CHIGNAHUAPAN, PUE. — Como parte de las acciones para fortalecer el estado de fuerza en las distintas regiones de la entidad, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla realizará una jornada de reclutamiento en el municipio de Chignahuapan este lunes 21 de septiembre.

Las autoridades instalaron un módulo de atención para que las personas interesadas en formar parte de la Policía Estatal Preventiva se acerquen a solicitar información detallada sobre la convocatoria, conocer los requisitos administrativos y operativos, así como iniciar de manera directa el proceso de evaluación e incorporación.

De acuerdo con la SSP, esta estrategia busca descentralizar los trámites institucionales y llevar las oportunidades de empleo formal a los municipios del interior del estado, incentivando la participación de mujeres y hombres con vocación de servicio a la ciudadanía.

Personal capacitado de la dependencia estará a cargo de brindar la orientación correspondiente, revisar la documentación preliminar de los aspirantes y canalizar a las personas interesadas a las siguientes etapas del proceso de selección y adiestramiento de las fuerzas estatales.

Una investigación periodística señala que la instalación clandestina generaba ganancias estimadas en 4.5 millones de pesos.

PUEBLA, Pue. — Un reciente reporte periodístico elaborado por el columnista Claudio Ochoa y publicado en el diario El Universal ha puesto al descubierto presuntos nexos entre figuras políticas y sindicales con la operación de una granja de criptomonedas ubicada en el municipio de Tlaola, en la Sierra Norte de Puebla.

De acuerdo con la información difundida, entre los señalados se encuentran Miguel Márquez, actual diputado local por el partido Morena, y Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). La investigación documenta que la nave industrial utilizada para el minado de activos digitales reportaba ganancias estimadas en aproximadamente 4.5 millones de pesos.

Las investigaciones señalan la existencia de carpetas de investigación abiertas contra los implicados debido al uso no autorizado de la red de suministro eléctrico de la región. Aunque la actividad informática de minar activos digitales es completamente legal en el país, el delito radica en el montaje de tomas clandestinas para extraer volúmenes masivos de corriente eléctrica sin pagar por el consumo, incurriendo en la figura de despojo eléctrico para mantener operando los servidores de manera ininterrumpida.

Este hallazgo en Tlaola se suma a un antecedente similar registrado el año pasado en el municipio vecino de Juan Galindo. La situación reaviva la tensión por el robo de energía en la Sierra Norte, donde la CFE calcula un rezago cercano a las 30 mil cuentas sin cobrar, derivado de la resistencia civil que persiste desde la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009.

El flujo costante de recursos millonarios proveniente de este centro no regulado ha despertado serios cuestionamientos sobre el posible destino de las ganancias para el financiamiento de campañas políticas locales, así como el nivel de conocimiento o supervisión que mantenían las autoridades ante las operaciones clandestinas desarrolladas por grupos ligados al sector electricista.

SSP desliga a Miguel Márquez, diputado del PVEM, de minas de criptomonedas

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal desligó a Miguel Márquez Ríos, diputado local del PVEM y dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), de la mina ilegal de criptomonedas localizada en el municipio de Juan Galindo en enero de 2025. Pese a que dicho centro de cómputo operaba en un inmueble del SME, el titular de la dependencia, Francisco Sánchez González, argumentó que las investigaciones tratan el inmueble como una propiedad particular, criterio que también aplican al predio recién asegurado en Tlaola.

Sánchez González aseguró que los peritajes por la granja de criptomonedas hallada a principios de 2025 no arrojan elementos que relacionen al legislador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con la red ilícita. Aunque reconoció que en la zona prevalece el delito de robo de energía eléctrica, el funcionario subrayó que hasta el momento la autoridad no ha identificado a las personas que operaban dicho espacio.

Un juez de control vinculó a proceso a Yanet “N”, una ciudadana estadounidense imputada por su probable responsabilidad en la introducción ilícita a territorio nacional de más de cinco mil cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La resolución judicial fue emitida tras las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Sonora.

La detención de la señalada se llevó a cabo en las instalaciones del recinto fiscal de la aduana en San Luis Río Colorado, Sonora, cuando pretendía ingresar a México procedente del estado de Arizona, Estados Unidos. El aseguramiento ocurrió durante una inspección de rutina realizada por elementos de la Guardia Nacional y personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quienes detectaron irregularidades en la unidad en la que se transportaba.

Durante la revisión minuciosa al vehículo —una camioneta tipo Jeep Wrangler—, los agentes federales localizaban ocultos bajo los asientos un total de 5 mil 445 cartuchos útiles calibre 7.62 × 39 milímetros, munición utilizada comúnmente para fusiles de asalto. Tras el hallazgo de la carga bélica, las autoridades procedieron al arresto inmediato de la conductora y al aseguramiento tanto del armamento como del automotor para ponerlos a disposición del Ministerio Público de la Federación.

En la audiencia inicial, el juez federal calificó como legal la detención y determinó dictar el auto de vinculación a proceso en contra de Yanet “N” por el delito de introducción clandestina de cartuchos de uso exclusivo militar. Asimismo, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ordenando que la imputada permanezca privada de la libertad en un centro penitenciario mientras se desahoga el procedimiento penal.

Finalmente, el impartidor de justicia fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante este periodo, la FGR mantendrá abiertas las indagatorias correspondientes con el propósito de recabar mayor evidencia sobre el origen de las municiones, la ruta empleada en el traslado fronterizo y su eventual destino dentro de las estructuras de la delincuencia organizada que operan en la región norte del país.