Durante la conferencia matutina encabezada desde Palacio Nacional, el Gobierno Federal presentó este miércoles un informe detallado sobre los avances y resultados obtenidos tras un año de la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. La estrategia interinstitucional ha logrado coordinar los esfuerzos de más de cincuenta dependencias federales para atender de manera integral las demandas de seguridad y desarrollo en las distintas regiones de la entidad.

La Secretaría de Gobernación informó que, como parte de las acciones prioritarias, se llevaron a cabo 115 Ferias de Bienestar que recorrieron la totalidad de los municipios michoacanos, otorgando más de un millón 120 mil trámites y servicios directos a la ciudadanía. Entre los apoyos más solicitados destacaron la expedición de documentos oficiales, asesorías jurídicas y la afiliación a programas sociales destinados a mejorar las condiciones de vida de las familias en situación de vulnerabilidad.

Como parte de los ejes orientados a la pacificación y la reconstrucción del tejido social, las autoridades federales resaltaron el éxito del programa de desarme voluntario, mediante el cual los habitantes intercambiaron de forma anónima un total de 673 armas de fuego por estímulos económicos. Asimismo, se implementaron tianguis del bienestar en 258 localidades, logrando la entrega gratuita de más de dos millones de bienes de primera necesidad a sectores marginados.

Los funcionarios federales señalaron que estas acciones continuarán aplicándose de manera permanente para atender las causas estructurales que generan la violencia en la región, consolidando la presencia institucional del Estado mexicano. Con ello se busca garantizar un entorno de tranquilidad y justicia social que permita el desarrollo económico y sostenible de las comunidades michoacanas a largo plazo.

MLC

Con el propósito de optimizar la atención médica, abatir rezagos históricos y mejorar la infraestructura hospitalaria en todo el país, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer la implementación de un programa emergente estructurado en 12 acciones concretas a ejecutar en un plazo de 120 días dentro del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal destacó que este modelo de intervención integral ya se encuentra en marcha con resultados favorables en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y próximamente se extenderá al esquema IMSS-Bienestar. Por su parte, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, detalló que el plan contempla la conclusión y arranque de obras hospitalarias prioritarias en diversas entidades, la construcción de 100 nuevos consultorios y la contratación de más de 2,400 profesionales de la salud, entre médicos especialistas, generales y personal de enfermería.

Asimismo, la estrategia federal contempla la basificación y mejora laboral de miles de trabajadores, el mantenimiento correctivo y preventivo de quirófanos, la adquisición de equipos de alta tecnología —como tomógrafos, resonadores magnéticos y mastógrafos—, así como garantizar un abasto de medicamentos superior al 95 por ciento en todas las unidades médicas del país. Adicionalmente, se intervendrán 64 salas de urgencias y se implementarán herramientas digitales para agilizar el otorgamiento de citas y el seguimiento de recetas electrónicas.

En paralelo, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó sobre los avances del programa homólogo en dicha institución, resaltando el incremento salarial del 8 por ciento para trabajadores y jubilados, la apertura de miles de nuevas plazas para especialistas, la puesta en marcha de equipos médicos avanzados y la implementación de turnos vespertinos y de fines de semana para abatir el rezago quirúrgico acumulado.

Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) prevén un incremento del 29% en sus presupuestos destinados a proyectos de transición y eficiencia energética de cara al ejercicio fiscal 2027, fortaleciendo el compromiso del Estado con la sostenibilidad ambiental.

Esta proyección financiera busca impulsar la modernización de la infraestructura operativa de ambas empresas públicas, priorizando la reducción de emisiones contaminantes, el aprovechamiento de fuentes renovables y la descarbonización progresiva de sus procesos productivos.

En el caso de Pemex, los recursos proyectados se canalizarán principalmente hacia la captura de gas metano, la optimización de procesos de refinación y la mitigación del impacto ambiental de sus actividades de exploración y producción energética.

Por su parte, la CFE destinará una fracción significativa de esta inversión a la ampliación de parques fotovoltaicos, la modernización de centrales hidroeléctricas existentes y el fortalecimiento de las redes de transmisión para integrar de forma eficiente las energías limpias.

Con este aumento presupuestal, el Gobierno Federal busca acelerar el cumplimiento de las metas climáticas del país, consolidando la soberanía energética sin descuidar los compromisos de sustentabilidad asumidos a nivel nacional e internacional.