La escena política en Puebla se ha visto envuelta en un creciente clima de confrontación debido a la colocación masiva de propaganda electoral anticipada. Diversos partidos políticos, incluyendo al PAN, Morena y Movimiento Ciudadano, han sido señalados por utilizar bardas, lonas y revistas para promocionar a sus figuras y proyectos, lo cual ha generado un ambiente de tensión legal ante la proximidad de futuros procesos.

La estrategia de pintar bardas con lemas de partidos se ha vuelto una constante en diversas zonas de la capital y el interior del estado. Esta práctica ha derivado en múltiples denuncias cruzadas entre los institutos políticos, que se acusan mutuamente de actos anticipados de campaña, lo cual contraviene las normas que regulan la equidad en la contienda electoral y el uso del espacio público.

El debate se ha centrado en la falta de sanciones claras y efectivas contra los responsables de estas prácticas. Mientras los partidos justifican sus acciones bajo el argumento de la libertad de expresión o la promoción de sus plataformas ideológicas, la ciudadanía ha comenzado a cuestionar la legalidad de estos actos y la falta de respeto a los tiempos electorales establecidos por las autoridades competentes.

Este escenario pone de relieve una vez más la necesidad de una fiscalización más estricta por parte del órgano electoral. La saturación de propaganda en la infraestructura urbana no solo altera la imagen de la ciudad, sino que también genera un desgaste innecesario en el tejido social, al convertir los espacios comunes en campos de batalla por la visibilidad política prematura.

En una ceremonia que reconoció el talento, la innovación y la labor social, nueve destacados jóvenes poblanos recibieron el Premio Estatal de la Juventud “Vicente Suárez” 2026. El certamen evaluó este año un total de 343 propuestas enfocadas en diversas áreas del desarrollo humano, científico, cultural y comunitario dentro de la entidad.

Entre los galardonados de esta edición figuran Adaly García en logro académico, Julia Annel Rojas en visibilización de pueblos originarios, Fortino Romero en innovación tecnológica y Augusto González en inclusión de personas con discapacidad. Cada uno de los ganadores recibió un estímulo económico de 50 mil pesos para impulsar la continuidad e impacto social de sus proyectos.

La convocatoria también distinguió iniciativas sobresalientes en materia de derechos humanos, emprendimiento económico, expresiones artísticas y bienestar animal. Con estos reconocimientos, el estado refrenda su compromiso con las nuevas generaciones, destacando el papel transformador que la juventud desempeña en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

PUEBLA, Pue. — El sistema de salud pública en Puebla enfrenta una de sus pruebas más críticas del año. Tras confirmarse que el Gobierno Federal no logró concretar la adquisición de más de 6 millones 419 mil piezas de medicamentos y material médico proyectados para la entidad en los primeros ocho meses de 2026, las unidades del IMSS y el IMSS-Bienestar han tenido que activar mecanismos de compra externa de emergencia para responder a la escasez.

Esta cifra representa que aproximadamente uno de cada cuatro contratos programados para abastecer a la entidad quedó desierto o sin concretarse. La falta de suministros ha impactado de manera directa a nosocomios emblemáticos como el Hospital de Traumatología y Ortopedia, el Hospital de Especialidades (San José), el Hospital de la Niñez Poblana y la Unidad de Oncología del Hospital General del Sur.

Compras directas por faltante

Ante el desabasto reportado por los usuarios, las autoridades médicas de la coordinación estatal reconocieron la aplicación de esquemas extraordinarios. Omar Romero de Lima, jefe del Departamento de Epidemiología del IMSS-Bienestar en Puebla, explicó que se han habilitado procesos de adquisición directa a nivel hospitalario cuando se detectan faltantes críticos, con especial prioridad en tratamientos especializados como los oncológicos.

«En la coordinación estatal generalmente tratamos de mantener el abasto continuo; cuando hay un reporte del personal médico o de la población, se atiende inmediatamente. A veces el medicamento forma parte de un cuadro complementario que debe adquirirse por otros mecanismos», señaló el funcionario.

Romero de Lima atribuyó los retrasos a factores de la cadena logística nacional, tales como fallas en la producción de los laboratorios proveedores y las complicaciones geográficas para distribuir el material a las zonas rurales del estado. Como medida paliativa para la atención primaria, destacó el despliegue del programa federal Rutas de la Salud, diseñado para abastecer a comunidades de difícil acceso.

«Desde 2024 la responsabilidad es federal»

Por su parte, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Puebla se deslindó de la operatividad del suministro. Jorge David González García, subsecretario de Servicios de Salud estatal, recordó que desde octubre de 2024 la administración local concluyó la transferencia de facultades al modelo centralizado encabezado por Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex).

González García relativizó la problemática al señalar que las fallas de suministro son históricas, aunque aseguró que el nivel de surtimiento en centros de salud ha mostrado avances con respecto a periodos anteriores:

«Esto siempre ha sucedido, no es exclusivo de estas fechas. Si comparas con el año anterior, hoy tenemos una mejor distribución de claves y el abasto se ha ido regularizando, aunque reconozco que no estamos al 100 por ciento», puntualizó.

Impacto en los pacientes: el drama del Tacrolimus

La inconsistencia en la llegada de fármacos no solo genera trabas administrativas, sino que pone en riesgo la vida de pacientes con padecimientos crónicos o de alta especialidad.

Entre las afectaciones más graves documentadas recientemente en la entidad se encuentra la falta intermitente de tacrolimus, un inmunosupresor indispensable para evitar el rechazo de órganos en cerca de 900 pacientes con trasplante renal atendidos en el IMSS en Puebla. A la par, el estado acumula una lista de espera de más de 2,000 personas que requieren un trasplante, con tiempos de espera que llegan a extenderse hasta por 18 años.

Con un esquema de compras consolidadas que aún no logra estabilizar la demanda, tanto pacientes como personal médico continúan a la espera de que la distribución nacional se regularice para evitar que los hospitales sigan recurriendo a compras externas para solventar sus necesidades diarias.