El crecimiento del mercado ilegal de cigarros en México representa una grave amenaza para los pequeños comerciantes. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) alertó que los tenderos corren el riesgo de convertirse en «un eslabón más del comercio ilícito», quedando expuestos a constantes presiones, amenazas y extorsiones para obligarlos a vender producto de contrabando.

De acuerdo con datos de la organización, actualmente uno de cada cuatro cigarros vendidos en el país es de procedencia ilícita. A esta situación se suma una disparidad de precios alarmante: mientras una cajetilla de cigarros pirata se comercializa desde 15 pesos, el producto legal supera los 100 pesos.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC, advirtió sobre la gravedad del contexto actual:

“Cuando la diferencia de precio entre lo legal y lo ilegal se vuelve tan grande, el mercado negro encuentra las condiciones ideales para crecer. Pero el problema ya no es solamente cuánto se deja de recaudar: estamos hablando de un mercado que puede terminar poniendo al pequeño comerciante frente a una disyuntiva perversa, vender mercancía ilegal o enfrentar presiones, amenazas y extorsiones”.

Casos de extorsión y delincuencia en el pequeño comercio

La ANPEC expuso episodios recientes como el registrado en Uruapan, Michoacán, donde comerciantes denunciaron a dos personas que los obligaban a comprar y vender cigarros ilícitos. El pasado 18 de agosto, las autoridades detuvieron a los sospechosos, asegurándoles 14,400 cigarros y una libreta con los nombres y direcciones de las víctimas de extorsión.

Para la asociación, este caso demuestra cómo las pandillas de contrabandistas buscan integrar a los tenderos en su cadena de distribución mediante coacciones. Ante esto, Rivera enfatizó:

“El cigarro pirata no es un negocio: es una trampa. El comerciante que acepta mercancía de procedencia dudosa puede pensar que está encontrando una oportunidad para ganar más, cuando en realidad está abriendo la puerta a un problema que puede costarle su patrimonio, su negocio e incluso su seguridad”.

Sanciones penales e incautaciones masivas

Por estas razones, la ANPEC hizo un llamado urgente al gremio comercial para rechazar mercancía de dudosa procedencia. Recordó que este año las autoridades endurecieron las penalizaciones contra el comercio ilícito. Vender cigarros ilegales puede derivar en:

• Multas económicas severas.
• Clausura definitiva del establecimiento.
• Hasta nueve años de cárcel.

Asimismo, la organización destacó la dimensión del contrabando a nivel nacional recordando dos aseguramientos clave realizados por autoridades federales:

• AICM (Enero): Decomiso de casi 20 toneladas de tabaco ilegal procedentes de Narita, Japón, equivalentes a 954,380 cajetillas con un valor comercial de 70.7 millones de pesos.
• Lázaro Cárdenas, Michoacán (Agosto): Aseguramiento en dos operaciones distintas de 62.5 millones de cigarros apócrifos provenientes de Vietnam.

La ANPEC remarcó que este sector delictivo opera fuera de toda normativa sanitaria, fiscal y comercial, representando un peligro directo para la salud pública, una competencia desleal para el comercio formal y una vía de financiamiento para el crimen organizado.

Nuevo León lidera venta ilícita y lanza campaña de prevención

La ANPEC informó sobre el lanzamiento de una campaña de prevención y combate al contrabando en Nuevo León, en coordinación con la Secretaría de Economía y la Subsecretaría de Administración Tributaria del estado, entidad identificada como una de las de mayor incidencia en la comercialización ilegal.

En esta región se han registrado decomisos considerables:

• En mayo, el gobierno estatal destruyó más de 20 millones de cigarros ilegales.
• Entre junio y julio, la Subsecretaría de Administración Tributaria de Nuevo León aseguró 232,000 cigarros en un lapso de cinco semanas, incluyendo un operativo semanal en el que se decomisaron 123,000 unidades en bodegas del área metropolitana de Monterrey.

Estrategia preventiva y postura fiscal

La campaña estatal se desplegará en Monterrey y municipios periféricos mediante la distribución de carteles y volantes informativos. Las metas principales son:

1. Ayudar a los comerciantes a identificar cajetillas de origen ilegal.
2. Informar sobre las consecuencias penales, fiscales y de seguridad.
3. Prevenir amenazas, coacciones o extorsiones por parte de grupos criminales.

La ANPEC exhortó a los propietarios de pequeñas tiendas a crear frentes de defensa locales organizándose con sus vecinos y a denunciar cualquier intimidación al número 089.

Finalmente, la organización indicó que el constante incremento en los impuestos al tabaco (específicos por cigarro, por cajetilla y el IVA) ha acrecentado la brecha económica entre lo legal y lo ilegal. Concluyó manifestando que para desincentivar el consumo, la ruta adecuada debe orientarse hacia la educación, la información y políticas públicas integrales, y no hacia el encarecimiento que alimenta el mercado negro.

El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW) emitió un llamado urgente a las autoridades del gobierno federal, al ejecutivo estatal de Puebla y al sector empresarial para actuar con solidaridad y responsabilidad social ante el proceso de ajuste laboral que enfrenta la planta. La representación sindical enfatizó que la estabilidad de las familias de los operarios afectados debe ser una prioridad compartida entre el sector público y el privado.

En su pronunciamiento, el SITIAVW instó a las autoridades gubernamentales a intervenir como mediadores e instrumentar esquemas de apoyo económico y reubicación laboral para mitigar el impacto social. Asimismo, exhortó a las cámaras empresariales a colaborar en la absorción de mano de obra calificada y recomendó formalmente a los trabajadores involucrados no firmar convenios de baja o rescisión sin previa asesoría del cuerpo jurídico sindical.

El sindicato señaló que la situación requiere una respuesta coordinada que impida la precarización del empleo en el estado, por lo que mantendrá mesas de diálogo abiertas con la cúpula directiva de la armadora. Finalmente, la dirigencia sindical anunció que en las próximas horas fijará una postura oficial detallada y dará a conocer las acciones legales y operativas que emprenderá para salvaguardar los derechos laborales.

La Comisión Nacional de Energía (CNE), en conjunto con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dio a conocer los precios promedio de venta de los combustibles en el estado de Puebla para este domingo 30 de agosto. El reporte oficial busca mantener informados a los automovilistas sobre los costos de los insumos energéticos en la entidad.

De acuerdo con el desglose presentado por las autoridades energéticas, el costo promedio por litro para la gasolina Magna se ubica en 23.71 pesos. Este combustible, de uso predominante en el parque vehicular particular, se mantiene dentro de los márgenes previstos para la región central del país.

Por su parte, la gasolina de alto octanaje tipo Premium registra una cotización de 28.05 pesos por litro en las estaciones de servicio distribuidas en la entidad. En tanto, el diésel, utilizado principalmente por el transporte de carga y pasajeros, se expende en un promedio de 26.99 pesos por litro.

La determinación de estas tarifas finales responde a la conjugación de factores internacionales como el precio de referencia del petróleo, la variación en el tipo de cambio del dólar y los costos logísticos de distribución. A ello se suman los márgenes de comercialización establecidos por cada estación de servicio y la aplicación de los impuestos vigentes.

Las autoridades recordaron que tras la disolución de la Comisión Reguladora de Energía en 2025, la CNE funge como el organismo encargado de supervisar las actividades del sector energético en coordinación con la Secretaría de Energía. Asimismo, reiteraron que el acuerdo gubernamental impulsado con la iniciativa privada busca mantener la gasolina de menor octanaje por debajo de los 24 pesos por litro.