La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Jesús Daniel «N» y Jesús Alberto «N», identificados por las autoridades como presuntos integrantes del Cartel de Sinaloa, específicamente de la facción conocida como «Los Chapitos». Ambos sujetos permanecían bajo custodia tras haber sido capturados al concluir un despliegue operativo en territorio poblano.

Los hechos se derivan del enfrentamiento armado registrado la tarde del pasado miércoles 26 de agosto en la junta auxiliar de San Antonio Cacalotepec, perteneciente al municipio de San Andrés Cholula. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a nivel federal, en coordinación con corporaciones locales, ubicaron a los imputados quienes se habrían trasladado a la entidad con el fin de ocultarse tras huir de Sinaloa.

Durante el operativo táctico se registraron al menos 25 detonaciones de arma de fuego, lo que generó momentos de tensión entre los habitantes de la zona. Como resultado del intercambio de disparos, un presunto agresor perdió la vida en el lugar al interior de un vehículo Chevrolet Chevy de color gris, mientras que los dos detenidos resultaron lesionados antes de ser asegurados por las fuerzas de seguridad.

A la par de su judicialización por los hechos ocurridos en Cholula, las investigaciones vinculan a Jesús Daniel «N» y Jesús Alberto «N» con el homicidio del influencer César «N», acontecido el pasado 4 de agosto en Culiacán. Por esta razón, su aprehensión formaba parte de los objetivos prioritarios de los órganos de inteligencia de la federación.

Finalmente, en el marco de la audiencia inicial celebrada el sábado 29 de agosto, el juez local a cargo del caso decretó la declinación de competencia de la causa hacia el fuero federal. Con esta resolución, serán los tribunales de la federación quienes continúen con el proceso legal en contra de ambos presuntos criminales.

Un domicilio ubicado en la colonia El Salvador, al oriente de Puebla capital, fue asegurado por la Fiscalía General del Estado (FGE) tras el hallazgo de 60 plantas con características de la marihuana cultivadas en macetas.

El operativo se derivó de denuncias ciudadanas anónimas y labores de inteligencia policial que señalaban el inmueble por probables delitos contra la salud. Con los datos de prueba recabados, agentes ministeriales solicitaron y obtuvieron de un juez una orden de cateo.

Operativo coordinado

La diligencia estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI), con el apoyo estratégico de:

• Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)
• Guardia Nacional
• Policía Estatal Preventiva

Durante la inspección al interior del predio, las autoridades ubicaron las 60 plantas distribuidas en recipientes de distintos tamaños, las cuales fueron aseguradas junto con el inmueble mediante sellos oficiales.

Hasta el momento, la institución no reportó personas detenidas durante el despliegue. Los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación y fincar responsabilidades, mientras la FGE indicó que continuarán las acciones coordinadas contra la producción y venta de sustancias ilícitas en la entidad.

La Fiscalía General del Estado de Puebla puso en marcha una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio tras el lamentable asesinato de una mujer identificada como Yolanda, ocurrido en el municipio de Teotlalco.

De acuerdo con los primeros reportes recabados en la zona, los familiares de la víctima señalaron directamente a la expareja sentimental de la mujer como el presunto responsable de este violento crimen que ha consternado a la comunidad mixteca.

Los allegados a la víctima indicaron ante las autoridades ministeriales que existían antecedentes de violencia y hostigamiento, situación que presuntamente se agravó tras la separación de la pareja en semanas recientes.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación y peritos en criminalística acudieron al lugar de los hechos para realizar el levantamiento del cuerpo, recabar indicios balísticos o huellas dactilares y asegurar la escena para esclarecer el móvil.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos y colectivos feministas de la región exigieron a las instancias de procuración de justicia que agilicen las diligencias para lograr la captura del sospechoso y garantizar que el caso no quede impune.