral implementó diversos ajustes razonables y brindó acompañamiento especializado a personas con discapacidad que requirieron asistencia durante la aplicación de la prueba.

La realización del instrumento de evaluación estuvo a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (CENEVAL), institución que desplegó un contingente de 517 profesionales, entre aplicadores y personal directivo responsable. Por su parte, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), junto con las Juntas Locales Ejecutivas del INE y los respectivos OPL, coordinó los esquemas de logística, recepción de aspirantes e infraestructura operativa.

El INE expresó su reconocimiento a las distintas instituciones educativas que facilitaron sus instalaciones como sedes del examen, destacando la colaboración de su personal directivo, administrativo y docente. La autoridad electoral subrayó que el Concurso Público se mantiene como el mecanismo primordial de ingreso al SPEN, operando bajo los principios de mérito, igualdad de oportunidades, certeza, legalidad, imparcialidad y transparencia.

Con la finalización de esta etapa, la autoridad electoral continúa con las fases subsecuentes del certamen. El objetivo institucional consiste en garantizar que quienes ingresen a los órganos locales cuenten con el perfil profesional y las competencias técnicas requeridas para el fortalecimiento de la función electoral en beneficio de la ciudadanía.