Integrantes de organizaciones civiles y ciudadanos inconformes manifestaron su profunda inconformidad tras darse a conocer el presunto «carpetazo» a una denuncia interpuesta en contra del exsecretario de Seguridad Pública del municipio de Atlixco. Los denunciantes señalaron que la investigación fue cerrada de manera prematura sin agotar las pruebas necesarias sobre presuntos abusos de autoridad.

La denuncia original incluía diversos señalamientos relacionados con presuntas irregularidades operativas y actos de hostigamiento laboral durante la gestión del exfuncionario al frente de la corporación policial. Sin embargo, las instancias encargadas de procurar justicia determinaron el archivo temporal del expediente argumentando falta de elementos probatorios suficientes.

Los afectados calificaron la resolución como un acto de impunidad que protege a exfuncionarios públicos de alto rango, impidiendo que se esclarezcan los presuntos agravios cometidos contra elementos de tropa y ciudadanos. Por tal motivo, anunciaron que interpondrán los recursos legales necesarios para exigir la reapertura del caso y la revisión exhaustiva de las evidencias presentadas.

Asimismo, exigieron a la Fiscalía General del Estado garantizar imparcialidad en las investigaciones que involucran a servidores y exservidores públicos de la región atlixquense. La demanda central radica en evitar que los casos de abuso de poder queden en la impunidad bajo argumentos burocráticos.

El tema ha generado álgidos debates en la esfera política local, donde diversos actores exigen mayor transparencia en la evaluación del desempeño de los mandos policiales. La exigencia ciudadana de justicia y rendición de cuentas se mantiene firme en este municipio poblano.

Capturan en Atlixco a presuntos integrantes de banda dedicada al narcomenudeo tras operativo policial

Como resultado de las acciones de vigilancia y combate frontal a los delitos contra la salud, elementos de seguridad pública lograron la detención de tres presuntos narcomenudistas en calles del municipio de Atlixco. La captura se concretó luego de trabajos de inteligencia y reportes ciudadanos que alertaban sobre la comercialización ilícita de sustancias prohibidas en la zona.

Durante el operativo de intercepción, los uniformados marcaron el alto a los sospechosos para realizarles una revisión preventiva conforme a los protocolos establecidos. A los implicados se les decomisaron varias bolsas de plástico que contenían hierba verde con características propias de la marihuana, así como diversas dosis de droga sintética lista para su venta individual.

Los detenidos, cuyas identidades se reservaron conforme al marco legal, fueron trasladados de inmediato bajo estrictas medidas de seguridad ante las instancias ministeriales correspondientes. Asimismo, los indicios asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente para integrar la carpeta de investigación pertinente.

Las primeras indagatorias apuntan a que los sujetos formaban parte de una red de distribución local de narcóticos que operaba en diferentes colonias del municipio atlixquense. Las corporaciones de seguridad mantienen abiertas las líneas de investigación para determinar si existen más personas involucradas en esta red delictiva.

Con este tipo de acciones, las autoridades locales refrendan su compromiso de inhibir la delincuencia y recuperar la tranquilidad de las familias que habitan en la región. Se hizo un llamado a la ciudadanía para continuar utilizando las líneas de denuncia anónima ante cualquier actividad sospechosa relacionada con el narcomenudeo.

• Organismos protectores de los derechos humanos emitieron un total de cinco recomendaciones dirigidas de manera directa a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, tras documentar graves irregularidades en los protocolos de actuación ministerial.

Las indagatorias defensoriales revelaron que diversas víctimas de delitos presentaron denuncias formales en las que documentaron haber sufrido agresiones extremas que incluyeron prácticas de asfixia y quemaduras durante su estancia bajo custodia.

Los expedientes señalan que estas violaciones graves a los derechos fundamentales involucran directamente a elementos ministeriales y periciales que presuntamente habrían empleado métodos de coacción para la obtención de confesiones.

Ante la gravedad de los señalamientos, las instancias protectoras exigieron a la procuraduría estatal una revisión exhaustiva de sus protocolos internos y el inicio de procedimientos administrativos y penales contra los servidores públicos implicados.

Asimismo, se solicitó la implementación de medidas integrales de reparación del daño, atención médica especializada y apoyo psicológico para las víctimas que padecieron estas agresiones durante las diligencias oficiales.

Por su parte, las autoridades de la fiscalía manifestaron su disposición institucional para acatar las recomendaciones emitidas, reiterando una política de cero tolerancia hacia cualquier abuso de autoridad en el territorio poblano.